Estados Unidos espera a Celso Gamboa, el rostro de la discusión sobre narcotráfico en Costa Rica

“El 22 de junio del año 2025, me encontraba en playa Jacó viendo el atardecer con una muchacha muy hermosa y el 23 de junio de ese mismo año estaba durmiendo en una celda máxima seguridad de (la cárcel) La Reforma. Es una cosa de locos. En la vida, en un parpadeo, a usted le puede cambiar la vida”. La declaración en una sala de juicios es de ...

“El 22 de junio del año 2025, me encontraba en playa Jacó viendo el atardecer con una muchacha muy hermosa y el 23 de junio de ese mismo año estaba durmiendo en una celda máxima seguridad de (la cárcel) La Reforma. Es una cosa de locos. En la vida, en un parpadeo, a usted le puede cambiar la vida”. La declaración en una sala de juicios es de Celso Gamboa, un hombre récord en altos cargos públicos en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Costa Rica, cuatro días después de que un tribunal lo convirtió en el primer costarricense sujeto a extradición a Estados Unidos para que responda por cargos de narcotráfico y conspiración. Es, coinciden muchos, un grave indicio de que el crimen organizado pudo haber penetrado en el sistema institucional de la nación centroamericana y de que este necesita del poderoso hombro de Estados Unidos para atender casos más complejos.

Tenía razón Gamboa. La vida le cambió radicalmente cuando autoridades policiales costarricenses lo detuvieron en San José en junio, en coordinación con la DEA, y pudo circular una noticia seria que llevaba años difundiéndose en modo rumor en esferas de poder al país centroamericano: el exmagistrado y exministro de Seguridad podría ser uno de los líderes de los grupos que trafican cocaína y que han hundido en un mar de violencia a la otrora apacible Costa Rica hasta convertir la inseguridad en el primer problema señalado por la población. Es el país donde la tasa de homicidios se duplicó en la última década hasta que, en 2023, alcanzó la cifra máxima en la historia y nada hace prever una baja significativa en el corto plazo.

Gamboa, un abogado de 49 años, pudo haber aprovechado sus abundantes contactos políticos y policiales para ayudar a mover droga desde Colombia hacia los ricos mercados del norte, según las acusaciones policiales. A eso y a actividades relacionadas, al parecer, se dedicaba junto al bufete que abrió desde que en 2018 fue destituido del cargo de magistrado por un asunto de presunta corrupción. Hasta antes había sido un escalador de posiciones de poder, un hombre hábil y entrador que iba más de policía que de jurista, un político ambicioso, un comunicador que se proponía bajar del olimpo a la Corte Suprema de Justicia. Unos y otros le aplaudían, aunque siempre hubo quiénes lo miraban con recelo. “Cuidado con Celso”, era una frase común. Se le llamó siempre por su nombre de pila, y ahora más.

“Cuidado con Celso”

En los últimos siete años siguió hablando por sus redes sociales y ocasionalmente en noticias, como cuando parecía representar a un equipo de fútbol profesional de Limón, la provincia del Caribe que consideraba su casa y que desde hace años registra las mayores tasas de homicidios y de flujos de droga. Su cuenta en la red X aún lo muestra con la camisa del club de fútbol que ahora está bajo sospechas de haber servido para legitimar dinero sucio. Su bio deja claro el perfil: “Exdirector de Inteligencia y Seguridad Nacional/ Exministro de Seguridad/ Exministro de Presidencia/ Ex Fiscal General/ Exmagistrado/ CEO de Limón”. No tuvo espacio para agregar que también fue fiscal antidrogas en Limón con muy buena prensa. También muestra la dirección web de su bufete, pero esa página da error. La última comunicación la hizo ocho días antes del atardecer romántico en las playas del Pacífico central y nueve días antes de caer en un hoyo que lo llevará hasta las cárceles de Texas, aunque todavía no se sabe cuándo.

