Colombia eleva el tono contra las casas de subastas que venden su patrimonio cultural

El Gobierno de Colombia ha acelerado la repatriación de piezas que considera parte de su patrimonio arqueológico y cultural. Más de 850 piezas han sido recuperadas desde que Gustavo Petro llegó al poder, hace poco más de dos años. Las restauraciones, impulsadas principalmente por los Ministerios de Exteriores y de las Culturas, y facilitadas por otros Gobiernos, se enmarcan en un esfuerzo global de decenas de países —especialmente en América y África— que quieren proteger sus obras nacionales. Ahora, va en busca de más: censurar las ventas de las casas de subastas.

El primer paso en este sentido se dio la semana pasada, con un comunicado del Ejecutivo en el que rechaza la subasta realizada por Sotheby’s, en París, de una diadema de oro de la región Calima (hoy, Valle del Cauca), “perteneciente al patrimonio arqueológico colombiano”. El documento critica “que se mantengan las prácticas del comercio de bienes culturales”, pues considera que fomenta el tráfico ilícito y el saqueo y atentan contra el legado de las comunidades ancestrales. La casa de subastas, una de las más importantes del mundo, acabó vendiendo la pieza por 24.000 euros (unos 110 millones de pesos), a pesar de que su valor de venta estimado alcanzaba los 60.000 euros (273 millones).

“Es una acción inédita, que corresponde a un Gobierno de izquierda. En Colombia no había habido esos gobiernos [de ideología progresista], y por eso hemos hecho muchos avances en ser más audaces como otros países”, explica por teléfono el ministro de Cultura, Juan David Correa, que considera la venta de la diadema de Sotheby’s como un “acto inescrupuloso”. Ya en marzo, junto con México y Perú, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) había rechazado una subasta de la casa Millon et Associés de varias piezas de varios periodos arqueológicos.

La apuesta de Colombia por rechazar las subastas de su patrimonio imita, en buena medida, a México. Aunque Correa señala que no ha conversado con sus homólogos del país norteamericano sobre este tema, dice que las acciones de ambos países “apuntan en el mismo sentido”. México, de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, emprendió una campaña voraz para impedir la venta de piezas culturales y arqueológicas, a través de canales diplomáticos, pero también por medio de la vía judicial. Durante el sexenio de López Obrador, se recuperaron 14.000 artefactos del extranjero.

Los lotes recuperados por el Gobierno de Petro provienen de todas partes. Italia y Alemania han entregado decenas de piezas precolombinas el último año, al igual que Reino Unido, Bélgica y México. En septiembre, las autoridades recolectaron 115 bienes culturales que estaban en Estados Unidos. Pero la mirada del Gobierno está puesta en el icónico tesoro Quimbaya, que permanece en el Museo de América en Madrid, España.

Correa afirma que espera que el Gobierno español responda a una segunda comunicación, luego de no haber tenido respuesta a una carta enviada en mayo por la Cancillería, que reclama la devolución de las 122 piezas de la colección. “No vamos a ceder. Antes de amenazar con conflictos diplomáticos, lo que corresponde es conversar de manera franca de asuntos incómodos”, responde al silencio del Ejecutivo europeo.

Una venta legal

La subasta de la diadema Calima en Sotheby’s es legal, expone Charlotte Pieri, directora de Bogota Auctions, la primera casa de subastas de Colombia. La experta, que ha dedicado parte de su carrera a la protección del patrimonio, señala que la pieza formaba parte de una colección privada en Europa desde 1967, adquirida de un coleccionista de Nueva York, según consta en la ficha técnica. Es decir, el objeto estaba fuera del país antes de la década de los setenta, cuando se creó la convención de la Unesco sobre la exportación ilícita de bienes culturales, firmada por Colombia y por Francia. “Es una venta totalmente legítima, a menos que el Gobierno demuestre que la pieza salió del país después de 1970”, dice en una llamada.

Pieri agrega que no existe “ninguna herramienta jurídica” que pueda aplicar Colombia para solicitar la restitución de aquel artículo. “La normativa colombiana, que nos aplica [a las casas nacionales] y respetamos, no puede imponerse en el exterior”. Según la Constitución de 1991, todo bien arqueológico es propiedad del Estado colombiano, por lo que en el país está prohibido comercializar con este tipo de elementos.

Pese a que, jurídicamente, el Gobierno parece estar atado de manos, la experta resalta que el esfuerzo debe seguir adelante, en principio, con la protección de las piezas que se encuentran en territorio nacional para combatir el tráfico ilícito de obras, que sigue latente.

El empeño de Colombia para proteger su patrimonio abre otro debate: ¿qué debería considerarse como tal? Para Halim Badawi, crítico y curador de arte, la legislación nacional es “torpe y anticuada”. “Hay piezas del período colonial que no tienen el más mínimo interés y hay piezas de arte moderno que son capitales para la historia de Colombia y que hoy pueden venderse y exportarse sin ninguna restricción”, señala en un intercambio de mensajes de texto.

Para el también miembro del comité asesor del Museo de América en Madrid, debería haber una “patrimonialización selectiva”, pues considera que el mismo rigor de protección no debería aplicar para un fragmento de una cerámica que para una pieza capital. “Eso lleva a que el ICANH y el Museo Nacional se atesten de objetos, cuya exposición, investigación y socialización será imposible. Hay piezas que tienen más sentido en museos o en colecciones privadas”.

El Gobierno espera que el avance que asume que ha hecho en los últimos años no se limite únicamente a este periodo presidencial, en caso de que el próximo inquilino de la Casa de Nariño sea un presidente de derechas. Para el ministro Correa, que no oculta las críticas a sus predecesores en el trabajo de repatriación de bienes culturales, la sociedad civil debe seguir presionando a las instituciones. “Hay un vasto conocimiento de historiadores, antropólogos, artistas, quienes deben exigir más de sus gobernantes para proteger la belleza cultural de este país”.