Perú: crimen organizado y una oscura transición

Después de años de desgobierno y el manejo del país por el Pacto Corrupto, se podría decir, optimistamente, que el Perú tiene hoy una oportunidad. Que no debería desaprovecharse. La salida de Dina Boluarte ha abierto una etapa de transición que, en principio, debería marcar un punto de inflexión en la vida republicana.

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Después de años de desgobierno y el manejo del país por el Pacto Corrupto, se podría decir, optimistamente, que el Perú tiene hoy una oportunidad. Que no debería desaprovecharse. La salida de Dina Boluarte ha abierto una etapa de transición que, en principio, debería marcar un punto de inflexión en la vida republicana.

Pero ese propósito choca de frente con un obstáculo monumental: el Congreso que sigue intacto, el mismo que sirvió de instrumento y cobertura del llamado Pacto Corrupto. Y que, por lo demás, es de donde salió el nuevo presidente, José Jerí, congresista él mismo.

El Congreso: nido de las leyes procorrupción

Durante los últimos años, ese Congreso dictó todas las leyes que consolidaron el poder del crimen organizado en el país. En nombre de una supuesta reactivación o seguridad, aprobaron leyes que desmantelaron piezas clave del sistema de control y fiscalización. Allí se incubó buena parte del desmoronamiento institucional que hoy se padece. Entre esas normas destaca la derogatoria del Decreto Legislativo 1607, que regulaba la tenencia y el comercio de explosivos. Su eliminación dejó un vacío legal que facilitó la distribución irregular de dinamita, en beneficio de redes ilegales que operan desde la minería informal hasta el narcotráfico.

Junto con ello, se aprobaron reformas que debilitaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reduciendo su capacidad para rastrear operaciones sospechosas y congelar activos vinculados al lavado de dinero. A ello se suman normas que obstaculizan la cooperación judicial internacional. En especial en casos de corrupción y crimen organizado transnacional. Y, como si fuera poco, se promovieron iniciativas para acortar plazos procesales, reducir penas y despenalizar conductas que favorecen la impunidad de los poderosos. El resultado: un marco jurídico a la medida del delito.

Encrucijada

El Perú está hoy ante una encrucijada: se reafirma en su vocación republicana o se hunde definitivamente en la captura criminal del poder. La reconstrucción institucional exige una mayoría cívica y política capaz de levantar las bases de un nuevo pacto republicano. Uno que reemplace la cultura del silencio por la de la responsabilidad, y la complicidad por la transparencia.

Hasta el momento no se ve la luz al fondo del túnel. El nuevo jefe del Gabinete tiene una carrera y sistemáticas declaraciones de onda macartista y contraria a las normas y estándares internacionales sobre derechos humanos. Poca distancia para que arranque con fuerza –¡de nuevo!- el objetivo siniestro de retirar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y la “gestión” gubernamental del novísimo presidente Jerí se podría decir que “arrancó” mal: con la policía reprimiendo este miércoles a una masiva manifestación de jóvenes en Lima. Murió allí, bajo las disparos de un policía (en hechos grabados por las cámaras del municipio), un muchacho rapero de 32 años, Eduardo Ruiz Sáenz.

Mientras, el Consejo de Ministros sigue intacto. Y no se ha sabido, tampoco, de cambios en los mandos de la policía. Y todas las leyes procrimen, siguen, también, intactas. ¿”Transición" hacia dónde?