Venezuela libera a los familiares de Rocío San Miguel, pero envía a la activista a la prisión del servicio de inteligencia

Rocío San Miguel permanecerá recluida en El Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia venezolano. La defensa de la activista confirmó la decisión del Tribunal 2do de Terrorismo en el que fue presentada la noche del lunes, después de estar más de tres días incomunicada y sin que su entorno supiera de su paradero, por lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la ocurrencia de una nueva desapa...

Rocío San Miguel permanecerá recluida en El Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia venezolano. La defensa de la activista confirmó la decisión del Tribunal 2do de Terrorismo en el que fue presentada la noche del lunes, después de estar más de tres días incomunicada y sin que su entorno supiera de su paradero, por lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la ocurrencia de una nueva desaparición forzada en Venezuela. A San Miguel no se le permitió ser asistida por sus abogados y se le asignó un defensor público. Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, y sus hermanos Miguel San Miguel y Alberto San Miguel fueron excarcelados este martes bajo un régimen de presentaciones periódicas ante los tribunales, prohibición de salida del país y prohibición de declarar a los medios, según informó el abogado Juan González Taguaruco. Durante la audiencia, la activista pudo ver a sus familiares presos, pero cuatro días después de su detención en el aeropuerto de Maiquetía, no ha tenido contacto con su equipo defensor ni con otros familiares.

El Ministerio Público dijo que San Miguel está siendo imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Alejandro González De Canales, militar retirado y expareja de San Miguel, también quedó arrestado en los calabozos de la Dirección de Contra Inteligencia Militar, en Caracas, y se le investiga por la supuesta revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la Nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

En un comunicado, el fiscal Tarek William Saab afirmó que “dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales” se realizaron las audiencias de presentación de San Miguel y sus familiares como parte de las pesquisas de la supuesta trama llamada Brazalete Blanco, una de las cinco nuevas conspiraciones para asesinar a Nicolás Maduro que el chavismo ha denunciado. El fantasma del magnicidio siempre ha estado presente en el Gobierno chavista. En sus primeros años en la Presidencia, Maduro denunció al menos 15 conspiraciones en su contra. Su antecesor, Hugo Chávez, también alertó sobre decenas de intentos de asesinarlo. El fiscal Saab agregó en su mensaje que existe una “feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de occidente”.

Las autoridades no explicaron las razones por las cuales los familiares de San Miguel quedaron con sus libertades condicionadas, pero se ha vuelto una práctica en detenciones arbitrarias realizadas en los últimos años apresar al entorno de la persona objetivo para ejercer más presión, algo que se ha quedado registrado en los informes de la Misión de Determinación de Hechos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidos. La abogada y su familia ya habían sido víctimas de hostigamiento, persecución y allanamientos años atrás, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó en 2012 medidas de protección a ella y a su hija Miranda, entonces menor de edad.

El caso de San Miguel ha causado conmoción en Venezuela, donde más de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos, partidos políticos, universidades y gremios han pedido su liberación. Afuera, también ha levantado las alarmas de la comunidad internacional que sigue el agravamiento progresivo de la crisis venezolana, luego de que en octubre se firmaran los acuerdos de Barbados que buscaban allanar el camino hacia unas elecciones presidenciales con garantías democráticas que deben realizarse este 2024. La Unión Europea ha pedido este martes la inmediata liberación de la defensora y especialista en seguridad en defensa. La portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Nabila Massrali dijo estar “profundamente preocupada” por la reciente detención. “Pedimos su liberación inmediata y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los defensores de los derechos humanos”.

Este nuevo episodio de persecución, que comenzó a principios de 2024 con la detención de varios colaboradores de María Corina Machado, la principal aspirante opositora a la Presidencia, los que también fueron implicados en supuestas conspiraciones de magnicidio, pone en suspenso la posibilidad de retomar las conversaciones. Estados Unidos había logrado acelerar el proceso de entendimiento hablando directamente con el alto Gobierno de Maduro, en encuentros secretos en Doha que se realizaron durante el año pasado. Esta ronda previa condujo a los acuerdos de Barbados y a las primeras flexibilizaciones temporales del esquema de sanciones petroleras y de gas que pesa sobre Venezuela, el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela y, también, a la firma de compromisos democráticos que tanto el chavismo —que decidió, por vía judicial, bloquear la candidatura de Machado y torpedear las primarias en las que fue electa—, como la oposición dan por incumplidos.

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