Los seguidores de Evo Morales amenazan con “incendiar” Bolivia ante su posible arresto por un caso de violación
Grupos de campesinos cocaleros cortan carreteras mientras las autoridades judiciales emiten una alerta migratoria para evitar que el líder indígena abandone el país
Los seguidores de Evo Morales tensan la cuerda con el Gobierno de Luis Arce. Desde este lunes, campesinos cocaleros cortan la mayor parte de las carreteras que comunican el Chapare, bastión político del expresidente, con el resto de Bolivia. Manifiestan así su rechazo a la intención del Estado de detener a Morales para enjuiciarlo por un presunto caso de “estupro [abuso de menores] agravado con trata de personas”. Las autoridades judiciales han emitido, además, una “alerta migratoria” para evitar que salga del país. El líder indígena está refugiado en su hogar en Villa Tunari, una pequeña ciudad que vive de la coca y el turismo en Chapare. Los dirigentes declararon a la televisión que buscan “resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” del presidente del Movimiento al Socialismo (MAS).
La policía ha reprimido con gases lacrimógenos un bloqueo en Parotani, un pueblo cercano a la ciudad de Cochabamba que no está en el área de cocales. Las autoridades, en cambio, no han intervenido contra los bloqueos en la zona cocalera, que cuentan con el apoyo directo de la población.
Los cortes de carreteras tienen también otro propósito declarado, esto es, que el Gobierno de Luis Arce resuelva dos aspectos de la crisis económica que vive el país: la falta de dólares y la escasez de combustibles. Por esta razón, Arce convocó a su exmentor político y ahora irreconciliable enemigo a un diálogo para tratar las demandas evistas que no tengan que ver con el proceso judicial en contra del expresidente. La invitación también es para otros cinco dirigentes, de modo que los evistas no sospechen que se trata de una argucia para detener al expresidente. Evo Morales no asistirá, pero Arce lo esperará a la hora establecida ante las cámaras de televisión.
La Fiscalía investiga a Morales porque supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años a la cual se acercó, según la demanda, haciéndoles favores políticos a sus padres. Según la acusación, esto sucedió cuando Morales era presidente y tenía 56 años.
El padre de la víctima se encuentra en prisión preventiva porque rechazó presentarse a declarar sobre el caso, mientras que la policía aún no ha podido localizar a la madre. Morales tampoco asistió a la citación del fiscal y es por ello que enfrenta una orden de arresto. Desde entonces, el Chapare y los cocaleros se hallan movilizados para impedirlo. Uno de los dirigentes amenazó con “incendiar el país” si su líder era buscado por la policía.
Los abogados defensores señalan que la fiscalía está “fraguando un caso” porque “no existe prueba”, ya que la víctima se niega a declarar y sus padres son acusados, no acusadores. También arguyen que un fiscal ya desestimó el caso en 2019, pese a que entonces Morales ya no gobernaba. El elemento material al que se aferra la acusación es un certificado de nacimiento en el que el supuesto padre reconoce a la hija con una adolecerte que en ese momento tenía 16 años.
“El Gobierno traidor construyó una ruta judicial y violenta para acabar con el Proceso de Cambio… pretenden inhabilitarnos a través de procesos judiciales”, escribió Morales en X. Atribuyó al Gobierno el deseo de “promover tal nivel de violencia legitimada, que resulte en episodios como el atentado contra la vida de [la expresidenta argentina] Cristina Fernández”. Y aseguró: “No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática”.
Aunque lo que está en juego es la candidatura de Morales a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2025, la pelea se enmarca en el principal problema de los bolivianos, que es la crisis económica. El país ha dejado de ser una potencia gasífera, como lo fue hasta hace no mucho, y eso ha desequilibrado completamente las finanzas nacionales. Hace dos semanas, Bolivia dejó de venderle gas a Argentina, con lo que se acabó un negocio que se remonta a los años sesenta del siglo pasado. Este cierre se debe tanto a los descubrimientos argentinos en el yacimiento de Vaca Muerta como a la incapacidad que ha tenido Bolivia para mantener una provisión suficiente para el norte argentino. Arce responsabiliza de esta situación a los errores de los gobiernos de Morales, en los que participó como ministro de Economía, y el expresidente afirma que los problemas son por la “incapacidad” de su antiguo delfín.
Mientras el MAS se despedaza en su lucha fratricida, la oposición comienza a calentar motores para la campaña electoral que comienza oficialmente en febrero próximo, pues las elecciones se realizarán en agosto.
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