Un tribunal argentino archiva la denuncia del peronismo contra Macri por supuestas presiones a jueces

Una jueza federal de Argentina ha suspendido por insuficiencia de pruebas la investigación contra el expresidente Mauricio Macri y algunos de los exfuncionarios de su Gobierno por, supuestamente, presionar jueces y armar causas judiciales contra sus opositores durante sus cuatro años en el poder, entre 2015 y 2019. Macri, su ministro de Justicia, Germán Garavano, y un antiguo asesor judicial, Fabián Rodríguez Simón, han sido sobreseídos tras cuatro años de investigación. Según el fallo,...

Una jueza federal de Argentina ha suspendido por insuficiencia de pruebas la investigación contra el expresidente Mauricio Macri y algunos de los exfuncionarios de su Gobierno por, supuestamente, presionar jueces y armar causas judiciales contra sus opositores durante sus cuatro años en el poder, entre 2015 y 2019. Macri, su ministro de Justicia, Germán Garavano, y un antiguo asesor judicial, Fabián Rodríguez Simón, han sido sobreseídos tras cuatro años de investigación. Según el fallo, no existen pruebas para demostrar un complot entre el Gobierno de Macri y la Justicia, y los jueces que supuestamente habían sido presionados no lo denunciaron en el momento del hecho, una obligación como funcionarios judiciales.

La “mesa judicial” del macrismo, como se conoce a esta causa en la que supuestamente confabularon la Justicia y el Gobierno del expresidente de centroderecha, ha sido durante años un grito al aire del peronismo para denunciar el lawfare –la manipulación judicial– en su contra. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) ha llegado a acusar a los jueces de favorecer la victoria de Macri contra su delfín en 2015, mientras ella era acusada de “traición a la Patria” por una operación de venta de dólares a futuro efectuada por el Banco Central que resultó en pérdidas, o de buscar inhabilitarla a finales de 2022 mientras el peronismo buscaba candidato para las elecciones de 2023. Kirchner, que ha enfrentado una decena de causas judiciales desde que dejó el poder, atravesó varias de ellas durante procesos electorales: en algunos casos, como en el de la venta del dólar a futuro en 2015, terminó siendo sobreseída, pero en otros, como en la acusación por defraudación al Estado en 2022, fue condenada por corrupción.

Pero la supuesta asociación entre el macrismo y un sector de la Justicia no operaba solamente contra opositores políticos. Entre los afectados por las presiones del Gobierno de Macri figuraban la exfiscal procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que ejerció el cargo entre el segundo Gobierno de Kirchner y mediados del de Macri, o la jueza federal Ana María Figueroa, que se jubiló el año pasado a los 75 años, entre una decena de magistrados. La investigación enterrada este lunes inició en 2019, el año en que el expresidente fue derrotado en las urnas por el peronista Alberto Fernández, y creció tras el cambio de Gobierno. Gils Carbó, por ejemplo, denunció en 2021 haber sido “perseguida” entre 2015 y 2017, los años que coincidió en su cargo con el expresidente. Su dimisión, en octubre de 2017 en medio de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la nueva sede de la Procuración General, fue la caída del último bastión de poder desobediente al Gobierno de entonces.

Para la jueza que sobreseyó al expresidente Macri y a sus funcionarios, María Eugenia Capuchetti, el tiempo que pasó entre las supuestas presiones y persecuciones a los jueces y el momento de las denuncias fue una de las claves para su decisión. “Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, escribió en el fallo adelantado por el portal Infobae.

El fallo es la segunda decisión judicial favorable al expresidente Macri desde que el peronismo perdiera el Gobierno y su último aliado, el ultraderechista Javier Milei, ganara la presidencia el pasado 19 de noviembre. El pasado 28 de noviembre, otro juez sobreseyó al expresidente en una causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, un submarino hundido en 2017 con 44 personas a bordo. En medio de la conmoción, el Gobierno había infiltrado a agentes de inteligencia entre las manifestaciones que exigían la aparición con vida de los tripulantes, y el juez consideró que estas eran naturales para velar por la seguridad del entonces presidente.

El sobreseimiento ha vuelto a traer a escena la supuesta influencia de Macri en la Justicia argentina, que en los últimos meses ha desatado otros escándalos. En julio del año pasado, un tribunal de Buenos Aires habilitó la candidatura de su primo, Jorge Macri, a la alcaldía de la capital a pesar de que no cumplía con el requisito de estar domiciliado allí con suficiente anterioridad. Tres meses después, Jorge ganó las elecciones y retuvo el feudo de la ciudad de Buenos Aires. En noviembre, en otra batalla electoral, Macri consiguió suspender las elecciones que lo enfrentaban al futbolista Juan Román Riquelme por la presidencia del club Boca Juniors. La denuncia de una supuesta irregularidad en el padrón fue la segunda maniobra para aplazar unas elecciones desfavorables. Enfurecidos, los fanáticos convirtieron a Riquelme en el segundo presidente más votado del mundo en un club de fútbol cuando las elecciones se hicieron semanas después.

Tras la decisión judicial que ha descartado una supuesta asociación ilícita entre su Gobierno y la Justicia, los ojos todavía están puestos en uno de los sobreseídos: Fabián Pepín Rodríguez Simón, el gran operador judicial de Macri, que está prófugo desde 2020 por otra causa. Amigo de Macri, su asesor judicial y operador de su voluntad en los tribunales durante su Gobierno, Rodríguez Simón se refugia en Uruguay desde principios de 2021 eludiendo un llamado a indagatoria por una supuesta asociación ilícita para arruinar el grupo empresarial Indalo, afín al kirchnerismo. La justicia uruguaya, hasta la Corte Suprema, le ha negado los pedidos de asilo. Sobreseído en la causa que le acusaba de presionar jueces, Argentina especula ahora con su regreso para ponerse en manos de la Justicia tras el cambio de Gobierno.

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