Bonig incorpora 11 millones del Estado para las ayudas a la vivienda
La entrada en vigor de la Ley Valenciana de Puertos permite que se incluyan los impagados de rehabilitación, compra y alquiler en el FLA
La Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que dirige Isabel Bonig, ha incorporado 11 millones de euros a su presupuesto de ayudas a la vivienda. Según la resolución publicada el pasado día 17 en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), se trata de "ingresos finalistas de la Administración General del Estado para actuaciones en vivienda". Con ello, el presupuesto del Plan de Vivienda pasa ahora a estar dotado con 16,8 millones de euros.
El pasado mes de mayo, la consejería destinó cerca de 4,4 de los 10,2 millones de euros con los que se dotó ini...
La Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que dirige Isabel Bonig, ha incorporado 11 millones de euros a su presupuesto de ayudas a la vivienda. Según la resolución publicada el pasado día 17 en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), se trata de "ingresos finalistas de la Administración General del Estado para actuaciones en vivienda". Con ello, el presupuesto del Plan de Vivienda pasa ahora a estar dotado con 16,8 millones de euros.
El pasado mes de mayo, la consejería destinó cerca de 4,4 de los 10,2 millones de euros con los que se dotó inicialmente el Plan de Vivienda para 2014 en los presupuestos de la Generalitat al pago de ayudas a promotores de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Para ello, se hizo una modificación de crédito por la que se minoraba en 4,38 millones de euros la línea genérica y se incluía una nueva línea nominativa con relación de beneficiarios y detalle de las cantidades correspondientes.
La generación de crédito que ahora se ha llevado a cabo no especifica si los 11 millones son también para el pago de ayudas a promotores de VPO, pero desde el Ministerio de Fomento se apuntó hace unas semanas que había más fondos destinados a esas ayudas que ya habían sido transferidos a la Generalitat.
La socialista Salvador pide que los usuarios tengan prioridad sobre los promotores
Por otra parte, este miércoles se ha publicado en el DOCV la Ley de Puertos de la Comunidad Valenciana, lo que implica su entrada en vigor. Dado que el PP introdujo en su tramitación una disposición adicional que nada tiene que ver con las instalaciones portuarias sino que declara "debidamente otorgadas y reconocidas" todas las ayudas de vivienda, suelo y rehabilitación del periodo 2003-2008, eso quiere decir que los 240 millones de euros pendientes que las plataformas de afectados vienen reclamando se convierten en una deuda efectiva y legalizada.
Se trata de una cantidad que la Generalitat no había reconocido e incorporó finalmente al déficit de 2012. Esas ayudas impagadas podrán, ahora, incluirse entre las deudas que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) permitirá ir pagando. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconoció hace unos días en Valencia que el mecanismo de rescate del Gobierno prevé esta vez, entre otros impagos, que la Generalitat vaya pagando las subvenciones a la vivienda que debe desde hace años.
La diputada socialista en las Cortes Valencianas María José Salvador reclama que los afectados por el cheque-vivienda, las ayudas a la compra y el alquiler, y a la rehabilitación, sean considerados "un colectivo prioritario", tanto en lo que se refiere al nuevo crédito de la consejería como a los pagos a través del FLA. "Que no paguen más en primer lugar a los promotores", exige la parlamentaria del PSPV-PSOE.