Petro desafía a Trump y radicaliza su agenda de cara a 2026

La descertificación de Colombia por el Gobierno de Donald Trump, en su lucha para la erradicación de cultivos de uso ilícito, generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro. Desde el aeropuerto militar de Catam, con el avión presidencial de fondo y la bandera de Colombia como telón, r...

La descertificación de Colombia por el Gobierno de Donald Trump, en su lucha para la erradicación de cultivos de uso ilícito, generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro. Desde el aeropuerto militar de Catam, con el avión presidencial de fondo y la bandera de Colombia como telón, retó al jefe de la superpotencia por su equivocada decisión, y le mostró las cifras históricas de incautación de cocaína, número de hectáreas erradicadas, y policías asesinados, en una guerra en la que Colombia ha pagado, desde hace varias décadas, un precio demasiado alto, mientras la demanda en Estados Unidos no cede.

Colombia es víctima del narcotráfico, y víctima, además, de la equivocada visión de una superpotencia que insiste en convertir las selvas de Colombia en un desierto bañado con glifosato, con campesinos hambrientos y ríos muertos. Recuerdo una conversación, hace ya bastante tiempo, con el hoy gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien me contó que, siendo ministro de Medio Ambiente de Ernesto Samper, tuvo en Washington una entrevista con funcionarios antinarcóticos para argumentarles las inconveniencias del uso del herbicida. La respuesta lo dejó impactado: no les importaba que Colombia se convirtiera en un desierto, solo que no entrara droga a su país. Esa conversación de 1997 tiene plena vigencia.

Colombia sigue atascada en esa mirada imperialista del problema. No pesa cuánto daño se haga a la naturaleza, ni qué precio pague la democracia, ni cuántos muertos queden en el camino; lo importante es acabar con la producción, no con la demanda. Las cifras que reveló el presidente Petro son la esencia de un debate que debería asumir el mundo con la mayor serenidad, para ver los daños de la fallida política de erradicación forzosa; los beneficios de la erradicación integral; el enorme esfuerzo de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico; la tenacidad de la justicia que no cede en la política de extradición de los grandes capos; la valentía de los funcionarios que lideran el Programa Nacional de Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito; y la perseverancia de la canciller Yolanda Villavicencio y el embajador en Washington, Daniel García-Peña, en hacer pedagogía y abrir canales de diálogo permanente con Estados Unidos, para que el Congreso y los altos funcionarios de esa superpotencia tengan una mirada integral del problema y de la solución.

La gran tragedia en estos tiempos de construcción de un nuevo orden internacional es que Colombia siga atascada en una agenda narcotizada con Estados Unidos, contra la que se luchó durante muchos años, para trabajar desde una mirada despolitizada, con base en la cooperación, el respeto a la soberanía y la libre autodeterminación, y la generación de oportunidades. Lo que hay es un regreso a las viejas políticas imperialistas del garrote y la imposición de doctrinas militaristas ineficaces. Basta recordar que en 1996-1997, durante el Gobierno del presidente Samper, Colombia fue descertificada, como un golpe político para buscar la renuncia del mandatario, incurso entonces en el juicio político, en el llamado Proceso 8.000.

La descertificación se da ahora, precisamente, en un ambiente de tambores de guerra en el Caribe, con una movilización militar sin precedentes para amenazar la soberanía de Venezuela, con el argumento de que Nicolás Maduro no solo es un dictador, sino el jefe del llamado Cartel de los Soles. La extrema derecha colombiana, que mantiene un diálogo fluido con sus pares republicanos más reaccionarios de Miami, aplaude la posibilidad de que Trump invada Venezuela, y de paso, piden que también actúe contra el presidente Petro, es decir, contra Colombia.

La miopía política de la extrema derecha pasa por pedir una intervención militar norteamericana para tumbar a Petro y enterrar a la izquierda democrática. Es una fantasía estimulada por mucho tiempo. Ya antes habían pedido un golpe de Estado, en una conspiración fallida que lideró el excanciller Álvaro Leyva y aplaudió Vicky Dávila. Sin duda, una agresión militar a Venezuela sería detonante de una mayor conflictividad en Colombia. No ha sido cuantificado el impacto negativo de un fenómeno de ese tamaño en el desarrollo democrático de Colombia. Millones de nuevos inmigrantes, mayor empoderamiento de las guerrillas que actúan como retaguardia en la frontera común, nacionalismo extremo, afectación de la economía, son solo algunas de esas consecuencias. El incendio de Venezuela chamuscará a Colombia.

El regreso a la narcotización de la agenda bilateral con Estados Unidos no es un cuento chino. Es el sello de la administración Trump, que castiga al presidente Petro por su ideología y su agenda internacional contraria al genocidio de Gaza, que promueve la multilateralidad y rechaza la intervención militar contra cualquier país soberano. La decisión de Estados Unidos afecta el rumbo democrático de Colombia, que en los próximos meses elegirá un nuevo presidente. La descertificación pretende ser usada por la extrema derecha como glifosato puro contra la izquierda, que ha reaccionado a ese ataque con madurez, y le ha dejado al presidente la defensa del progresismo ante la Administración de Trump. Lo que está en juego es la reelección del proyecto político de la izquierda.

Por supuesto que la descertificación ha alentado una narrativa nacionalista, en un país que ha demostrado en las encuestas su rechazo a las políticas impositivas de Trump, como la expulsión de los inmigrantes, su política arancelaria, y decisiones unilaterales contra los Gobiernos que contrarían sus arbitrarias decisiones. El presidente Petro, no solo ha demostrado que la decisión es un ataque político contra él, sino que se ha radicalizado en su narrativa de la necesidad de profundizar y acelerar las reformas.

Desde La Dorada (Caldas), donde no necesita visa -como decía Samper cuando se la quitó el Departamento de Estado- ha retomado la tesis de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha gravitado durante su Gobierno y estuvo asociada a su inminente reelección, cosa que ya es imposible.

“¿Quieren que este programa siga? ¿Quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad?”, le preguntó a una multitud de beneficiarios de titulación de tierras, un programa que alcanzó la histórica cifra de 800.000 hectáreas entregadas. Y a renglón seguido se respondió: “entonces, poder constituyente, no hay otro camino, es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el Gobierno del Cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del Presidente de la República”.

Petro convocó a los campesinos y organizaciones sociales a movilizarse y promover esa iniciativa: “cómo volvemos realidad, el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”. Esa idea, en medio del debate electoral del 2026, se convertirá en un nuevo dinamizador de la izquierda, que busca a través de una consulta escoger un candidato de unidad.

Cuando aparezcan ese candidato que encarne el ideario petrista, y el que defina el jefe de la extrema derecha, Álvaro Uribe, comenzará en serio la campaña. Lo que hay hasta ahora es un festival de vanidades, en la que 107 candidatos, en su mayoría gente sin ninguna opción, han confundido al electorado, hecho ruido y mostrado la enorme fragilidad de la democracia y las reglas de juego para participar.

La descertificación de Trump, ha envalentonado a Petro, lo ha radicalizado y le ha abierto espacio para levantar la bandera de la Constituyente, una vieja obsesión aspiracional. Petro sigue retando a la derecha y demostrando que no necesita certificación para romper paradigmas y hablar de dignidad y respeto a la soberanía.