Un llamado a la acción contra la minería ilegal que amenaza la Amazonía
La expansión de la minería ilegal es la representación perfecta de la inoperancia del Estado, en sus tres niveles de gobierno y de sus tres poderes públicos, sin duda uno más protagónico que otro
Escribo esta breve columna desde la ciudad de Cali (Colombia), que alberga la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad (COP16) un espacio mundial para establecer agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica y darle un uso sostenible. Biodiversidad que encuentra sus principales amenazas en las actividades extractivas ilegales, cuya proliferación viene ocasionando pérdidas históricas de los bosques de nuestr...
Escribo esta breve columna desde la ciudad de Cali (Colombia), que alberga la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad (COP16) un espacio mundial para establecer agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica y darle un uso sostenible. Biodiversidad que encuentra sus principales amenazas en las actividades extractivas ilegales, cuya proliferación viene ocasionando pérdidas históricas de los bosques de nuestra Amazonía, contaminando los ríos y a las personas por el uso del mercurio en la minería ilegal, desestabilizando ecosistemas por la tala raza ejecutada por colonias religiosas y acrecentando la inseguridad en zonas que protegen enorme riqueza ecosistémica y cultural. La criminalidad en la Amazonía ha elaborado una fórmula que le ha permitido cooptar instituciones públicas, conformar entornos de delitos convergentes e imponer un modelo de gobernanza paralelo al propio Estado.
Una de las actividades ilegales más lesivas actualmente es la minería ilegal de oro. Su avance no tiene límites, opera en todos los países de la región andino amazónica con una fuerte presencia en zonas de frontera donde la situación es incluso mucho más grave por el abandono histórico de los gobiernos centrales y las gestiones subnacionales que han olvidado estos paisajes compartidos. La expansión de la minería ilegal es la representación perfecta de la inoperancia del Estado, en sus tres niveles de gobierno y de sus tres poderes públicos, sin duda uno más protagónico que otro.
En Perú, el Congreso de la República viene impulsando propuestas legislativas para ampliar el proceso de formalización minera hasta el año 2027 y en algunos casos indefinidamente, lo que supondría llegar a cerca 25 años de ese proceso, si tomamos en cuenta la primera ley del año 2002. La formalización es una política comprobadamente fracasada y que se ha convertido en un escudo de impunidad para que aquellos mineros que no cumplen con exigencias ambientales y sociales continúen operando sin ningún control.
Es el propio Congreso del Perú quien sistemáticamente continúa debilitando la lucha contra la minería ilegal. Entre el 2023 y 2024 se han impulsado diversos proyectos de ley que buscan ampliar la formalización minera, iniciativas legislativas sin sustento técnico ni jurídico que las soporten, incluso con opiniones contrarias del Ministerio de Energía y Minas, ente nacional responsable de la política de formalización minera. Por un lado, los funcionarios de las agencias de aplicación de la ley arriesgan sus vidas para combatir a los ilegales y recuperar territorios controlados por las organizaciones criminales; por otro, desde la capital el poder legislativo camina en una dirección contraria, dinamitando al propio Estado. Es una suerte de Estado contra Estado.
Entonces, ¿está todo perdido? No.
Nuestro continente se compone de países semejantes y unidos por un lazo que es la riqueza de la biodiversidad. Eso debería ser suficiente para consolidar alianzas más sólidas, que se traduzcan en planes de trabajo transfronterizos que involucren mejoras en las capacidades institucionales y, mínimamente, construir sistemas regionales de interoperabilidad de información y protocolos de intervención conjunta.
Es necesario aplicar estrategias integrales que ataquen las causas estructurales que habilitan las actividades ilegales, mitigar sus impactos ambientales a través de estrategias de remediación y restauración que involucren a las comunidades locales e integren saberes ancestrales, sancionar a quienes se vinculan directa e indirectamente con la actividad ilegal. Se requiere fortalecer la articulación entre los diferentes operadores de justicia para atacar la convergencia de delitos e impulsar un cambio cultural en los sistemas judiciales para relevar la importancia de las sanciones efectivas en materia ambiental.
Es urgente que los Estados se comprometan a cumplir con los compromisos internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos y a impulsar iniciativas en ese mismo sentido. Un avance en esa línea ha sido la declaración para un acuerdo internacional que atienda la cadena de trazabilidad de minerales críticos presentada en el marco de esta COP16. Es importante para Sudamérica que haya sido Colombia quien lidere esta iniciativa, que debería ser respaldada por los demás países de esa región, entre ellos el Perú, que es el segundo productor de cobre en el mundo después de Chile.
El rol de la sociedad civil es cada más vez más relevante, en varios países sus miembros son quienes comprenden de mejor manera los problemas asociados a la criminalidad ambiental debido a su trabajo en territorios muchas veces desatendidos por los Estados. Continuar con la generación de información para ponerla a disposición de quienes toman decisiones sigue siendo un ejercicio central y debe continuar. Esta coyuntura exige generar coaliciones para incidir en diferentes niveles y agendas más allá de lo ambiental, y elaborar recomendaciones respaldadas desde la experiencia y trabajo de las organizaciones.
Una acción colectiva relevante y que muestra un ejemplo de articulación efectiva es el documento de política con siete recomendaciones para combatir la minería ilegal en la Amazonía elaborado por organizaciones de Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos.
En los últimos años hemos conocido de homicidios a dirigentes de organizaciones locales, indígenas y campesinas. Son ellos quienes ponen en riesgo su integridad para hacerle frente a la criminalidad; son la primera línea de defensa de nuestra biodiversidad y también son los primeros afectados. En Sudamérica se han creado mecanismos para su protección, pero no son suficientes, cada día que pasa son más los amenazados y asesinados. Es necesario repensar la manera de brindarles una respuesta más rápida y efectiva, construida desde sus propias necesidades.
Los defensores y defensoras ambientales realizan una labor fundamental para cuidar la casa común, porque si bien la cercanía a los recursos naturales forma parte directa de su entorno, dichos recursos son patrimonio de las naciones. Es decir, al cuidar ellos la naturaleza, nos cuidan a todos y aseguran que las generaciones futuras puedan continuar disfrutando de los beneficios que implica contar con un entorno ambientalmente saludable.