La extradición no será inmediata. De hecho, podría tardar meses. La resolución judicial indica que, antes, él debe responder ante dos causas penales que tiene pendientes por asuntos de corrupción y la posibilidad de una condena que debería cumplir en suelo costarricense, en principio. Mientras tanto, seguirá durmiendo en una pequeña celda de máxima seguridad bajo vigilancia especial para garantizar que llegue el momento de entregarlo vivo y sano a Estados Unidos. Por eso, a la diligencias judiciales lo trasladan con un inusual operativo policial, cubierto con un chaleco antibalas y casco. “En Costa Rica hay quienes lo quieren muerto y en Estados Unidos lo quieren vivo. La vida de él corre peligro. Por eso medidas reforzadas”, dice un exfiscal refiriéndose a la posibilidad de que él delate a otros nombres importantes. En el polarizado entorno político actual, el movimiento afín al presidente Rodrigo Chaves espera que Gamboa involucre a figuras cercanas a los partidos tradicionales y en estos cruzan dedos para que en Texas diga algo sobre las autoridades actuales que permita explicar por qué en este cuatrienio el fuerte aumento de luchas armadas entre narcotraficantes y la fuerte caída en decomisos de droga. Ya comenzó la campaña electoral para los comicios nacionales de febrero y Celso puede ser un factor, advierten analistas políticos.

Bandos políticos aparte, la captura y extradición de Gamboa marca un “hito”, como decía el fiscal general, Carlo Díaz, minutos después de conocer la autorización judicial para la primera entrega de un nacional a las autoridades de otro país. Para él, se trata de una marca histórica “importante en el fortalecimiento del Estado de Derecho y un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”. Para otros, no deja de ser el reconocimiento de una derrota, la admisión de incapacidad costarricense para investigar, detener y enjuiciar a los mayores líderes criminales. “No es para celebrar, porque estamos cediendo soberanía. Lo que pasa es que la realidad y la necesidad se imponen”, dijo un abogado penalista que tampoco quiso ver su nombre publicado.

Con él coincide Pilar Cisneros, la jefa de la bancada legislativa oficialista y promotora de la reforma legal aprobada en mayo para permitir la extradición de costarricenses. “Es otra cosa si saben que pueden ir a parar a las manos de un sistema implacable”, comenta la legisladora, que reconoce que la propuesta viene de años atrás y que se aprobó ahora al calor de la escalada de violencia y las dudas sobre las capacidades de las instituciones policiales y judiciales, además del interés de Estados Unidos de atacar el narcotráfico en el Caribe y Centroamérica. Un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que Gamboa supuestamente ayudó con alertas sobre acciones policiales a un sospechoso de narcotráfico de apellidos Arias Monge, conocido como Diablo, el hombre más buscado por las autoridades costarricense y estadounidenses en el país, que ofrecen $500.000 a quien ayude a capturarlo.

Nadie hubiera pensado que el primer extraditado podría ser Celso; mucho menos él mismo, quien tiempo atrás había expresado apoyo a la posibilidad de permitir esas extradiciones de costarricenses sospechosos de narcotráfico. Ni su madre, una connotada jurista que fue ministra de Justicia. Ni sus amigos o colegas, muchos de los cuales ahora lo niegan y rechazan hablar de él en público. “Si digo algo malo de él, me dirán que soy traidor. Si digo algo bueno, me van a decir cómplice. Si digo algo neutro, unos y otros van a decir que estoy mintiendo”, dijo uno de cinco abogados que rechazaron opinar en público sobre el caso Celso.

