La financiación de los partidos políticos enfrenta a los grupos de la Asamblea
El PP reclama que no se puedan destinar las asignaciones del Parlamento regional a las formaciones La oposición recuerda que es legal desde los 80
La financiación de los partidos políticos ha abierto el último frente en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular critica que el resto de grupos parlamentarios presentes en el hemiciclo (PSM, IU y UPyD) destinan la asignación anual que reciben, ya sea de forma parcial o en su totalidad, a sufragar gastos del partido correspondiente. Frente al leitmotiv popular, la oposición replica que es algo perfectamente legal desde los años ochenta.
En el PP, así como algunas voces en privado de la oposición, entienden que se trata de una forma de financiar a los partidos, cuando estos y sus grupos...
La financiación de los partidos políticos ha abierto el último frente en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular critica que el resto de grupos parlamentarios presentes en el hemiciclo (PSM, IU y UPyD) destinan la asignación anual que reciben, ya sea de forma parcial o en su totalidad, a sufragar gastos del partido correspondiente. Frente al leitmotiv popular, la oposición replica que es algo perfectamente legal desde los años ochenta.
En el PP, así como algunas voces en privado de la oposición, entienden que se trata de una forma de financiar a los partidos, cuando estos y sus grupos deberían ser entidades jurídicas independientes. Al no serlo, y, por tanto, destinarse parte de la subvención del Parlamento madrileño a la caja de los partidos, se abre la puerta a situaciones como que los trabajadores de un grupo no cobren la nómina durante varios meses. Unos daños colaterales producidos, paradójicamente, por la falta de un dinero que ha engordado las arcas de los partidos.
Lasquetty, recolocado al frente de una comisión
El Partido Popular anunció ayer que Javier Fernández-Lasquetty sustituirá a Regina Plañiol en la Comisión del Estatuto de Autonomía, de la que será su presidente. A su vez, la responsable de la cartera de Presidencia y Justicia en la última etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad, puesto que desde septiembre de 2012 ocupa Salvador Victoria, será la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara autonómica. La semana pasada Lasquetty presentó su dimisión como consejero de Sanidad, tras su fracaso en el intento de privatizar la gestión de seis hospitales de la red pública, así como de varios centros de salud.
El cargo de presidente de una comisión lleva aparejado un complemento salarial de 670 euros al mes, que se añade a los 3.503,46 euros brutos que percibe un diputado raso (14 pagas).
Jibarizado a su condición de diputado regional en la Asamblea de Madrid, Lasquetty es vicesecretario del PP de Madrid. Con su nombramiento en la Comisión, el partido viene a reconocerle su ascendente interno, donde es muy valorado. Como ejemplo, distintos cargos del partido coinciden en su salida "elegante", sin perder la sonrisa y haciendo de su relevo, por el médico Francisco Javier Rodríguez, una sucesión sin aristas. Al revés que el nuevo consejero, su formación no versa en la Medicina: Lasquetty es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.
La imagen de Lasquetty en el PP no tiene nada que ver con la que ha dejado en la calle: sus excesos a la hora de vender el modelo hospitalario —fue secretario general de la Fundación Faes, el ente de corte neoliberal vinculado al PP— le terminaron quemando. La concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, que se entrega a todos los consejeros, lo hagan mejor o peor, ha sido especialmente cuestionada.
Con todo, la legislación no admite dudas.
La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, referente a la financiación de los partidos políticos y apoyada por el PP, establece que los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos —entre otros—, por las aportaciones que los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones locales. El artículo citado está redactado así desde 1987. “Una única contabilidad favorece la transparencia y es el mejor remedio para combatir la corrupción y escándalos como el caso Gürtel en Madrid, exclusivo del PP”, aseveran desde la bancada opuesta al partido en el poder.
Mientras, los populares basan sus argumentos en cuatro sentencias en las que el Tribunal Constitucional establece que las cuentas de los partidos deben ser independientes de las cuentas del grupo parlamentario. De acuerdo con uno de los fallos, la finalidad de las subvenciones parlamentarias “no es otra que la de facilitar la participación de sus miembros en el ejercicio de las funciones institucionales de la Cámara a la que pertenecen, para lo cual se dota a los grupos en que los diputados, por imperativo legal, han de integrarse de los recursos económicos necesarios”.
Las cuentas presentadas por IU en la Asamblea son “insuficientes”
Los cuatro grupos representados en la Asamblea perciben una subvención fija anual de 489.833 euros, idéntica para todos. Aparte, disponen de una cuota que varía en función del número de diputados, y que asciende a 17.810 euros por escaño. Por este concepto el PP recibe 1.282.298 euros (le representan 72 de los 129 diputados regionales). A su vez, el PSM obtiene 641.149 euros (36 parlamentarios); IU, 231.526 euros (13), y UPyD, 142.478 euros (8).
En el último informe del presupuesto del PSM aparecen como ingresos los 1,13 millones procedentes de la subvención al grupo en la Asamblea de Madrid. El grupo de UPyD también la destina en su totalidad al partido (en este caso a nivel nacional, no regional), que la deriva a su vez en servicios como informática, comunicación, etcétera. La formación magenta es la única que ha publicado las remuneraciones de sus parlamentarios. Por su parte, el grupo de IU destina una parte de su asignación, pero no toda, a IU Madrid.
Más allá de los entresijos de la financiación, en la Mesa de la Asamblea de este lunes los representantes de los cuatro partidos conocieron las conclusiones de un informe elaborado por la Secretaría General del Parlamento autónomo sobre las cuentas del ejercicio 2012 que presentaron los cuatro grupos parlamentarios. Sin entrar a fiscalizarlas, se analizaba si la documentación presentada por los grupos cumplía formalmente lo requerido (presentación de las cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y memoria).
Según el escrito, la presentación de las cuentas de PP, PSM y UPyD estuvo “conforme al contenido previsto en el Plan de Contabilidad” establecido por el Tribunal de Cuentas para todas las formaciones políticas. No fue el caso de Izquierda Unida: la documentación presentada fue “insuficiente, por aportar solamente un resumen anual de gastos e ingresos y su desglose mensual”. La secretaria general de la Asamblea propone “requerir al Grupo Parlamentario Izquierda Unida para que subsane las deficiencias”, en el plazo de una semana, “presentando la documentación necesaria”.
Las cuentas de los grupos parlamentarios serán remitidas a la Cámara de Cuentas, para que proceda a su control y fiscalización. A lo largo de este mes, los grupos deberán presentar la documentación sobre sus números en 2013.