Ortega divide a Nicaragua en “regímenes especiales de desarrollo”, zonas de legislación opaca creadas con miras a China

A medida que pasan las semanas, los impactos de la profunda reforma a la Constitución Política ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo comienzan a verse y discutirse por separado en Nicaragua. Entre los más de 100 artículos modificados, el 175 ha encendido las alarmas porque cambia la “división política administrativa” del país, al crear “regímenes especiales de desarrollo”. Es decir, el equivalente a las Zonas Especiales de Desarrollo (Zede) que instauraron e impulsaron en Honduras a partir de 2013 los Gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, este último condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Las Zede fueron duramente criticadas en Honduras –y derogadas por la Administración de Xiomara Castro en 2022– por ser regímenes fiscales y aduaneros extraterritoriales con independencia presupuestaria, fiscal y jurisdiccional que “violaban, alteraban, modificaban y lesionaban el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado”.

En el caso de Nicaragua, la pareja presidencial ha agregado a la división y administración del territorio nacional los “regímenes especiales de desarrollo” sin debate previo, ya que la reforma constitucional ya ha sido aprobada por el Parlamento Sandinista en primera legislatura, cuando un cambio de ese calado requería de una Asamblea Nacional Constituyente. Algo que no se hizo.

El nuevo artículo 175 establece lo siguiente: “El territorio nacional se dividirá para su administración en departamentos, regiones autónomas de la Costa Caribe, regímenes especiales de desarrollo y municipios. Las leyes de la materia determinarán la creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales”.

Aunque ahora no se conoce en mayor detalle el funcionamiento que tendrán los “regímenes especiales de desarrollo”, especialistas en municipalismo y analistas políticos alertan de los riesgos que implica para Nicaragua la creación de estas figuras que proveen condiciones especiales, al margen de la jurisdicción local, para atraer capital e inversiones foráneas que ayuden al desarrollo económico.

El riesgo es aún mayor si se toma en cuenta –coinciden los expertos– el antecedente de la aprobación de ley 840. Esta norma entregaba al misterioso empresario chino Wang Jing no sólo la concesión para construir un mega canal interoceánico, sino que creaba para él un entramado legal que le permitía confiscar cualquier propiedad que deseara y pagarla al precio de catastro, muy inferior al de mercado. De la mano de que el concesionario no estaba sujeto a la ley nacional en ningún sentido, entre otras amplias prerrogativas.

Un contexto chino en Nicaragua

Si bien el proyecto canalero de Wang Jing fracasó por su falta de credibilidad técnica, ambiental y comercial, a mediados de noviembre pasado Ortega revivió la promesa del paso interoceánico, y ofreció la empresa interoceánica a 250 empresarios chinos que llegaron a Managua a participar en una cumbre empresarial. El desempolvo de la aventura canalera ocurre en un momento en que la pareja presidencial no sólo reconoció diplomáticamente a China Continental a finales de 2021, sino que suscribió un tratado de libre comercio con Pekín y ha abierto, de par en par, el minúsculo mercado nica a los chinos, aunque sin mucho éxito hasta ahora, porque el principal socio comercial de Managua sigue siendo Estados Unidos.

Otro factor relevante en este contexto chino en Nicaragua es que los Ortega-Murillo han entregado 13 concesiones mineras a tres empresas chinas entre octubre de 2023 y abril de 2024. Por ejemplo, la transnacional china Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, S.A sumó más de 39 mil hectáreas para explotación en solo tres meses, convirtiéndose en la segunda sociedad china con mayor superficie terrestre otorgada para la extracción de minería metálica en el país.

Al margen, el Gobierno sandinista ha anunciado inversiones como la construcción de un puerto de aguas profundas en el Caribe Sur, específicamente en la ciudad de Bluefields. Este viraje del régimen sandinista hacia el regazo chino es lo que agita más las suspicacias tras conocerse la creación de estos “regímenes especiales de desarrollo”.

“Están creando un nuevo nivel que, de acuerdo con nuestros conocimientos, les permitirá decidir unilateralmente la creación de lo que en otros países se conocen como Zonas Especiales de Desarrollo (Zede). Es el regreso a los enclaves que conocimos en el somocismo”, advirtió Mónica Baltodano, historiadora y exguerrillera sandinista en el exilio, pero también una investigadora dedicada al estudio de la autonomía municipal en Nicaragua.

“Son espacios para que operen empresas transnacionales con absoluta independencia. Existieron en Honduras. Son territorios en los que no rige ni la constitución ni las leyes. No están sometidos a la soberanía del país. Eso es un esquema ultra neoliberal, en los que los trabajadores no tienen derechos y las empresas no tienen obligaciones; ni tributarias, laborales, ambientales o de ningún tipo”, dice Baltodano a EL PAÍS.

Más opacas que las Zedes hondureñas

Félix Maradiaga, politólogo y ex precandidato presidencial en el destierro, dice a este diario que los regímenes especiales de desarrollo de los Ortega-Murillo pueden ser todavía más opacos que las Zede hondureñas.

“Mientras las Zede buscaban atraer inversiones privadas bajo reglas de libre mercado, los ‘regímenes especiales’ de Ortega y Murillo son concesiones opacas y arbitrarias, diseñadas para beneficiar exclusivamente a China”, sostiene Maradiaga. “Este modelo no solo entrega territorio nacional a intereses extranjeros, sino que lo hace sin transparencia ni respeto por las comunidades locales. Es un esquema de saqueo que sigue el patrón de la fallida ley del canal, hipotecando los recursos naturales de Nicaragua y subordinado al país a los intereses de Pekín. Ortega no está construyendo desarrollo; está vendiendo la soberanía nacional. Nicaragua merece un futuro, no un régimen que lo ceda al mejor postor”.