“Yo era una de las que nunca estuvo tranquila con él. A mí no me daba confianza”, advierte Pilar Cisneros sobre los tiempos en que ella era codirectora y presentadora del principal noticiero del país. Otros dicen que su relación era sólo profesional o formal. Lo dicen incluso los ministros actuales de Justicia, Gerald Campos, y de Seguridad, Mario Zamora, el hombre que en 2010 recomendó a la entonces entrante presidenta, Laura Chinchilla, nombrar como viceministro al valiente fiscal que destacaba en la provincia de Limón, según contó la exmandataria ante una comisión legislativa. “El Celso de esa época venía muy bien precedido de la cobertura noticiosa”, justificó Chinchilla, quien lo calificó como “un hombre con una gran energía, siempre estaba activo y era un tipo con una gran habilidad para relacionarse”. En eso coinciden todos: labioso, entrador, atrevido y trabajador. Después de seis años de una trayectoria meteórica en el Poder Ejecutivo en el Judicial, llegó a la élite como un influyente magistrado y dio pie a otros adjetivos: “fanfarrón y chulo”, dice un exmagistrado que convivió con él. “¿Corrupto? Hubo especulaciones, sí, pero jamás pensamos que con asuntos de narcotráfico”, admite. Entonces Gamboa tenía apenas 40 años, y lanzaba indirectas de que también tenía ambiciones de ser presidente de la República, recuerdan.

Fue en 2017 cuando a Gamboa se le involucró en un escándalo llamado “cementazo” con un empresario a quien incluso acompañó en un viaje a Panamá. El caso salpicó a los tres poderes de la República y él pagó su factura al ser destituido del cargo de magistrado por una mayoría suficiente en la Asamblea Legislativa, algo inédito. Gamboa, que nunca se dio por perdedor, decía que demandaría al Estado y que recibiría una indemnización millonaria mientras se dedicaba al ejercicio privado de la profesión. En su historial de clientes conocidos están sospechosos de narcotráfico, un exasesor del actual presidente Rodrigo Chaves y el Gobierno de Nicolás Maduro, entre otros. Tampoco ha escatimado tiempo en opinar sobre política y seguridad con sus posiciones de mano dura, aunque ahora, desde la cárcel, se pronuncia en favor de los derechos humanos de los privados de libertad, una condición que ahora tiene él y que, dice, podría tener incluso el presidente Chaves, como mencionó en una frase inquietante el mismo día en que habló de cómo le cambió la vida en un pispás.

“Tenemos un presidente de la República que se ha vanagloriado de decir que ningún juez de este país lo va a obligar a reinstaurar o a restituir derechos que nos han dado y puede ser que mañana también lo veamos en (prisión) La Reforma. Es un tema que no voy a discutir aquí, sino que probablemente tenga que ir a discutirlo con el fiscal general o con autoridades norteamericanas”, dijo ante un tribunal, familiares y prensa. Semanas atrás, en una entrevista, dijo que introducir cocaína a Costa Rica es muy fácil por decisiones del gobierno de Chaves, como la reubicación de una sede de Guardacostas en el Pacífico Sur. El mandatario, por su parte, asegura haber hecho todo lo posible desde el Ejecutivo para combatir el narcotráfico, refuta los numerosos cuestionamientos dirigidos desde la oposición y ha rechazado cualquier vínculo con el sospechoso, mientras no deja de acusar al Poder Legislativo y al Judicial por no avanzar en políticas de mano dura. La excepción ha sido el apoyo para construir en meses próximos una prisión que intenta emular el diseño de la cárcel que desde El Salvador el presidente Nayib Bukele exalta como símbolo de su éxito contra bandas criminales.

En Costa Rica, el problema no es de pandillas, sino de bandas asociadas a la multimillonaria industria de las drogas ilícitas, capaz de penetrar en los poderes políticos, como lo reconocen expertos y autoridades. Son grandes empresas que a fuerza de sangre o dinero pelean por sus mercados y han hecho que Costa Rica pase de ser el cuarto cuarto país más seguro del continente a ser el tercero peor en una década, incluidas víctimas ajenas a las bandas criminales. La vida de Celso Gamboa puede servir para narrar cómo cambió el entorno de seguridad en Costa Rica; como testigo privilegiado, como un indicio o un posible delator de otras figuras que no saben cuándo verán un atardecer en la playa por última vez en mucho tiempo.