El concejal que no apoyó investigar en Rivas preside ahora su comisión
IU impone al edil para supervisar los contratos del hermano de Tania Sánchez
Izquierda Unida, el grupo que gobierna el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, impuso ayer como presidente de la comisión que investiga los contratos municipales al hermano de Tania Sánchez a José Carlos Querencias, de la plataforma Ciudadanos de Rivas. Este concejal no apoyó en el pleno del 27 de noviembre la comisión, que pedían el Pa...
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Izquierda Unida, el grupo que gobierna el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, impuso ayer como presidente de la comisión que investiga los contratos municipales al hermano de Tania Sánchez a José Carlos Querencias, de la plataforma Ciudadanos de Rivas. Este concejal no apoyó en el pleno del 27 de noviembre la comisión, que pedían el Partido Popular y el PSOE. Finalmente, tras el ruido mediático, IU accedió a crearla. Se constituyó ayer. Sus reuniones se emiten onlineen Rivas TV.
En el pleno de noviembre IU abogó porque el caso de la familia Sánchez se viese en la Comisión de Vigilancia de la Contratación que se acaba de crear. Pero, a juicio de dos ediles díscolos de la coalición —Yaiza García y Marcos Sanz, del equipo de Gobierno anterior—, esta opción habría alargado los plazos para conocer la gestión de los contratos. Por eso abandonaron el pleno, dejando a IU con 11 concejales, frente al mismo número de PP (7) más PSOE (4). El disidente Sanz registró una petición infructuosa para ser uno de los representantes de IU. “Es consecuente con lo que yo había pedido”, comenta.
Querencias, militante del PP hasta que hace dos legislaturas creó su plataforma, no quiso hacer declaraciones, “por respeto al desarrollo de la comisión”. Ciudadanos de Rivas —que no tiene afiliados— era de carácter conservador en sus votaciones. Sin embargo, desde que Pedro del Cura es alcalde —el pasado mayo, cuando el antiguo regidor, José Masa, dimitió por presiones internas— el concejal independiente se posicionó a favor de IU. Querencias ha entrado ahora en el consejo de administración de la empresa municipal de servicios Rivamadrid. El PSOE tiene en el consejo un representante y el PP ninguno.
Petición de dimisión para Pérez y Gordo
Parte de los coordinadores de IU —entre ellos los de Andalucía y Aragón— pidieron ayer, tras reunirse, la dimisión de Ángel Pérez, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y de Gregorio Gordo, portavoz en la Cámara regional. El argumento fue la mala imagen de IU por la gestión de Fundeste, la fundación madrileña de la coalición, pese a que cuenta con el visto bueno del Tribunal de Cuentas. La petición contraria a Pérez y Gordo también se cimentó por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid: José Antonio Moral Santín, que fue vicepresidente de Caja Madrid, gastó 456.522 euros con la visa opaca. Sin embargo, Moral Santín y otros dos exconsejeros fueron expulsados de IU hace dos años.
El próximo domingo la dirección federal decidirá su futuro político. Según fuentes internas, Asturias, País Vasco y Navarra respaldaron entre otras más a Madrid.
Jesús González Espartero, del PP, estaba llamado a ser el presidente de la comisión. Del Cura había anunciado que la lideraría “la oposición” y parecía que sería el PP, pues el PSOE se autoexcluyó. Durante 20 años los socialistas gobernaron en coalición con IU, lo que les convertía en juez y parte. González Espartero huyó de polémicas: “Lo importante no es quién sea el presidente, sino qué se ve allí y que no se resuelva en dos tardes”.
Todos los partidos se han comprometido a no vetar ninguna comparecencia. Pero IU quiere abrir la posibilidad de que los funcionarios convocados respondan por escrito, algo a lo que se niega la oposición, pues impediría repreguntar. Guillermo Magadán, portavoz socialista, no está dispuesto a ceder: “Comparecer por escrito es algo reservado para las altas autoridades y ni siquiera en ese caso debería permitirse. No estamos dispuestos”.
Los sindicatos del Ayuntamiento —UGT, CC OO, CGT y la Unión de Policía Municipal (UPM)— reclamaron ayer por carta que no sea pública la declaración de los funcionarios, pues consideran que eso atentaría contra la ley de protección de datos. La oposición está dispuesta a que las comparecencias de estos profesionales no se puedan seguir por Rivas TV, pero quiere que quede testimonio grabado del encuentro para que no haya distintas versiones de lo que digan.