La diplomacia española intenta mediar en las tensiones en Venezuela

Después de 10 días de estar incomunicada, la activista Rocío San Miguel, detenida por el Gobierno de Venezuela tras ser acusada de ser parte de una supuesta conspiración, recibió la visita de su hija. La concesión se dio después de una semana de tensiones en el país por el endurecimiento de la represión contra los disidentes del chavismo y de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, conversara telefónicamente el sábado con su homólo...

Después de 10 días de estar incomunicada, la activista Rocío San Miguel, detenida por el Gobierno de Venezuela tras ser acusada de ser parte de una supuesta conspiración, recibió la visita de su hija. La concesión se dio después de una semana de tensiones en el país por el endurecimiento de la represión contra los disidentes del chavismo y de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, conversara telefónicamente el sábado con su homólogo, Yvan Gil, sobre la situación de la abogada y defensora de derechos humanos.

La diplomacia española intenta entrar a mediar en la crisis venezolana. El caso de San Miguel, de nacionalidad española al igual que su expareja Alejandro González, también detenido por el mismo caso, ha sido un escándalo por el alto perfil de la activista, una figura relevante de la sociedad civil venezolana. A eso se sumaron las denuncias por las violaciones del debido proceso, formuladas por sus abogados, y las medidas paralelas que ha tomado el Gobierno de Nicolás Maduro como la expulsión de los representantes de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos Naciones Unidas tras haber pedido garantías durante el procesamiento de San Miguel. Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación por lo ocurrido en Venezuela en las últimas semanas. España dio un paso más y abrió un canal interlocución a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En Venezuela, organizaciones de la sociedad civil han convocado este martes una concentración en la sede de la Embajada de España en Caracas para solicitar la liberación de la activista y de todos los ciudadanos españoles que está presos por causas políticas. A fines de diciembre de 2020, el Gobierno español retiró a su embajador de la época, Jesús Silva, sin nombrar un sucesor. Silva había sido acusado por el Gobierno de Maduro de facilitar la salida a España a Leopoldo López, preso político que escapó del arresto domiciliario y se refugió en la sede de residencia del embajador español. Hace un año, Caracas recibió nuevamente las cartas credenciales del diplomático Ramón Santos Martínez, en medio del deshielo con Venezuela que se produjo con la llegada de Joe Biden. En otros casos, a través de la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que se empleó como interlocutor entre las partes en otros intentos de negociación con la oposición, se han logrado excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

A Rocío San Miguel se le acusa de espionaje por ser parte de una supuesta trama llamada Brazalete Blanco que supuestamente planificaba el magnicidio de líderes del chavismo y del presidente Maduro. La detuvieron la madrugada del viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, cuando iba a tomar un vuelo a Miami junto a su hija. Dos días después, el Ministerio Público informó de su detención, pero la abogada estuvo en paradero desconocido durante cinco días hasta que el juez ante el que fue presentada designó su sitio de reclusión, por lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la repetición de un patrón de desaparición forzada recurrente en las detenciones de opositores y activistas críticos con el Gobierno.

El fiscal Tarek William Saab ha presentado este lunes una serie de mapas de Venezuela incautados durante un allanamiento en la casa de la activista. Las láminas, así como otros documentos encontrados a otros supuestos implicados en el caso, son parte de las evidencias con las que la justicia venezolana la incrimina.

La hija de San Miguel, Miranda Díaz, que también estuvo detenida cuatro días por el caso y fue liberada con medidas cautelares, obtuvo la autorización para visitarla el domingo en El Helicoide, la cárcel del servicio de inteligencia. “Pudo constatar que su madre, a pesar de la injusta privación de su libertad, se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. Que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, dijo Joel García, parte de su equipo de defensa. También denunció que aún no se les permite constituirse como defensores de la detenida, asistida en la audiencia de presentación por abogados designados por el Gobierno.

Encuentro entre negociadores

Este lunes las delegaciones del Gobierno y la Plataforma Unitaria volvieron a reunirse luego de la crisis que generó la inhabilitación de María Corina Machado, candidata escogida en primarias para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este 2024. La sesión fue promovida por los facilitadores del Reino de Noruega y se realizó en Caracas, en la sede de la Asamblea Nacional. Después de la reunión cada parte dio su versión de lo discutido y evidenciaron un desencuentro.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y representante de Maduro en la negociación, señaló que la oposición presentó sus propuestas para el cronograma electoral, así como lo han hecho otros sectores afines al chavismo, para presentarlo al Consejo Nacional Electoral, que es el ente que según ley debe planificar y convocar los comicios en Venezuela. “Vamos a analizar la propuesta que trae la Plataforma Unitaria a los efectos que todos se sientan incluidos en este proceso de conformación de un cronograma electoral. Queremos insistir en que esta es la forma que hacemos los demócratas y no quienes tienen siempre segundas intenciones o segundas agendas”, señaló.

Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, señaló que entregaron al facilitador noruego Dag Naylander un documento en el que denunciaron el escalamiento de la represión en Venezuela y el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo de Barbados en varios puntos que van desde la persecución de los organizadores de las primarias y la inhabilitación de María Corina Machado y Henrique Capriles hasta la detención de San Miguel y la expulsión de los miembros de la ONU.

“Ambas partes nos obligamos a mantener un clima de paz para que pueda haber unas elecciones limpias y transparentes. Todo el escalamiento de la represión que ha venido aumentando no contribuye en nada a esa paz”, señaló el dirigente, quien resaltó que aceptó reunirse en Caracas, de forma excepcional, pese a que el memorando de entendimiento de la negociación establece que los encuentros deben ser fuera del país.

Blyde reclamó además que no se ha avanzado con las garantías electorales acordadas como la realización de un operativo especial de inscripción y actualización del Registro Electoral o la invitación de observadores internacionales. Aun así, reiteraron que su intención es seguir en la ruta electoral y que, de acuerdo con la tradición, las presidenciales deben hacerse en diciembre. El chavismo ha deslizado su interés en hacer los comicios antes de esa fecha. Esta semana, se espera, todos mostrarán sus cartas.

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