La expansión del crimen organizado y los conflictos por la tierra nutren la violencia armada en la Amazonía brasileña

En la Amazonía brasileña, la violencia armada se profundiza de la mano de guerras entre bandas criminales y conflictos agrarios, dinámicas que se entrelazan con la explotación ilegal de los recursos ambientales de las zonas protegidas por el Estado y localidades vulnerables. Esto ha convertido a muchos municipios pequeños de la región en los más violentos de Brasil, ampliando consecuentemente la crisis socioambiental que viven millones de residentes rurales.

Según el estudio Cartografías de la Violencia en la Amazonía, publicado en diciembre y producido por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública en colaboración con el Instituto Mãe Crioula, la violencia y la apropiación de tierras por grupos criminales para la posterior deforestación están correlacionadas en los nueve estados de Amazonía Legal brasileña.

Se trata de un sistema complejo de “sobreposición de ilícitos” cuya red de explotación de oro, madera o animales nativos de la selva amazónica es controlada con el uso de la fuerza por el crimen organizado, que utiliza los recursos y tierras para el lavado de dinero y para la logística internacional del narcotráfico.

Especialistas en seguridad pública entrevistados por EL PAIS indican que este contexto se ha agravado con la expansión amazónica de las dos mayores bandas criminales del país sudamericano, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que pasaron a disputar rutas de tráfico de cocaína, marihuana y armas en la frontera tríplice con Colombia y Perú.

Datos de la investigación citada muestran que, en el último año, 260 de los 772 municipios que componen esta zona en el Brasil registraron la presencia de al menos un grupo criminal, mientras que otros 84 municipios se encuentran bajo disputa de dos o más grupos. El CV, cuya influencia crece fuertemente en el norte brasileño desde 2017, mantiene una hegemonía en 130 municipios. En el pasado año, los estados de la Amazonía brasileña registraron un número de asesinatos 41,5% mayor a la media nacional, con una tasa de 32,3 por cada 100.000 habitantes. La ciudad más violenta fue Cumaru do Norte, Pará, con una tasa de 141,3 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio de Brasil fue de 18,7 en 2023.

“La Amazonía es una región cuyo patrón de desarrollo siempre ha sido predatorio, con mucha extracción de recursos pero poca devolución a la sociedad. Entendemos que los principales conflictos de la región giran alrededor de disputas por el territorio, y tenemos ahora una variable nueva: el uso de la región como hub de circulación del tráfico de drogas”, afirma Renato Sérgio de Lima, director del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. “El crimen ambiental pasa a ser una fase más del proceso económico de estos grupos. Y eso ha contaminado todas las relaciones sociales de la Amazonía Legal”.

Para Rodrigo Botero, presidente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, este es un proceso que se ha consolidado en los últimos años, pero que lleva décadas en avance, “donde la condición de abandono estatal de esos territorios conjuntos de la Amazonía han creado un crecimiento de economías ilícitas, la cooptación de instituciones y la expansión de grupos criminales que imponen formas de justicias y reglas a las poblaciones locales”.

Botero afirma que las nuevas rutas del narcotráfico, el crecimiento de la explotación ilegal del oro y la demanda global de la carne han disparado este fenómeno a nivel transnacional, acelerando la apropiación de tierras con enmarañados de negocios ilícitos que circulan en la Amazonía noroccidental.

“Este es un sistema que tiene informaciones muy detalladas de las condiciones jurídicas y operativas de cada país, pero también inversionistas en varias partes del mundo que invierten en commodities y que están adquiriendo tierras públicas deforestadas”, comenta el experto. “Las dinámicas que vemos nos muestran la fragilidad de los Estados para entender estas economías ilícitas que transmutan de un lugar a otro con gran facilidad”.

De Lima explica que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen en esta región de Brasil, aún prevalecen dinámicas jurídicas y sociales muy antiguas que catalizan la crisis de la violencia. En muchas localidades, afirma, las bandas criminales y grandes empresarios se apropian de tierras públicas federales de conservación y de tierras indígenas mediante incursiones con pistoleros contratados o a través de registros falsificados.

Según el estudio del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en la Amazonía brasilera actualmente hay más de 20.000 propiedades ilegales, mientras otras 8.600 se superponen a tierras indígenas en el sistema de Registro Ambiental Rural (CAR) de Brasil. Al menos otras 11.800 están registradas en áreas de conservación, muchas vinculadas a la deforestación ilegal.

El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), por otro lado, identificó recientemente que más de 25 millones de hectáreas de tierras públicas han sido ocupadas de forma irregular. Según esta institución, más del 70% de la deforestación de los bosques públicos brasileños sin designación específica transforma estas tierras en pastizales para el ganado.

“El hecho de no tener el derecho de propiedad bien establecido en tierras públicas no destinadas [de propiedad federal o estatal, sin un fin especificado] genera conflictos que se resuelven de forma violenta, porque una vez que se ocupa una tierra de forma ilegal, se pierde la posibilidad de disputarla en la justicia”, dice Leila Pereira, investigadora brasileña especializada en asuntos ambientales. “Los crímenes ambientales cometidos en estas tierras son, generalmente, un puente para cometer otros tipos de crímenes”.

De Lima cree que los mayores desafíos para frenar la violencia en esta región están en la coordinación regional y la regulación correcta del uso de la tierra en la Amazonía. “La mejora de las investigaciones financieras requiere la capacidad de articular canales de diálogo entre la inteligencia financiera y la inteligencia de seguridad pública, que es la única manera de reducir la impunidad en la región”, dice. “Si pensamos en políticas públicas, deberíamos buscar formas de regular la tierra. Ha habido esfuerzos, pero la escala del problema es muy grande”.