El Tribunal Constitucional, con sensibilidad de centroizquierda, analiza los indultos que otorgó Boric en Chile

Los indultos que el presidente chileno de izquierda Gabriel Boric otorgó a fines de diciembre de 2022 a 13 condenados –12 de ellos asociados a delitos cometidos durante el estallido social de octubre de 2019–, provocaron una tormenta política que, a tres meses de haber sido dictados, está muy lejos de amainar. La oposición llevó siete de estos casos al Tribunal Constitucional (TC), que estima que se pronunciará este martes sobre si son inconstitucionales o no. ...

Los indultos que el presidente chileno de izquierda Gabriel Boric otorgó a fines de diciembre de 2022 a 13 condenados –12 de ellos asociados a delitos cometidos durante el estallido social de octubre de 2019–, provocaron una tormenta política que, a tres meses de haber sido dictados, está muy lejos de amainar. La oposición llevó siete de estos casos al Tribunal Constitucional (TC), que estima que se pronunciará este martes sobre si son inconstitucionales o no. Si bien el peor escenario para el Ejecutivo es que se dejen sin efecto los decretos, se trata de un órgano que, por primera vez desde 1980, tiene una integración de jueces que en su mayoría son de sensibilidad de centroizquierda (cinco de ocho). Ello podría dar, eventualmente, un respiro al oficialismo, aunque solo en el frente jurídico. La Cámara de Diputados echó a andar en paralelo una comisión investigadora que mantendrá a los indultos en la agenda durante meses.

Históricamente, el TC ha sido muy criticado por la izquierda chilena por algunas de sus sentencias de corte conservador o por paralizar causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) a la espera de su resolución. En 2022, sin embargo, con el retiro de dos de sus integrantes y su reemplazo, se generó un nuevo equilibrio en su interior. El primer pronunciamiento de relevancia en el que el Ejecutivo de Boric tiene un interés genuino será en la revisión de sus indultos.

Boric anunció los indultos el 30 de diciembre de 2022 y su decisión fue rápidamente cuestionada por distintos sectores. Varios de los condenados, se supo poco después, tenían antecedentes penales que no se relacionaban con los delitos vinculados a la revuelta social. El propio mandatario reconoció entonces que el proceso fue “desprolijo”, lo que tuvo como consecuencia que en enero saliera del Gobierno la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de Gabinete del presidente, Matías Meza-Lopehandía, uno de sus hombres de mayor confianza, que cumplió un papel importante en las libertades concedidas. No fue el único efecto, pues la determinación del mandatario ocurrió cuando su ministra del Interior, Carolina Tohá, trabajaba en un acuerdo de seguridad con la oposición que, tras la decisión del mandatario, cortó el diálogo. Esa instancia era clave, porque el país sudamericano vive una crisis de seguridad que se ha traducido en el aumento del crimen organizado y en el alza de la tasa de homicidios en un 30%.

Dos meses después, el jueves pasado, cuando el TC escuchó los alegatos de la oposición y el Estado chileno, el medio Ex-Ante reveló las fichas técnicas de algunos de los indultados. Esos documentos señalaban que Gendarmería, el organismo a cargo de la custodia de las cárceles, había emitido informes negativos respecto de indultar a seis de los 13 condenados. Si bien esas opiniones no son vinculantes para la prerrogativa que tienen los presidentes de la República, abrió nuevas críticas respecto de las razones que tuvo Boric para tomar esa determinación.

En un flanco inesperado, el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) se sumó a los cuestionamientos. En una entrevista de este lunes al vespertino La Segunda, Lagos dijo que no entendía por qué Jorge Mateluna –el único del grupo que estaba condenado por delitos distintos a la revuelta social–, había sido indultado “de nuevo”, pues durante su Gobierno él mismo había decretado su liberación.

Mateluna fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que buscaba por la vía armada derrocar a Pinochet y que, aunque fue desarticulado en democracia, algunos de sus miembros siguieron operativos. Al momento de ser indultado por Boric en 2022, cumplía una condena de 16 años de cárcel por el robo a un banco en 2013. El 3 de enero pasado, Boric aseguró que estaba convencido de su inocencia, lo que le generó una dura e inédita respuesta de la Corte Suprema. En una declaración, los jueces señalaron que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales”.

La balanza en el TC

Aunque no fue el Gobierno el que llevó el caso de los indultos al Tribunal Constitucional (TC), el Ejecutivo tiene puestas sus expectativas en la determinación que tomen los jueces frente a cada uno de los casos que cuestionó la oposición. Es la fórmula con que el Ejecutivo intenta aplacar las críticas a la determinación del presidente de excarcelar a este grupo de personas, justamente cuando Chile atraviesa un problema de seguridad, un asunto de primordial importancia para la ciudadanía.

El tribunal, aunque tiene 10 jueces, fallará solo con ocho, pues tiene pendientes dos vacantes. El oficialismo de Boric tiene dos opciones en caso de salir airoso en la sentencia. Por un lado, que el TC rechace el requerimiento de la oposición por cinco votos contra tres. Por otro, que exista un empate de cuatro contra cuatro. En un escenario de equilibrio, la ley permite que quien presida el Tribunal Constitucional emita un voto dirimente, que implica que vote dos veces. Es una facultad que ha sido útil para varios gobiernos, desde la Administración de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) a la del exmandatario de derecha Sebastián Piñera (2018-2022).

Hoy la presidenta del TC es la ministra Nancy Yáñez, a la que Boric nombró en el tribunal en abril de 2022, un mes después de que él asumiera en La Moneda.

El próximo flanco del Gobierno será la decisión ante una nueva petición de indulto de un condenado por delitos durante el estallido social, que llegará en breve al escritorio del ministro de Justicia, Luis Cordero. También cuenta con un informe negativo de Gendarmería.