Búsqueda de consensos, falta de mayorías y mucha tensión: así van las reformas de Petro en el Congreso, a dos semanas del fin de las sesiones

Las próximas dos semanas serán determinantes para el futuro de las reformas más importantes del Gobierno de Gustavo Petro. El Ejecutivo tiene seis grandes proyectos de ley que avanzan lentamente y en simultáneo en el Congreso: las reformas a la salud, política, a la justicia y laboral, y las leyes de jurisdicción agraria y de financiamiento. Aunque cada iniciativa está en un punto distinto, ninguna tiene las mayorías aseguradas, y ninguna está definitivamente hundida. Varios de estos proyectos tendrán que definir su suerte a más tardar del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso. Para otros, el Gobierno puede extender el plazo hasta el último día del año, si los incluye en las sesiones extraordinarias que ha anunciado el ministro del interior, Juan Fernando Cristo. “Viene mucho trabajo, viene trabajo muy intenso. No vamos a poder dormir estos más de 14 días porque vamos a tener extras”, ha dicho en diálogo con medios de comunicación.

Estas discusiones se darán en medio de un ambiente tensionado por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), que ha salpicado a nueve congresistas; por la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; por el regreso del controvertido Armando Benedetti al alto gobierno y, sobre todo, por la fuerte pelea entre el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, y Petro. En ese escenario, será clave la labor del ministro del Interior para lograr consensos. Para enfrentar los retos más complejos y con el reloj en contra, Cristo tiene el viento a favor después de tres victorias legislativas importantes: la elección de Miguel Polo en la Corte Constitucional, la de Gregorio Eljach como procurador, y la aprobación casi unánime de la reforma al Sistema General de Participaciones.

La reforma a la salud 2.0 llega a la plenaria de la Cámara sin consenso, pero con mayorías

El proyecto para transformar de raíz el sistema de salud iniciará esta semana la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, tras superar su primer debate en la Comisión Séptima. Se espera que el Gobierno logre los votos para aprobar una iniciativa que, en una primera versión esencialmente igual a la actual, le costó a Petro su gabinete de coalición con el centro, el rechazo de buena parte de la opinión pública y su primera gran derrota parlamentaria.

Si nada extraordinario ocurre, además de los votos gobiernistas del Pacto Histórico, el Partido Verde, Comunes y los representantes de las víctimas, votarán a favor los congresistas de los partidos formalmente en independencia como La U, el Liberal y el Conservador. Con ello, el Ejecutivo obtendrá la mayoría. Los únicos que mantienen un claro rechazo son los parlamentarios opositores de Cambio Radical y el Centro Democrático, y algunos independientes, como las verdes Katherine Miranda y Catherine Juvinao. Aunque la reforma no se hunde si no se aprueba antes del 16 de diciembre, sí sería un tropiezo para los planes del Ejecutivo de terminar el año con el aval de la Cámara. En todo caso, el escollo más difícil será el siguiente, el debate en la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió el primer proyecto.

La reforma política tiene ocho días para salvarse

La reforma política, un proyecto para cambiar la Constitución en varios puntos, sí necesita que la plenaria del Senado la apruebe en su cuarto debate antes del 16 de diciembre. Le quedan siete días calendario para salvarse y, así, poder enfrentar otros cuatro debates en 2025. La propuesta, que también fracasó en su primera versión, no tiene las mayorías aseguradas, y el ministro Cristo está buscando llegar a consensos para evitar otra nueva derrota.

El proyecto busca que la financiación de las campañas políticas sea 100% estatal, no mixta; que las listas al Congreso sean cerradas (que los ciudadanos voten por el partido, no por un candidato particular) y cremallera (intercalando mujeres y hombres), y que los parlamentarios no participen en la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esos objetivos chocan con los intereses de los grandes caciques del Senado, pero el Gobierno ha logrado algunos apoyos con artículos que podrían beneficiar a algunos congresistas, como el que les permite cambiar de partido sin sufrir sanciones.

La reforma a la justicia avanza rápido y con amplio apoyo

La reforma la justicia, que busca modernizar y agilizar la aplicación de justicia, ha logrado un apoyo unánime en sus aprobaciones en la Comisión Primera y la plenaria del Senado, donde sumó 59 votos a favor y solo 1 en contra. El proyecto tiene el visto bueno de las autoridades judiciales e incluso de la Procuraduría que lidera Margarita Cabello, fuerte crítica del Gobierno.

El conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado y opositor, ha celebrado el avance del proyecto: “Tras 10 intentos fallidos, logramos dar este paso, fruto de un consenso ejemplar con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, y el Ministerio de Justicia”. El camino que falta para que el proyecto se convierta en ley parece despejado: el Gobierno tiene mayorías en la Comisión Primera de Cámara y la plenaria, que deben aprobarlo. Se espera que eso ocurra en el primer semestre de 2025.

La reforma laboral se enfrenta a la fuerza de la oposición en el Senado

La reforma laboral, aprobada por la Cámara, enfrenta su siguiente debate en la Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno no tiene las mayorías aseguradas. Ese parece ser el punto más difícil para el proyecto, pues es la misma célula legislativa que hace unos meses negó la reforma a la salud. Ahora, además, la preside la conservadora y opositora Nadia Blel, que ha mostrado un rechazo particular a este cambio de reglas del mundo laboral. Eso pese a que el Gobierno cedió ampliamente en su ambición, especialmente frente a los derechos laborales colectivos y sindicales, para salvar la reforma en la Cámara. Aunque se esperaba que la discusión se retomara esta semana, ante las dificultades de este proyecto y el trancón legislativo, parece que el Gobierno preferirá darle prioridad a las reformas que sí necesitan una aprobación antes de terminar 2024.

La jurisdicción agraria con mensaje de urgencia y contra el tiempo

La ley de jurisdicción agraria, que reglamenta la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, debe pasar en su primer debate esta semana. El Gobierno lo ha impulsado con un mensaje de urgencia, que lleva a que lo discutan al tiempo las comisiones de Cámara y Senado. El Ejecutivo planea que, así, sea aprobada en primer y tercer debate entre lunes y martes, para luego pasar a las plenarias. Se espera que allí tenga los apoyos necesarios para convertirse en ley antes de terminar el año.

La ley de financiamiento está al borde del hundimiento

La ley de financiamiento, una reforma tributaria que el Gobierno ha presentado para fondear el presupuesto de 2025 desfinanciado en más de 12 billones de pesos, es el proyecto que tiene más difícil su aprobación. Se enfrenta a la necesidad de ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre y a la falta de mayorías, algo que ha quedado claro en la imposibilidad de siquiera acordar una ponencia, el texto que proponen unos congresistas designados para ello a sus colegas de las comisiones tercera y cuarta del Senado.

La semana anterior, los partidos Conservador y Liberal —dos de los votos bisagra en un Senado incierto— hicieron público y oficial su rechazo a la propuesta. Sus votos se suman a los de los opositores Centro Democrático y Cambio Radical, para señalar que la reforma se encamina al fracaso. En la Comisión Tercera, que preside el liberal opositor Juan Pablo Gallo, el proyecto tendría nueve votos en contra y solo seis a favor. En la Cuarta, que dirige la verde Angélica Lozano, hay nueve o diez votos en contra y solo cuatro o cinco a favor. Esas mismas comisiones rechazaron el presupuesto (que salió, por lo tanto, por decreto) con números similares.