El Gobierno de Gustavo Petro incrementa más de un 23% el salario mínimo en Colombia: queda en dos millones de pesos

El presidente Gustavo Petro ha decretado un alza del 23,8% para el salario mínimo de 2026. La cifra, que reciben 2,4 millones de empleados en el país, queda en 2 millones de pesos mensuales (unos 533 dólares), incluyendo el auxilio de transporte por 249.095 pesos. Se trata del aumento más alto en este siglo —la última vez que el salario mínimo en Colombia subió más de un 20% fue en 1997—, superando los incrementos vistos en 2022, 2023 y 2024, cuando fueron del 13%, 9% y 5%, respectivamente. Petro ha hecho el anuncio este lunes en una alocución pregrabada, donde explicó que la subida de este año “se ha hecho con base en los estándares internacionales del salario mínimo vital”.

“El salario o el ingreso vital familiar, no es individual, porque los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos”, dijo el presidente en la alocución, junto a su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y su hija menor, Antonella Petro. “Un salario mínimo que garantice que la familia pueda tener lo mínimo vital”, agregó el mandatario, da la oportunidad de “reproducirse en dignidad”. El presidente dice que buscó una fórmula para una familia de tres a cuatro personas, con uno o dos trabajadores en promedio. El aumento es mucho más alto del que pedían los sindicatos de trabajadores del país, que era del 16%.

Desde el ámbito empresarial, Fenalco ha calculado que los costos laborales para 2026 serán de 3 millones de pesos mensuales por trabajador en obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales. La Andi, por su parte, publicó en X que este aumento “genera grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”. El riesgo inflacionario es, de hecho, el telón de fondo que más inquieta en el corto plazo. Bancolombia prevé que la inflación termine 2026 en el 5%, fuera del rango meta por sexto año consecutivo, y advierte que cada punto extra en el salario mínimo sobre inflación y productividad añade 0,06 puntos al encarecimiento (IPC). Pero ya el ajuste está hecho y a inicios de año se espera la indexación del mínimo en los precios de los sectores como los servicios y los arriendos.

A solo siete meses de dejar el poder presidencial, esta es la última alza que Petro podrá decretar con su firma, antes de las elecciones de mitad de año. El aumento llega por decreto tras el fracaso del diálogo tripartito que cerró sin acuerdo el pasado 15 de diciembre. La decisión, presentada como un acto de justicia social por el presidente, llega en un momento en que la economía se mueve entre dos fuerzas opuestas: la necesidad política de proteger el poder adquisitivo y la urgencia técnica de contener la inflación y preservar la estabilidad fiscal. “Esto va a aumentar el empleo porque sube la demanda y así habrá más negocio”, culminó Petro en la alocución. En un mensaje en su cuenta de X, añadió que “el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.

La escena no ocurre en el vacío y se produce mientras el Banco de la República mantiene una postura contractiva para frenar la inflación, que ha estado pegajosa en alrededor del 5%, dos puntos porcentuales por arriba de la meta. Hoy la tasa de política monetaria está en el 9,25 %, y diversos analistas han advertido que la restricción podría subir hasta por encima del 10% en 2026 si las presiones de encarecimiento se intensifican. Un informe de Bancolombia muestra que un aumento del salario mínimo muy por encima de inflación y la productividad obligaría al Emisor a sostener tasas altas por más tiempo, retrasando los recortes y encareciendo el crédito para hogares y empresas.

La tensión entre el Gobierno y el banco central se recrudece con la noticia del nuevo salario mínimo. Los ataques han sido constantes a lo largo del año y en la última reunión de 2025, el ministro de Hacienda, Germán Ávila (que tiene asiento en la Junta que decide la política monetaria), negó los razonamientos del gerente del Emisor, Leonardo Villar, para plantarse en la tasa que impera desde abril. En la rueda de prensa, en la que además Ávila anuncio por sorpresa que decretarían una emergencia económica, a Villar se le vio muy incómodo. Pero el Banco mantiene su independencia en un momento en el que los mercados internacionales buscan señales de credibilidad en medio de la alta presión fiscal.

El centro de análisis económico ANIF coincide y advierte que los aumentos reales excesivos del mínimo generan presiones en rubros como educación, salud, transporte o cuidado personal, sectores intensivos en mano de obra. La experiencia reciente lo confirma: desde 2015, el salario mínimo ha crecido de forma sistemática por encima de la inflación y la productividad, y esa brecha se traduce en precios más altos y expectativas desancladas. El efecto no es inmediato, pero se acumula y, a la larga, erosiona el mismo poder de compra que se busca proteger.

A esta ecuación se suma el muy comprometido frente fiscal. Bancolombia prevé un déficit del Gobierno Nacional Central de 6,5 % del PIB en 2026 y una deuda pública de 63,4 %. El incremento del mínimo añade presión sobre las nóminas públicas y sobre el pago de intereses, en un año marcado por rezagos presupuestales y rigideces del gasto. La ANDI calcula que el aumento implicará 400.000 millones de gasto público adicional. El Estado no solo enfrenta un mayor costo laboral, sino que debe financiarlo en un mercado donde la curva de TES se mantiene alta, lo que encarece las emisiones y prolonga la fragilidad de las cuentas fiscales. Todo ocurre mientras la estrategia de manejo de deuda de Javier Cuéllar, director de Crédito Público, intenta contener el deterioro, pero con un margen que se estrecha con cada decisión que amplía el gasto estructural.

El mercado laboral, con tasas de desempleo en mínimos históricos, tampoco está libre de riesgos. Bancolombia augura que los desocupados seguirán siendo una estadística de un solo dígito, de alrededor del 9%, pero con una informalidad que ronda el 55% del mercado laboral. ANIF alerta que la reducción gradual de la jornada laboral —tras la aprobación este año de la reforma laboral— ya encarece la hora trabajada; y que sumarle un alza fuerte del mínimo eleva el umbral de entrada a la formalidad, llevando a las empresas hacia la informalidad. Sectores como el comercio, el alojamiento y las comidas, intensivos en trabajo y dependientes de la demanda, son los más expuestos a este choque de costos.

El decreto es celebrado entre los trabajadores, pero el mercado y el Banco de la República lo leerán con cautela. El salario mínimo alto de hoy puede redundar en más inflación mañana. La pregunta es si el país podrá sostener el equilibrio entre el bienestar inmediato y la estabilidad macroeconómica, en un escenario donde cada punto adicional de aumento se convierte en un desafío para la política monetaria, la disciplina fiscal y la credibilidad económica del país cafetero.