Petro regula el uso de la fuerza policial para saldar una deuda con las protestas de 2021

El Gobierno de Colombia ha reglamentado el uso de la fuerza policial a través de un decreto, firmado el pasado jueves por el presidente Gustavo Petro, en el que se prohíbe el uso de la fuerza letal para proteger los bienes materiales y lo limita como último recurso ante los manifestantes. La medida responde, más de dos años después, a uno de los principales reclamos de los votantes de izquierda que apoyaron a Petro y que pedían una mayor regulación en las acciones de la Policía Nacional tras el estallido social de 2021 en el que murieron decenas de personas y un millar resultaron heridas. Voces de la oposición y expertos cuestionan si la normativa debilita la autoridad de los uniformados.

El decreto 1231 de 2024 tiene como finalidad orientar “el uso diferenciado y proporcional” de la fuerza policial a través de varios principios. Uno de ellos es privilegiar el diálogo y los medios preventivos y disuasorios antes de emplear la fuerza o las armas de fuego. Los uniformados también deben tener en cuenta la proporcionalidad, por lo que solo usarán la fuerza cuando sea estrictamente necesario y que corresponda con el daño potencial que podría provocar una persona.

En este sentido, se prohíbe explícitamente el uso de armas letales cuando la vida, de los policías o de otros ciudadanos, no esté comprometida. Por lo que para la salvaguarda de los bienes materiales o jurídicos “que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas” no se usará la fuerza letal. Tampoco para los bloqueos callejeros o los paros de vías.

A su vez, crea un esquema para el uso proporcionado de la fuerza, que promulga, por ejemplo, que en caso de agresión no letal (cuando una persona usa objetos que propicien lesiones leves), la “respuesta razonable” de los uniformados sea la disuasión por medio de Armas Menos Letales (AML), evitando que impacten en zonas sensibles como la cabeza o el cuello. En casos de resistencia pasiva (no colaborar con la Policía, sin usar la violencia), los efectivos solo pueden usar tácticas de comunicación.

Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, asegura que solo en la práctica se podrán evaluar los alcances de la normativa. “Si hay personas que están atacando un bien material como un restaurante, lanzando objetos hacia dentro, eso puede terminar afectando la integridad de quienes estén allí. ¿Cómo, realmente, se puede hacer un uso de fuerza adecuado?”, cuestiona en una llamada con este diario el también exsubsecretario de Seguridad de Bogotá.

Para Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, la normativa es “altamente inconveniente”, pues según su mirada, “maniata a la fuerza pública para intervenir, cuando las divisiones antimotines [el antiguo ESMAD, rebautizado como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden] se han creado para eso”. Ruiz está de acuerdo, sin embargo, con “la filosofía detrás del decreto”, que surge como una respuesta a la grave represión policial en varias manifestaciones durante el Gobierno de Iván Duque, en donde murieron decenas de personas y muchas más resultaron con graves heridas, incluso con mutilaciones. “La aproximación de Petro [a las protestas sociales y los bloqueos] no es tan nociva porque siempre intenta llegar a acuerdos. Pero estamos en un momento en el que cualquier persona con una reivindicación puede parar al país con una policía antimotines cada vez más light”, sostiene el académico por teléfono.

Figuras de la oposición no han tardado en criticar la medida. Vicky Dávila, directora de la revista Semana y a quienes varios ya consideran candidata a la presidencia del 2026, denuncia que el decreto “debilita a la Policía”. “Le quita facultades para actuar y le obliga a “dialogar” frente a quienes alteran el orden público. Los delincuentes deben enfrentarse con determinación sin vacilaciones”, afirma en las redes sociales. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, critica que el decreto “está cruzando la línea de la defensa de la vida a la permisividad total” y se queja de que “los violentos cada vez ganan más ventaja”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha respondido a quienes reprochan la medida: “No es verdad que los someta [a los policías] a graves riesgos. El derecho a la defensa de su integridad es siempre un derecho y ningún decreto limita el ejercicio de ese derecho. Solo que establece unas directrices muy precisas en cuanto al uso de las armas y al uso de la fuerza”, ha dicho en una ceremonia de ascenso de suboficiales de la Policía, en Sibaté, Cundinamarca.

Silvia Serrano, abogada y profesora de la Universidad de Georgetown, asegura en sus redes sociales que la normativa está en línea con lo dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la prevención de muertes en manos de la Policía. “Un punto importante del decreto es que establece un claro límite para la fuerza letal o potencialmente letal: que no puede usarse, salvo que sea para resguardar el mismo bien jurídico, es decir, la vida”, señala en X. El documento sostiene que los estándares cumplen con las recomendaciones de la ONU y la Cruz Roja en materia de fuerza policial.

Hace poco más de un mes, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) —integrado por una decena de redes y organizaciones sociales— había instado en una carta al Gobierno a avanzar “sustancialmente en una reforma integral a la Policía”. Para Movice es fundamental que la reforma policial vaya “más allá de los cambios en el nivel reglamentario”, los cuales pueden ser derogados a nivel administrativo en futuros gobiernos, por lo que pidieron entonces a Velásquez “esfuerzos de revisiones normativas de orden legal y hasta constitucional”.

La Policía Nacional tiene un plazo de 18 meses, es decir, hasta inicios de 2026, para actualizar todos los protocolos, entre los que también destaca la formación y entrenamiento de los uniformados en materia de derechos humanos y atención al ciudadano. Para comprobar la efectividad de la orden, la Policía se compromete a realizar un informe anual de rendición de cuentas que presente los resultados cualitativos y cuantitativos durante su implementación. Los impactos del decreto, positivos o negativos, se medirán con un poco más de tiempo, hacia el final de la presidencia de Gustavo Petro.

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