¿Tendrá alguien dinero para pagar lo razonable por Telemadrid?
Aguirre tendrá vía libre para privatizar o vender la cadena, quebradero de cabeza del PP y arma de propaganda
Citarle a Telemadrid es mentar la bicha. “Estoy deseosa de quitarla”, confesó Esperanza Aguirre en una entrevista en la cadena Cope el 16 de noviembre pasado. Por fin va a poder “quitarla”, entre otras opciones que le da el cambio legal aprobado el viernes 20 de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ya tramita el Parlamento, por la vía de urgencia para aprobarlo antes de julio. La mayoría absoluta del Partido Popular tanto en las Cortes nacionales como en la Asamblea regional asegura que pueda librarse en unos meses de la dulce espina que lleva clavada la presidenta, que ve compensados ...
Citarle a Telemadrid es mentar la bicha. “Estoy deseosa de quitarla”, confesó Esperanza Aguirre en una entrevista en la cadena Cope el 16 de noviembre pasado. Por fin va a poder “quitarla”, entre otras opciones que le da el cambio legal aprobado el viernes 20 de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ya tramita el Parlamento, por la vía de urgencia para aprobarlo antes de julio. La mayoría absoluta del Partido Popular tanto en las Cortes nacionales como en la Asamblea regional asegura que pueda librarse en unos meses de la dulce espina que lleva clavada la presidenta, que ve compensados los quebraderos de cabeza que le provocan los combativos trabajadores de la cadena (1.175 personas) con la fidelidad canina de su línea informativa a los objetivos políticos del PP madrileño. Ya se habla de pretendientes, pero la cuestión es si en la actual situación alguien tendrá dinero (o crédito) para pagar un precio razonable por la televisión pública regional.
Aguirre declinó el miércoles pasado dar pistas sobre qué va a hacer con Telemadrid, a la espera de conocer el texto legal (el viernes se publicó el proyecto de ley en el Boletín de las Cortes) que le permite desde renunciar a prestar el servicio público y vender la frecuencia hasta privatizar totalmente la gestión manteniendo la titularidad pública, pasando por fórmulas mixtas. Como para todo últimamente, el argumento es el déficit. “Lo que nos dice la ley nueva es que no puede haber déficit” en las televisiones autonómicas, dijo, y que como “Telemadrid tiene un déficit, habrá que evitarlo”. La deuda de la cadena ascendía a 242 millones a final de 2011. Las arcas regionales, que destinan una cantidad anual de los presupuestos en función del contrato-programa, han tenido que realizar aportaciones extraordinarias a final de cada año para tapar el agujero. El año pasado destinaron en total 96 millones.
Unas pérdidas (34 millones en 2011) de las que los partidos de la oposición y el comité de empresa de Telemadrid responsabilizan a los gestores del ente público. “Somos la televisión más barata de todo el país y la que menos deuda tiene. La plantilla de convenio está muy ajustada, pero se han duplicado puestos de trabajo con gente que escribe al dictado”, acusa Teresa García, presidenta del comité de Telemadrid. “Aquí se ha derrochado el dinero para favorecer a los amigos, como el programa de \[Fernando\] Sánchez Dragó, que costaba 400.000 euros por edición. Se emitieron cuatro”. Los representantes de los trabajadores, que se oponen frontalmente a la privatización, han llegado a denunciar la manipulación informativa ante el Parlamento Europeo. Aseguran que el Gobierno regional gastó, durante 2011, 111 millones de euros en publicidad institucional (anuncios en televisión y radio), mucho más de lo que cuesta a los madrileños la cadena. “Ahora que se mide todo por cafés, son menos de 20 euros al año por madrileño, un café al mes”, ironiza García.
“Lo he dicho hasta la saciedad, no creo que los gobernantes y los poderes públicos estemos para gestionar directamente casi nada, pero desde luego no las televisiones”, dijo el miércoles la presidenta regional. “Pues claro que los políticos no deben decidir la programación de las televisiones”, coincide Eduardo Sotillos, el portavoz socialista en el Consejo de Administración de la cadena. “Pero es que eso es justamente lo que pasa en Telemadrid”, asegura Sotillos, que junto a los otros consejeros designados por el PSOE votaron el martes pasado en contra de la aprobación de las cuentas y el informe de gestión del pasado año.
“Se desprestigia la televisión pública, se hace caer la audiencia espectacularmente y, claro, el ciudadano acaba pidiendo que la cierren”, asegura Sotillos, que sostiene que “los 6,2 millones de madrileños necesitan una televisión pública, pero con un debate en serio sobre qué modelo quieren, y con las cuentas muy claras”.
El consejero socialista asegura que la audiencia en 2011 ha sido la más baja de los 17 años de historia de la televisión madrileña, un 6,4%, “ha perdido un quinto de la audiencia en un año y es hoy un tercio que cuando llego Esperanza Aguirre \[2004\]”. Los socialistas no apoyan la privatización y apuestan por una televisión que “hable de los pueblos y ciudades de Madrid”.
Ahí coincide tanto con IU como con UPyD. “Está claro que Telemadrid no puede seguir como está, es un pozo sin fondo”, se lamenta Libertad Martínez, diputada de IU en la comisión de control de Telemadrid. “Lo peor no sería la venta”, añade, sino que la troceen y quede solamente la marca. En todo caso, sentencia Martínez, “hoy no es vendible”. Enrique Cerezo, uno de los nombres que se barajan como pretendiente, considera que “si Telemadrid se va a privatizar es porque va mal, si no, no se haría”. El presidente del Atlético de Madrid no niega un interés a priori pero, obviamente, esperará “a conocer las condiciones”. En el sector audiovisual se especula con otros posibles novios, como el Grupo Secuoya, del que es consejero Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de Aznar.
Luis de Velasco, portavoz de UPyD, es escéptico respecto a la posibilidad de la venta. “Dependerá del precio, pero con una deuda de 280 millones y 1.000 personas de plantilla…”, dice Velasco, que solo medio en broma considera la televisión “uno de los inventos más destructivos de los últimos 100 años”. Avisa, eso sí, de que se opondría frontalmente a una externalización de toda la producción menos la de informativos para mantener “el control político”. “El mayor problema que tenemos es la falta de credibilidad”, señala la presidenta del comité, que pone como ejemplo de manipulación que se ilustrase una información sobre las protestas del 15-M en Barcelona con imágenes de disturbios en Grecia. “Necesitamos independencia del poder político”.