La negociación del salario mínimo se enciende con disputas entre los gremios y el Gobierno

Este lunes 1 de diciembre se instaló la mesa de concertación para definir el salario mínimo en Colombia, pero la escena inaugural tuvo un gesto que anticipa el desenlace: la silla vacía de Fenalco, el gremio del comercio, se convirtió en símbolo explícito de la fractura en torno a la discusión que pretende fijar la remuneración de millones de trabajadores. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, explica a EL PAÍS que refrendan “la decisión de no participar porque el Gobierno se ha montado a hablar de cifras de dos dígitos, lo que complica la inflación y es nocivo para la economía del país”...

Este lunes 1 de diciembre se instaló la mesa de concertación para definir el salario mínimo en Colombia, pero la escena inaugural tuvo un gesto que anticipa el desenlace: la silla vacía de Fenalco, el gremio del comercio, se convirtió en símbolo explícito de la fractura en torno a la discusión que pretende fijar la remuneración de millones de trabajadores. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, explica a EL PAÍS que refrendan “la decisión de no participar porque el Gobierno se ha montado a hablar de cifras de dos dígitos, lo que complica la inflación y es nocivo para la economía del país”. Para el antiguo político conservador, la negociación de este año es “una burla para los empresarios”.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo y veterano político de izquierda, no deja pasar la provocación: “Si el señor Jaime Alberto Cabal quiere hacer política, debería renunciar a Fenalco y lanzarse al Congreso”, responde, antes de aclarar que el Gobierno no tiene aún una cifra sobre la mesa. “El único que ha dicho algo es Armando Benedetti [el ministro del Interior]. Pero la última palabra la tiene el presidente Gustavo Petro, con recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda”, explica. Sanguino defiende que subir el mínimo “es una forma de luchar contra la pobreza en el tercer país más desigual del mundo”, y celebra que otros gremios, como la poderosa ANDI y la industrial ACOPI, “están en toda la disposición de negociar un salario justo y digno”. En todo caso, el mínimo toca a pocos: según el DANE, 11,3 millones de ocupados, el 44,37% del total, ganan menos del mínimo, y solo 2,4 millones (el 10,1%) lo reciben.

Cabal recoge el guante: “Si defender la estabilidad de las empresas y la salud de la economía es hacer política, pues seguiremos haciéndola”, replica, y advierte sobre los que llama costos ocultos de un aumento elevado: “Hoy el costo total de un trabajador supera los 2 millones de pesos. Si se sube un 10%, estaría llegando casi a los 3 millones. Y con el incremento se indexan tarifas de transporte, peajes, copagos de salud, multas… Mejor dicho, sale lo comido por lo servido”, concluye. Para frenar el efecto de indexación en vivienda, Sanguino ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara un decreto para desvincular del salario mínimo otros valores, como los de las viviendas que se entiende como de interés social y prioritario.

El choque entre el Gobierno y los empresarios, dos de los tres lados de la mesa tripartita a la que obliga la ley, es evidente. La voz sindical, el tercer actor de la negociación, llega con una propuesta ambiciosa que añade presión al sector empresarial. John Jairo Narváez, director del Departamento de Organización y Planeación de la CUT, la mayor central obrera del país, explica que su planteamiento parte de un referente internacional: “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de que el salario en Colombia debería ajustarse a un estándar cercano a los 3 millones de pesos. Por eso, nuestra propuesta en la mesa es una subida del 16%, que llevaría el mínimo a 1,88 millones, incluyendo auxilio de transporte”.

Narváez reconoce que la cifra está lejos de lo que aceptan los gremios, pero insiste en que no se trata solo de un número: “El aumento del salario mínimo no es únicamente para quienes lo ganan. Es un componente social que impacta la dinámica de los servicios públicos, la canasta familiar y la capacidad real de pago de los hogares”, y critica la actitud empresarial: “Los empleadores quieren colocar todas las trabas posibles para que no haya un acuerdo directo”. Al mismo tiempo, critica el argumento clásico sobre pérdida de empleo: “Hay estudios, incluso de premios Nobel, que demuestran que a mayor salario, mayor productividad. Esa visión contradice el discurso de los empleadores colombianos”.

El cruce de declaraciones sube la temperatura, pero las cifras piden calma. Para calcular el aumento del salario mínimo, la teoría económica recomienda —y la ley exige— tener en cuenta dos variables: la inflación y la productividad. A esto se suman el contexto fiscal y social, porque un ajuste desbordado no solo impacta el bolsillo, también las expectativas y la estabilidad macroeconómica. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque y rector de la Universidad EIA, lo resume: “Una decisión excesivamente alta puede disparar expectativas de precios, frenar el recorte de tasas por parte del Banco de la República y aumentar la informalidad”, comenta.

“Estamos en un momento fiscal muy complicado”, ahonda, por lo que afirma que el esfuerzo debe ser moderado: “Debería consultarse la inflación causada este año más la productividad, que ubicaría la subida en algo así como en el 7,5%”. Y advierte que el riesgo trasciende lo técnico: “Más del 55% de la fuerza laboral es informal y no recibe el salario mínimo. Para ellos, un aumento desproporcionado no es un alivio, sino un golpe: precios más altos en la canasta básica, pérdida de poder adquisitivo y un círculo vicioso de informalidad”.

Por la línea técnica también camina Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo: “Con la inflación en el 5,5% y la productividad apenas positiva, el aumento debería estar entre el 6% y el 6,5%”. Pero la negociación parece condenada: “No existe ninguna posibilidad de consenso porque las medidas son desproporcionadas. Y seguramente se está aprovechando esta decisión con el interés político de activar el proceso electoral”, advierte Restrepo. La mesa está instalada, pero todo indica que el salario mínimo se definirá por decreto, como ocurre cuando no hay acuerdo, y que ello sucederá en medio de las tensiones políticas propias de un año electoral y de los riesgos económicos que ya están sobre la mesa.