El Gobierno de Petro choca con la Contraloría por la crisis de la Nueva EPS

La crisis de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país con 11 millones de afiliados, ha abierto una disputa interpretativa entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Contraloría General de la República. El organismo encargado de auditar las cuentas públicas compartió el 9 de septiembre un informe que muestra que la situación financiera de la entidad de mayoría estatal es insostenible, con deudas que superan los 21 billones de pesos (unos 5.250 millones de dólares). Para la Superintendencia de Salud —que hace parte del Ejecutivo e intervino la EPS en abril de 2024—, en cambio, se trata de un problema contable, que se debe a la falta de un paso operacional para aclarar qué pagos se han hecho debidamente.

En busca de claridad, el superintendente Giovanni Rubiano pidió este lunes a la gerente interventora, Gloria Polanía, completar el proceso de legalización de los pagos “en pocas semanas”. Pero la respuesta institucional de hoy refleja una tensión más grande y profunda, en la que ha intervenido directamente el presidente Gustavo Petro, feroz crítico del sistema de salud creado en 1993 y quien ha dedicado gran parte de sus tres años de mandato a intentar sacar una reforma legal que lo modifique. El viernes, en una alocución presidencial, defendió la actuación de su Gobierno —advirtió que “no rescataría a ninguna EPS”— y culpó de la innegable crisis al modelo de aseguramiento, que ha intentado reformar sin éxito desde su llegada a la Casa de Nariño. Para Alejandro Gaviria, ministro de Salud del Gobierno de Juan Manuel Santos, el problema es estructural: “El Gobierno ha decidido enfrentarse a los organismos de control y acomodar la narrativa del informe de la Contraloría, ignorando su responsabilidad en el agujero financiero que se ha hecho en la Nueva EPS”.

El informe del ente de control es demoledor. Los pagos pendientes por legalizar pasaron de 3,4 billones de pesos en 2023 a más de 15 billones en junio de 2025, un salto del 349%. “La intervención no se ha manejado bien. Ha habido tres interventores en año y medio, no se han presentado resultados financieros y el sistema está sumido en un desorden que todo el mundo percibe”, resume el experimentado político. Gaviria considera que el desbarajuste contable ha pasado a ser ya operativo: “La primera palabra que todo el mundo usa para describir lo que pasa en la Nueva EPS es ‘caos’. Prácticamente hay una historia en cada región del país. En Nariño ya no contratan con el hospital universitario; en Manizales no se sabe quién entrega los medicamentos porque Audifarma no lo está haciendo. Eso antes no era así”, sentencia quien también fue ministro de educación del presidente.

La Contraloría demostró que la Nueva EPS ha contabilizado pagos pendientes a terceros, pese a que no hay certeza a qué servicios corresponden, ni si fueron ejecutados. La investigación fiscal, basada en más de 4.500 archivos recolectados durante cuatro años, identificó más de 22 millones de facturas sin auditar por la EPS, por un valor de 22,1 billones de pesos. También identificó 9,1 millones de facturas duplicadas y que el 40% de esas obligaciones se concentra en solo 36 prestadores. “Estos problemas no estallan como una crisis financiera sistémica, que son de un día para otro. Esto va a seguir empeorando día a día, paso a paso, mes a mes”, advierte Gaviria.

De momento, la crisis ya va más allá de los balances. La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio esta semana a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, designados por la junta directiva que el Gobierno de Petro removió, por presunto ocultamiento de facturas y desviación de más de 70.000 millones de pesos. Los acusados son José Fernando Cardona Uribe, presidente de la entidad entre 2009 y comienzos de 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. Según el escrito de acusación, entre 2019 y 2023 se dejaron de procesar cerca de 14 millones de facturas expedidas por distintas IPS (clínicas, hospitales o centros médicos que atienden a los pacientes), lo que habría permitido a la EPS mantener una buena imagen financiera ante la Supersalud.

Críticas del Gobierno

El presidente ha reforzado la narrativa de crisis con declaraciones públicas que cuestionan el modelo de sanidad actual. En un mensaje publicado en la red social X, tildó de “desalmados” a “los responsables de haber ocultado cinco billones de pesos en deudas no pagadas”. Y continuó diciendo que lo hicieron “para ocultar que estaban quebrados, y así continuar pidiéndole más dinero al Estado, que es el pueblo”, sentenció.

Las críticas se acumulan, pero ninguna esclarece el panorama. Augusto Galán, ministro del ramo hace tres décadas y director de Así Vamos en Salud, un observatorio ciudadano independiente sobre el sistema de salud colombiano, advierte de que la falta de reportes financieros transparentes desde 2024 impide dimensionar la magnitud de la crisis: “No conocemos su verdadera situación patrimonial. No se puede analizar el futuro de la salud en Colombia sin datos de la EPS más grande del país”, señaló a El Tiempo.

En paralelo, en la mañana de este lunes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en declaraciones a W Radio, dijo que “si tuviéramos que liquidar a la Nueva EPS, tendríamos que hacerlo con todas. Hoy todas las EPS incumplen”. A propósito, Galán destaca que “un traslado masivo de afiliados sería casi inviable, porque ninguna EPS tiene la capacidad operativa y financiera para recibirlos [son 11 millones de afiliados, casi un cuarto del total]. Eso desbordaría la capacidad del sistema”. Un informe de Así Vamos en Salud muestra que, a cierre del primer semestre de 2025, las deudas acumuladas de las EPS superan un 64% los recursos disponibles. Gaviria agrega que “ha sido una mala época” para que estalle esta crisis —las elecciones son en poco más de seis meses— y dice que los más afectados serán los usuarios: “¿Qué es lo que va a pasar? Sufrimiento humano”, remata.