Las finanzas de la Universidad de Antioquia quedan atrapadas en una disputa entre la derecha regional y Petro

Los estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia (UdeA) están en asamblea permanente desde hace dos semanas: se reúnen a debatir mecanismos de protesta, organizan marchas masivas y llenan el campus con grafitis y carteles. Se han concientizado de la profunda crisis financiera que atraviesa la segunda universidad pública más importante de Colombia. Hay incertidumbre: aunque la Gobernación le ha otorgado a la casa de estudios un crédito de 90.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) para cerrar el año, los ajustes presupuestales parecen inevitables. Y mientras el gobernador uribista pide mayor eficiencia a la Universidad y acusa al Ejecutivo de deudas impagas, el presidente Gustavo Petro responsabiliza a la Alcaldía de Medellín y no gira más recursos.

La crisis tiene sus raíces en las dificultades que enfrentan todas las universidades públicas de Colombia. Elizabeth Bernal, secretaria general de Asociación Colombiana de Universidades, señala por teléfono que la ley 30 de 1992 solo obliga al Ejecutivo a incrementar sus giros anuales con base en el Índice de Precios al Consumidor, pese a que los costos del sistema educativo suelen crecer más. “Cada vez tenemos más docentes con doctorado y los salarios aumentan considerablemente. También tenemos gastos importantes en mantener laboratorios, con tecnologías que se suelen pagar en dólares o euros”, ejemplifica. Asimismo, el Gobierno tiene dificultades para cumplir con metas de gratuidad que le llevan a pagar matrículas que, hasta hace unos años, abonaban los estudiantes.

La UdeA suma factores adicionales. Bernal comenta que ha avanzado considerablemente en un ambicioso plan para llegar a todas las subregiones del departamento más poblado de Colombia. Tiene casi 40.000 estudiantes en 13 sedes, frente a los 18.000 concentrados en Medellín que tenía en 1991. “Ya no es solo que un docente te dicte cursos en la capital. Hay que sumar los costos de llegar a un municipio distante, construir nuevos edificios, firmar convenios”, dice. El experto educativo Manuel Acevedo añade por teléfono que han caído las contrataciones de productos de extensión (consultorías, eventos), que representan el 55% de los ingresos —el Gobierno aporta alrededor del 40% y la Gobernación el 4%—.

Las dificultades financieras, de largo plazo, se evidenciaron en mayo por un atraso en el pago de sueldos. Salomé, una estudiante de Ciencia Política, cuenta que gran parte de la comunidad se puso a estudiar qué sucedía. “Empezamos a hacer reuniones y a analizar números. Encontramos que la Universidad ha destinado muchos recursos a infraestructuras, en sintonía con la directriz del Gobierno de aumentar la cobertura, pero eso no está enlazado con un mayor presupuesto”, subraya por teléfono. En septiembre, comenzaron a socializar sus hallazgos. “Nos fuimos organizando como movimiento y escalando las medidas. Esta última semana construimos una agenda más fuerte, hicimos diferentes bloqueos y citamos a entes gubernamentales a mesas de negociación a las que no asistieron”, relata.

El presidente ha apuntado contra sus rivales políticos. El 9 de noviembre, cuestionó a la Alcaldía de Federico Gutiérrez por no aportar recursos a la Universidad. “No me opongo al alumbrado navideño de Medellín. Es lindo. Pero mientras financiamos la Universidad de Antioquia en un 42%, la Alcaldía lo hace en un 0%. Medellín progresa si su juventud se educa”, escribió en X. Unos días después, compartió una foto de una marcha estudiantil y expresó su solidaridad. “Toda mi solidaridad a la juventud que lucha por la educación superior en Antioquia”, dijo. No mencionó que los cánticos de la movilización también iban dirigidos a su Gobierno.

La derecha antioqueña no se ha quedado atrás. El alcalde, permanente crítico de Petro, respondió que el financiamiento de la UdeA es competencia del Ejecutivo nacional y la Gobernación. “Asuma la responsabilidad y no intente crear un nuevo relato a punta de mentiras, como es su costumbre”, remarcó en X. Después, a medida que la presión crecía, aseguró en un video que está dispuesto a dialogar para aportar soluciones. “Así no tenga competencia legal, siento una responsabilidad moral”, comentó. El gobernador Andrés Julián Rendón, del opositor Centro Democrático, señaló que es la Administración de Petro la que le debe dineros a la Universidad y exigió al presidente que agilice la reforma de la ley 30 para mejorar los aumentos anuales.

Los estudiantes han quedado en el medio. Por un lado, desconfían de Rendón, que cuestionó en enero que haya alumnos que acumulan varios semestres y “nunca se gradúan” porque van “a cosas diferentes a estudiar”. Las asambleas rechazan la intención de la Gobernación de condicionar la ayuda económica a un plan de austeridad que reduzca el número de profesores ocasionales. No obstante, al mismo tiempo, algunos están desilusionados con Petro, a quien apoyaron en las elecciones de 2022. “El Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada más que postear en X. Dicen que están a favor, pero no nos han girado recursos”, dice Salomé, que integra la oficina estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

El movimiento, explica la estudiante, está unido respecto a la necesidad de enfrentar la crisis financiera. Pero algunos creen que hay que centrar la oposición en el gobernador y el alcalde, mientras otros consideran que también hay que reclamarle medidas al Ejecutivo de Petro. Salomé se encuentra entre los últimos. “Somos el juguete político de la izquierda y la derecha”, comenta.

El futuro

El rector, John Jairo Arboleda, intenta proyectar optimismo. El 8 de noviembre aseguró que algunos recortes permitirán ahorrar 17.000 millones de pesos antes de finalizar 2024 y que en los próximos meses esperan sumar 24.000 millones de pesos por la venta de terrenos. Esos recursos, sumados al crédito de 90.000 millones de la Gobernación, garantizan la sostenibilidad en el corto plazo. “La Alma Máter se mantiene abierta y de paso desmiente rumores que hacen daño al bienestar institucional”, dijo, en referencia a versiones sobre un supuesto cierre y de presuntos derroches burocráticos que, afirma, dañaron las posibilidades crediticias con la banca.

Pero las dificultades estructurales persisten. El experto Manuel Acevedo ve difícil que el Gobierno aumente el presupuesto ante su déficit fiscal. Ve como solución que la UdeA sea más eficiente. Menciona una propuesta del gobernador de dar a los profesores de tiempo completo más horas de docencia y menos de investigación y extensión, lo que permitiría disminuir el número de profesores de cátedra u ocasionales. Agrega que se pueden vender las propiedades no vinculadas a la enseñanza o la investigación, fomentar opciones de educación virtual, fusionar cursos y sumar nuevos horarios para aprovechar la infraestructura existente.

“Creemos en la educación pública y en la gratuidad, pero no es el único terreno que requiere de recursos públicos”, señala el experto, que fue presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo (ICETEX) durante el Gobierno del derechista Iván Duque. “Hay que buscar una solución estructural y no simplemente pasar el año. Debemos pensar en la sostenibilidad para que las siguientes generaciones puedan disfrutar de educación de alta calidad”, añade. Salomé, en cambio, pide que se derogue la política de austeridad, que se establezca una veeduría y que se consigan más recursos públicos. “La crisis financiera es por la mala administración y las políticas neoliberales. ¿Por qué debe recaer en los hombros de los estudiantes y trabajadores?”.