Las víctimas del secuestro critican la primera condena de la JEP contra las FARC: “La sensación de impunidad es rampante”

Se sabía, desde 2016, que este sería un momento difícil, que vendría un “sapo” duro de tragar. Cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos pedía el apoyo de los ciudadanos al acuerdo de paz con las FARC, para que se aprobara en un referendo, muchos se opusieron a que los guerrilleros pudieran no pasaran ni un día en la cárcel si confesaban sus delitos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese día, nueve años después, llegó, y las críticas regresaron también. Este martes, la JEP dictó su primera sentencia condenatoria contra siete miembros del antiguo secretariado de las FARC por el delito de secuestro, del que fueron víctimas al menos 21.000 personas. Serán ocho años de sanción, con proyectos restaurativos y de memoria, y una movilidad vigilada por las autoridades, pero ni un solo día de cárcel. Las voces de protesta que se alzaron hace nueve años, se han amplificado. Las de apoyo, en cambio, han sido más modestas. Ante un tema tan delicado, nadie está de fiesta.

Una de las posiciones intermedias viene de la Comisión Colombiana de Juristas, organización no gubernamental que representa a unas 1.400 víctimas del secuestro y que compartió en sus redes sociales un reconocimiento a la JEP por su primera decisión de fondo. En entrevista con W Radio, su directora de Ana María Rodríguez admitió que muchas “personas que tienen muchísima molestia”, pero aclaró que otras “tienen unas percepciones distintas, y en general todo el mundo está muy satisfecho de que se haya impuesto la sanción”. Aclaró, en todo caso, que el problema pasa por “un asunto muy puntual: la sentencia omitió una parte fundamental de cualquier decisión judicial y es precisar cuál es la sanción a la que está obligado cada uno de los siete comparecientes”.

En otras palabras, aunque la JEP dice que los siete deben ejecutar proyectos restaurativos en cinco áreas (que van desde eventos de memoria hasta trabajar en el desminado), deja las especificidades en el aire. “La sentencia no dice, por ejemplo, cuánto tiempo deben dedicarle a cada una de estas líneas, ni a cuál de ellas”, añade Rodríguez.

Muchos de los antiguos secuestrados fueron políticos y militares. En su gran mayoría han manifestado individualmente su rechazo, porque consideran que las FARC no ha respondido con verdad por los más de 21.000 casos de secuestro que encontró la justicia transicional. Si bien la JEP realizó audiencias públicas en las que los comparecientes respondieron por algunos de los casos individuales, desde un principio era claro que ellos deberían responder en macro por el delito, pues sería imposible juzgarles por cada hecho. Esa selección, que está definida desde el Acuerdo, hoy genera sensación de impunidad y rechazo.

Jaime Felipe Lozada, excongresista conservador, es hijo de un exgobernador del Huila secuestrado y asesinado por las FARC, Jaime Lozada. Su hermano y su madre también fueron secuestrados por el mismo grupo. Y él, recordó en sus redes sociales, también lo estuvo durante tres años. “Lo digo sin rencor, pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”, escribió en su cuenta de X.

Ingrid Betancourt, a quien las FARC secuestraron en 2002, cuando hacía campaña a la Presidencia y estuvo en cautiverio hasta que el Ejército la rescató en 2008, criticó duramente la sentencia. “Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las FARC total impunidad”, afirmó en Blu Radio. “Los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados”, añadió. Anunció que apelará la decisión del tribunal, usando los recursos internos establecidos en la JEP, pero fue más allá. “Esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional (...) este proceso se vendió al mundo como un modelo de no impunidad y reparación a las víctimas, pero nada de esto se dio”.

Una posición casi idéntica la expresó Juan Camilo San Clemente, abogado que representa a las familias de los 11 diputados del Valle del Cauca que fallecieron taras cinco años de cautiverio, después de ser secuestrados por las FARC en 2002. “Para las víctimas deja un sinsabor, es una sentencia que refleja una impunidad, porque lo único que se ha buscado ante la JEP es que exista esa verdad plena, detallada y exhaustiva”, dijo San Clemente. “Lastimosamente, a la fecha, eso es algo que no se ha visto”. El abogado añade que va a buscar la apelación en los recursos internos, para eventualmente acudir a la Corte Penal Internacional y buscar allí esa verdad exhaustiva.

Clara Rojas, quien fue asistente de Betancourt en 2002 y fue secuestrada con ella el mismo año, también criticó que se diga que las víctimas han estado en el centro del proceso de justicia en la JEP. “Los invito a reflexionar y pedirles el favor que no nos sigan diciendo que las víctimas estamos en el centro porque no es así”, escribió en sus redes sociales. “Este no es un modelo para repetir, en lo que toca a la instrumentalización a las víctimas, y tampoco es cierto que 4.000 víctimas, fueran atendidas. Muchas escuchadas, quizá, pero hasta ahí”, añadió.