Los cambios de Dominó, el plan para frenar la extorsión desde las cárceles de Colombia

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, El Negro Ober, se hizo famoso en marzo de 2023. En ese entonces se revelaron varios videos en los que se veía al cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos haciendo llamadas extorsivas desde los teléfonos públicos de la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander). Se le escuchaba amenazar a comerciantes con matarlos si no pagaban, y órdenes para que la estructura criminal continuara. Su caso llevó a que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad que maneja las prisiones, creara el programa Dominó para enfrentar una auténtica epidemia de delitos que se ordenaban y planeaban desde las cárceles.

La idea era darle un manejo especial a una treintena de presos que están calificados como altamente peligrosos por su actuar delictivo tras las rejas. Para evitar que crearan y mantuvieran redes ilegales en las prisiones, y que amenazaran o corrompieran a los guardianes que son quienes dan permisos o permiten tener celulares, cambiarían de prisión cada veinte días. Por su peligrosidad, lo harían solo entre las ocho prisiones de máxima seguridad que hay en Colombia: La Picota de Bogotá, La Tramacúa en Valledupar, Picaleña cerca a Ibagué, La Dorada en Caldas, San Isidro en Popayán, Palogordo en Girón, Jamundí en el Valle del Cauca, y El Barne, en Boyacá. Así ocurrió. El Instituto los movió durante varios meses, con helicópteros y aviones de la Policía Nacional. Pero desde junio, y en sigilo, el INPEC cambió la dinámica.

El director del Instituto, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, explica que encontraron una mejor fórmula. Por su ubicación, en Palogordo no entra la señal de telefonía celular, lo que dificulta mucho las acciones criminales. Por esa suerte de inhibidores naturales, han concentrado allí a 28 de los 35 delincuentes que están actualmente en el programa. Otro motivo, según una fuente del INPEC, fue el presupuestal. “Salía muy costoso pagar tanta gasolina para mover a una veintena de presos cada mes”, ha dicho. El plan es ampliar el pabellón de máxima seguridad para alojar a los 35, y otros que en el futuro requieran un grado similar de aislamiento, pero para eso se requiere dinero y tiempo.

Entre tanto, el Instituto defiende los logros del programa. Explica que, en poco más de un año, no solo han cambiado la ubicación de los cabecillas. El director cuenta que han llevado a cabo 1.793 operativos, han incautado 8.419 celulares desde los que se extorsionaba en las prisiones, y se han incautado de más de 528 kilos de estupefacientes y más de 73 millones de pesos (16.600 dólares aproximadamente).

Sin embargo, los cambios del programa han levantado molestia. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha alzado la voz de protesta. “De seis delincuentes de alto riesgo, pasamos a tener más de 20. Eso genera unos problemas de amenaza, de caos, de personas que vienen a visitarlos y que tienen nexos con estos bandidos”, le ha dicho el mandatario, un militar en retiro, al diario regional Vanguardia. Su incomodidad ha hecho eco en los sindicatos del Instituto. Carlos Andrés Córdoba, guardia con el rango de dragoneante y quien trabaja en Palogordo, cuenta por teléfono a este diario que, aunque la estrategia parece haber ayudado a bajar las extorsiones en otras ciudades, ha puesto en un riesgo extremo a trabajadores del INPEC en esa cárcel.

Cuenta que allí están recluidos José Manuel Vera, alias Satanás, del temido Tren de Aragua; o Digno Palomino, alias El viejo, de Los Rastrojos del Caribe. En total, la cárcel tiene 2.450 reclusos y 240 funcionarios para vigilarlos. “La situación con esos cabecillas se nos han complicado mucho. Ofrecen 100 millones de pesos a la persona que mate al capitán Durán [Eliasid Durán, el director de la cárcel], 10 millones por matar a un funcionario del INPEC. Lo hacen públicamente: lo gritan a viva voz en la parte interna de la cárcel”, cuenta el dirigente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia. “Para mí el Plan Dominó fue improvisado, nosotros acá no contamos con anillos de seguridad externos con la policía y el ejército, no tenemos seguridad externa, carecemos de personal, de rayos X, trabajamos con las uñas. Hemos sido víctimas ya de 20 amenazas directas, y pedimos garantías de seguridad urgentes”.

A inicios de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advertía que, en los meses anteriores, los funcionarios adscritos a esta prisión estaban siendo amenazados de muerte “a través de panfletos, llamadas y videos que los grupos de criminalidad organizada hacen llegar a sus celulares, sus lugares de trabajo o residencia, al tiempo que los comparten por redes sociales para tener un mayor alcance”. Una de las que registraron está fechada de 10 de mayo pasado. Fue firmada por el grupo autodenominado Muerte a Guardianes Opresores (MAGO), y está relacionada con las medidas de la operación Dominó. “En retaliación a las medidas de control implementadas contra las estructuras dedicadas a la extorsión desde el establecimiento carcelario”, dice la Defensoría.

Óscar Robayo, otro dirigente sindical del INPEC, acepta que las amenazas contra los funcionarios han incrementado desde que se puso en marcha el plan, pero lo defiende. “La estrategia ha disminuido los índices de extorsión desde las cárceles”, dice. Alega que el problema es que ninguna entidad se hace responsable por la seguridad de los funcionarios carcelarios. En 2023 fueron asesinados 21 dragoneantes en todo el país, otros 10 lo han sido este año.