Los partidos de izquierda firman un plan para reestructurar Telemadrid

Por primera vez en vísperas electorales, tres partidos de izquierda, el Partido Socialista de Madrid, Izquierda Unida y Podemos, así como los sindicatos de clase Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Confederación General del Trabajo; más las Mareas Blanca, Verde, Granate y Azul, al igual que la Federación de Asociaciones de Vecinos y hasta 30 asociaciones cívicas y profesionales progresistas, rubrican por escrito un pacto político de compromiso con una causa que aseguran compartir: un plan de reestructuración de Telemadrid en clave plural y democrática, ideado por los trabajador...

Por primera vez en vísperas electorales, tres partidos de izquierda, el Partido Socialista de Madrid, Izquierda Unida y Podemos, así como los sindicatos de clase Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Confederación General del Trabajo; más las Mareas Blanca, Verde, Granate y Azul, al igual que la Federación de Asociaciones de Vecinos y hasta 30 asociaciones cívicas y profesionales progresistas, rubrican por escrito un pacto político de compromiso con una causa que aseguran compartir: un plan de reestructuración de Telemadrid en clave plural y democrática, ideado por los trabajadores despedidos del medio, con miras a garantizar la recuperación de su audiencia madrileña (hoy su cuota frisa el 3,8 %), mediante la práctica del apartidismo, la defensa de la independencia y objetividad de la información de la cadena audiovisual regional, para hacerla viable económicamente y “poner sus contenidos al servicio de la ciudadanía”. PP y Ciudadanos declinaron firmar el plan, según los organizadores.

Así lo han expresado y rubricado públicamente esta mañana los dirigentes políticos, Mercedes Gallizo, por el PSM; Luis García Montero, candidato al Gobierno regional por Izquierda Unida; y José Manuel López, candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. UPyD se adhiere al proyecto de reestructuración pero quiere introducir una serie de matices en el texto del pacto, firmado también por Fernando Lezcano, dirigente de Comisiones Obreras; Roberto Tornamira, de UGT y Esteban Guijarro de CGT, junto con numerosos representantes de hasta una treintena de organizaciones cívicas y profesionales. La escenificación de la firma ha tenido lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, concurrida por centenares de asistentes, en un acto que registró momentos de intensa emotividad, al glosar algunos de los firmantes del acuerdo “el esfuerzo desplegado por los trabajadores en su lucha contra los despidos y en defensa del derecho de la ciudadanía a una información veraz”.

El texto del acuerdo firmado por partidos, sindicatos, mareas y asociaciones cívicas indica que trabajadores, centrales sindicales y Comité de Empresa de RTVM proponen un plan de reestructuración de la cadena regional madrileña de radiotelevisión, alternativo a la actual estructura y contenidos, que se propone garantizar el carácter de servicio público esencial de la televisión pública madrileña con un acento especial puesto en “impedir su privatización”.

El plan arranca de la consideración del “espacio radioeléctrico madrileño como espacio público” y, en base a ello, será susceptible de permanente preservación por parte de la Administración Pública, meta que llevaría implícito un compromiso estatal de viabilidad del nuevo ente “mediante una financiación estable, que libere a RTVM del endeudamiento permanente” que ahora sufre.

Desde el punto de vista orgánico, el plan presentado proyecta crear un denominado “Consejo Audiovisual de Madrid que garantice una regulación independiente del sector”. De igual modo, el proyecto establece que el Consejo de Administración o el nuevo órgano que controle el funcionamiento del Ente Público RTVM habrá de incluir entre sus integrantes “representantes de la sociedad civil y de los trabajadores”, eludiendo además la transcripción mecánica de las mayorías absolutas de un partido político sobre el organismo regulador. En cuanto al director general, “habrá de ser elegido por el órgano regulador del nuevo ente público por mayoría de dos tercios de sus miembros. Su mandato”, según plantea el proyecto reestructurador firmado, “no podrá coincidir en el tiempo con el periodo legislativo” del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Paralelamente, la propuesta incluye la “creación de un Consejo Profesional de Informativos” a quien se atribuirá la función de “velar por la objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralidad de la información” difundida desde el ente público, “cuyo archivo audiovisual será de propiedad pública perpetua, con acceso libre a sus fondos por parte de la ciudadanía”, cuya participación interactiva en el diseño de la programación permitirá la defensa de sus derechos como tal audiencia.

Otra de las medidas que el plan incluye consiste en la creación de “un portal de transparencia de gastos e ingresos” que permita conocer la aplicación de ingresos y gastos incluidos en el presupuesto del EPRTVM, con específico detalle de los contratos con empresas privadas y las retribuciones de los directivos y altos cargos. El plan propone “reducir sustancialmente el número de directivos” y de sus retribuciones actuales.

Desde el punto de vista de la producción propia de contenidos, el plan establece la determinación de “un porcentaje significativo de producción interna” de la programación emitida, cuota que recupere la capacidad productiva del Ente Público.

A propósito de la programación, la propuesta para la futura Telemadrid proyecta una “racionalización sistemática y rigurosa del gasto”, con la prioridad plena en la concepción del ente como institución de Servicio Público, de tal modo que “queden garantizados el acceso universal de los ciudadanos madrileños a la información, la cultura y el entretenimiento en un nuevo entorno digital”.

Como colofón, el plan considera de justicia revertir la situación provocada por el despido de 861 trabajadores de RTVM, no ajustado a derecho según reconocen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo. El plan contempla facilitar la reincorporación de la plantilla despedida para garantizar la prestación del servicio público.