El Consejo Constitucional chileno, en un punto muerto: la derecha y el oficialismo no logran llegar a acuerdos

Los intentos por lograr acuerdos al interior del Consejo Constitucional en Chile, el órgano a cargo de escribir una nueva Carta Magna, han entrado en punto muerto. Desde que se empezaron a votar las enmiendas a los artículos del anteproyecto redactado por la Comisión Experta la semana pasada, las tensiones entre los sectores de derecha e izquierdas han ido en aumento.

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Los intentos por lograr acuerdos al interior del Consejo Constitucional en Chile, el órgano a cargo de escribir una nueva Carta Magna, han entrado en punto muerto. Desde que se empezaron a votar las enmiendas a los artículos del anteproyecto redactado por la Comisión Experta la semana pasada, las tensiones entre los sectores de derecha e izquierdas han ido en aumento.

Los puntos de conflicto fueron indicaciones relativas a que el rodeo y la cueca se transformen en el deporte y el baile nacionales, sumado a la exención de las contribuciones (impuestos) a la primera vivienda; que los bienes nacionales de uso público puedan ser concesionados y se entregue al titular un derecho de propiedad sobre ellos; la inclusión de la objeción de conciencia a las instituciones y la concesión de hidrocarburos, entre otras enmiendas. Fueron presentadas por el Partido Republicano, de extrema derecha, y la derecha tradicional reunida en Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, UDI; Renovación Nacional, RN; y Evópoli).

Los consejeros de izquierda, reunidos en el bloque Unidad por Chile, han expresado su molestia por las enmiendas que la derecha presentó sin consultarles previamente y que consideran que sobrepasan sus límites para lograr un texto donde se pueda ver representada gran parte de la sociedad chilena. En ese contexto, los bloques de la oposición se abrieron a dar más tiempo para encontrar puntos de consenso antes de que las nuevas indicaciones pasen a votarse al pleno del órgano constituyente. Pero hasta ahora, todos los esfuerzos han sido infructuosos.

La semana pasada se crearon cuatro subcomisiones negociadoras para destrabar puntos críticos, pero tras largas tratativas no fue posible. Ante eso, el miércoles los consejeros oficialistas pidieron a sus pares de la derecha una señal. A través de un comunicado, llamaron a retirar todas las enmiendas que los consejeros de lado y lado han presentado al anteproyecto constitucional.

“Nos encontramos con muchas enmiendas regresivas, mal redactadas y con problemas técnicos graves. Éstas son un retroceso para todo nuestro país. Negar la crisis climática, privatizar los bienes nacionales de uso público, normas ambientales a la medida de las empresas, son una derrota para todo el país. Con el contenido que nos estamos encontrando, estamos muy lejos de la promesa de un pacto de unidad”, señalaron los oficialistas en su misiva.

La solicitud no fue bien recibida por los bloques de derecha. El presidente del Partido Republicano, el exdiputado Arturo Squella, dijo a través de X: “Lamentamos profundamente la actitud antidemocrática de la izquierda en el Consejo Constitucional, que busca suprimir completamente la voz de los ciudadanos en el proceso”, mientras que consejeros de Chile Vamos señalaron no estar dispuestos a retirar las enmiendas ya votadas.

Con esas cartas sobre la mesa, las negociaciones entraron nuevamente en punto muerto. La tarde del miércoles se hizo un último intento: se creó un grupo negociador compuesto por 10 miembros, cinco del oficialismo y cinco de Chile Vamos y el Partido Republicano. Las conversaciones duraron cerca de cuatro horas y culminaron pasada las dos de la madrugada del jueves, sin éxito. No hubo posibilidad de encontrar un punto medio entre la solicitud de la izquierda de revisar las enmiendas ya votadas y la posición de la derecha que reiteró que esto debía debatirse en el pleno. Tras la reunión, el clima se enrareció aún más con reproches de lado y lado. Mientras el Partido Republicano y Chile Vamos lanzaron una declaración conjunta, lo que fue interpretado como un reforzamiento de la alianza entre ambos, desde Unidad por Chile acusaron falta de voluntad de su contraparte.

“Ha habido una intransigencia del sector de derecha que tiene la mayoría para imponer sus visiones, las que para alguien progresista resultan inaceptables”, explica a EL PAÍS el comisionado del Partido Socialista, Flavio Quezada.

Fue en este escenario de recriminaciones en el que ayer se reinició la votación en las respectivas comisiones. Se votó una nueva y polémica enmienda que prohíbe al Estado establecer una verdad oficial o sancionar la expresión de ideas contrarias a éste, así como también una norma que señala que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y derecho a elegir la institución, privada o pública, que los administre”, lo que fue criticado por los consejeros oficialistas, porque estaría, dijeron, “constitucionalizando el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile”. Hoy se espera que la temperatura siga aumentando con enmiendas relativas a los considerados puntos críticos y que incluyen temas vinculados a salud, educación, derecho a la vida y tratados internacionales, además del Poder Judicial, acápite donde, según ha adelantado la prensa local, el Partido Republicano planea presentar hacer cirugía mayor a través de sus próximas indicaciones.

Sin nuevas ventanas de negociación y con el tiempo en contra, ahora todo indica que será en el pleno del Consejo Constitucional, cuyo debate se inicia el próximo 12 de septiembre, donde se definirá cómo quedará cada uno de los artículos de la nueva propuesta de Carta Fundamental chilena. Las dos derechas, en todo caso, tienen la ventaja: 33 consejeros frente a 17 del oficialismo. Después de esa etapa, el texto regresa a la Comisión Experta, que escribió el anteproyecto, la que puede hacer observaciones que luego el pleno debe aprobar o rechazar. En caso de esta última opción, se forma una comisión mixta entre comisionados expertos y consejeros constitucionales para consensuar el texto final.

Del resultado final de este proceso dependerá el éxito de este segundo intento chileno por lograr un texto que logre convocar a la mayoría de los habitantes del país sudamericano, luego de la fallida experiencia de la Convención Constitucional, que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, con el 62% de los votos.

Un nuevo rechazo preocupa a los líderes políticos y empresariales del país, que ven en lo extenso del proceso constituyente una fuente de incertidumbre para nuevas inversiones. En este contexto, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, Icare, una entidad privada que reúne a líderes de la empresa para debatir y trabajar en desafíos de país, ha convocado a una reunión el próximo miércoles 13 de septiembre, que contará con la presencia de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. La cita, a la que están invitados también representantes de los diferentes sectores políticos, busca abrir un nuevo espacio de negociación para ayudar a destrabar acuerdos al interior del órgano que escribe una nueva Constitución para Chile.