Mirando hacia atrás con ira

Rita Barberà ha estado negando ladinamente lo que todos sabían: que la Orden que la ministra Ángeles González Sinde dictó en 2009, consideraba que el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez producía expolio de los valores histórico-artísticos del barrio de El Cabanyal, en particular su peculiar trama en retícula, que dieron origen a su calificación como conjunto histórico, en 1988, y como bien de Interés cultural en 1993. En consecuencia, suspendía en plan, cerraba definitivamente la controversia urbanística y patrimonial suscitada por el propósito urbanístico de continuidad y dab...

Rita Barberà ha estado negando ladinamente lo que todos sabían: que la Orden que la ministra Ángeles González Sinde dictó en 2009, consideraba que el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez producía expolio de los valores histórico-artísticos del barrio de El Cabanyal, en particular su peculiar trama en retícula, que dieron origen a su calificación como conjunto histórico, en 1988, y como bien de Interés cultural en 1993. En consecuencia, suspendía en plan, cerraba definitivamente la controversia urbanística y patrimonial suscitada por el propósito urbanístico de continuidad y daba por acabado el largo proceso.

Pero no impedía en modo alguno la ejecución de aquellas obras que no perjudicaran los fundamentos en que se asentaba su protección patrimonial.

Barberá reaccionó de forma fulminante y con el apoyo del Consell de Camps idearon fórmulas inverosímiles, leyes especiales, argucias que fueron impugnadas por los tribunales una tras otra. Mientras tanto la degradación de buena parte de los tejidos urbanos de El Cabanyal fue acrecentándose, ante la negativa municipal de autorizar cualquier tipo de obras de rehabilitación, lo que tiene todos los perfiles de una respuesta vengativa, ajena a cualquier principio de derecho.

Barberà ha venido desconociendo el informe de la Abogacía del Estado que aclaraba que el otorgamiento de licencias para aquellas obras o actividades que no produjeran la destrucción de los valores culturales urbanísticos y que por el contrario persiguieran objetivos rehabilitadores, fueran físicos, sociales o económicos, no era contrario al sentido y la letra de la Orden ministerial. Y por lo tanto debían ser concedidas las solicitadas para el remozamiento de las edificaciones, la instalación de actividades, o la construcción de nueva planta, sujetas, claro está, a las normas generales de la ciudad. Algo obvio.

Barberà se ha ocultado tras una línea de coro sumiso, capaz de instrumentar razonamientos estrambóticos para alimentar un discurso de degradación urbana y social, ha escondido la verdad de las cosas su naturaleza parece exigírselo -y con ello ha infligido graves daños a los ciudadanos. Ha estado haciendo luz de gas a sus vecinos, negándoles la realidad y tratando a la vez de persuadirles del error que cometían en su oposición a sus designios urbanos.

Ahora, en la escena final de su representación, cuando se apagan las luces para ella y su coro, resulta penoso ver el modo en que abandona el estrado, desmintiéndose sin pudor al admitir que las licencias de todo género sí pueden ser otorgadas, como acaba de acordar la Junta Local de Gobierno, precisamente en el último mes de su mandato municipal.

Barberà no parecía satisfecha con haber mostrado su incapacidad para sacar adelante la propuesta de reforma del plan general de ordenación urbana, tras diez años de gastos y energías derrochados en trabajos de consultores y de los servicios propios, no ha sido suficiente con esa manifestación de apocamiento y ha tenido que acrecentar su leyenda, ocultando la realidad administrativa, impidiendo la rehabilitación de El Cabanyal, con lo que ha sembrado a lo largo de tantos años la desolación en sus habitantes.

Con todo ello se habrá merecido que muchos de sus conciudadanos cuando miren hacia atrás, repasando su mandato, probablemente lo hagan con ira.

Vicente González Móstoles es arquitecto y miembro del Consell Valencià de Cultura