El nivel de renta decidirá la rehabilitación urbana de Cádiz
El programa de rehabilitación de viviendas, que ha costado más de 160 millones de euros desde 1999, se encuentra paralizado
“El café para todos no puede ser”. La secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, reveló ayer en Cádiz, ciudad pionera en poner en marcha un programa de rehabilitación de viviendas en su casco antiguo, que este plan, sometido a severos recortes, tendrá que ser reformado. Según adelantó, la modificación pasa por vincular las subvenciones de rehabilitación a las rentas de sus vecinos. “No puede ser que personas que multiplican por cinco el salario mínimo puedan percibir estas ayudas”.
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“El café para todos no puede ser”. La secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, reveló ayer en Cádiz, ciudad pionera en poner en marcha un programa de rehabilitación de viviendas en su casco antiguo, que este plan, sometido a severos recortes, tendrá que ser reformado. Según adelantó, la modificación pasa por vincular las subvenciones de rehabilitación a las rentas de sus vecinos. “No puede ser que personas que multiplican por cinco el salario mínimo puedan percibir estas ayudas”.
El programa de rehabilitación de Cádiz ha costado más de 160 millones de euros desde 1999, pero ahora mismo se encuentra prácticamente paralizado sin haberse culminado, como se pretendía, el arreglo de todas las casas del casco antiguo. Además, se han detectado nuevos problemas en viviendas ya rehabilitadas. La oficina que gestiona estas ayudas ha tenido que rechazar prácticamente todas las solicitudes que han ido llegando en los últimos dos años. Una de las ideas para poder continuar con este plan es priorizar el reparto del dinero en función de la situación económica de las familias, y no tanto del estado de las casas.
Meyer tiene pendiente otra reforma: la ley de viviendas de protección oficial. En Cádiz confirmó que la normativa hará especial hincapié en las inspecciones de estas casas, bajo la premisa de que ninguna vivienda pública podrá estar vacía más de tres meses. Forma parte de su gestión al frente de IU para primar “la función social” de las casas.