El Senado chileno aprueba al tercer intento la propuesta de Boric para la Fiscalía Nacional

El Senado chileno ha aprobado esta tarde la propuesta del presidente Gabriel Boric a la Fiscalía Nacional. El abogado Ángel Valencia liderará el Ministerio Público por los próximos ocho años en reemplazo de Jorge Abbott, que terminó su período el 1º de octubre pasado al cumplir los 75 años. El concurso, que comienza con una quina presentada por la Corte Suprema ...

El Senado chileno ha aprobado esta tarde la propuesta del presidente Gabriel Boric a la Fiscalía Nacional. El abogado Ángel Valencia liderará el Ministerio Público por los próximos ocho años en reemplazo de Jorge Abbott, que terminó su período el 1º de octubre pasado al cumplir los 75 años. El concurso, que comienza con una quina presentada por la Corte Suprema y luego con la elección del presidente de un candidato que envía al Senado, ha sido especialmente complejo.

La Moneda envió anteriormente otros dos nombres a la Cámara Alta –José Morales y Marta Herrera–, que no consiguieron los 33 respaldos necesarios, de dos tercios. No solo porque no fueron apoyados por la oposición, sino porque el Gobierno no logró ordenar a todo el oficialismo. En un momento en que Chile enfrenta una crisis de seguridad pública reconocida por todos los sectores políticos, la institución estuvo liderada por un subrogante por más de 90 días, lo que ha representado uno de los principales problemas de las últimas semanas para el Ejecutivo chileno.

La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, pidió esta tarde a la comisión de Constitución del Senado “cerrar el capítulo” del nombramiento del fiscal nacional. La aprobación de Valencia en el hemiciclo, un abogado penalista de amplia trayectoria, pero que no pertenece al Ministerio Público, representa un respiro para el Gobierno en medio de semanas especialmente complejas. La decisión del presidente Boric de indultar a 13 condenados el pasado 30 de diciembre –12 vinculados a delitos cometidos en el estallido social de 2019– ha derivado en una crisis política inédita que suma capítulos con las horas.

El sábado salieron del Gobierno la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de Gabinete de Boric y uno de sus hombres de máxima confianza, Matías Meza-Lopehandía, por un proceso que el mismo mandatario calificó de desprolijo. La oposición ha presentado este lunes una acusación constitucional contra la renunciada Ríos y pide que el presidente revoque algunas de las libertades, como las del beneficiado Luis Castillo, con amplio prontuario de delitos comunes.

En el proceso de negociaciones para la elección del líder de la Fiscalía Nacional fue uno de los últimos episodios que terminaron por catapultar la suerte de Ríos en Justicia, porque a juicio de sus críticos dejó en evidencia su falta de experiencia política, una crítica que inunda al Gobierno asumido en marzo y que está marcado por un cambio generacional importante en la izquierda.

La nominación en el Ministerio Público no solo enturbió las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, con acusaciones cruzadas justamente en un 2023 donde se debatirán reformas sustanciales en el Parlamento, como la tributaria y de pensiones. La negociación enfrentó al Gobierno con el propio Poder Judicial, desde donde incluso se filtró una conversación de Boric con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en un síntoma del disgusto de los jueces con La Moneda. En el diálogo, que nunca fue desmentido por el Gobierno, Boric le habría pedido al presidente de la Corte Suprema que llevara a cabo un nuevo concurso para la Fiscalía Nacional, luego de las dos primeras y fallidas nominaciones.

Valencia era uno de los favoritos de la Corte Suprema, que junto a Morales obtuvo 17 respaldos para ingresar a la primera quina propuesta por los jueces del máximo tribunal. El Gobierno, sin embargo, se resistió a proponerlo en primera instancia, pese a que Valencia tenía respaldo desde diferentes grupos políticos. Cuando el Senado rechazó el segundo nombre propuesto, el de Herrera, Boric aseguró: “Me preocupa como presidente de la República, porque tengo la impresión de que esta votación tiene que ver con aquello que la ciudadanía rechaza: disputas internas, gallitos [juegos de poder] con el Gobierno”. Las palabras del jefe de Estado no ayudaron a calmar las aguas.

Una de las principales críticas a Valencia provenía justamente de los grupos feministas. “Reafirmamos nuestra desconfianza ante su carrera como defensor privado de agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas, desacreditando a denunciantes en favor de su argumentación. Además, ha sido defensor de personas vinculadas a poderes político y económico”, escribió hace unos días la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres, una organización feminista donde trabajó la actual ministra de la Mujer del Gobierno, Antonia Orellana, a la que se le apunta como una de las detractoras de la candidatura del actual fiscal nacional. La ministra, militante del partido Convergencia Social, al igual que el presidente Boric, tiene reconocida influencia en La Moneda y en el círculo de estrechas decisiones políticas del mandatario.

Boric apostó por Valencia por pragmatismo y realismo político. No era el candidato de La Moneda, que prefería que una mujer llegara por primera vez al cargo, pero el Gobierno no podía exponerse a una tercera derrota, menos en medio de la crisis de los indultos.

Poco antes de conocerse que el presidente había elegido su nombre para proponerlo al Senado, Valencia acusó haber sido “víctima de imputaciones, tergiversaciones y afirmaciones falsas”. En su mandato de ocho años tendrá el desafío de aportar desde el Ministerio Público a una crisis de seguridad pública que contempla elementos como el mayor poder de fuego, el alza de delitos de mayor connotación social, como los homicidios, y la entrada al país de organizaciones criminales internacionales.

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