Los toques de queda en Medellín palidecen ante la persistencia de la explotación sexual de niños y adolescentes

En 1 de enero, el político de derechas Federico Gutiérrez regresó a la Alcaldía de Medellín con un fuerte discurso de seguridad. Como en su popular mandato anterior, entre 2015 y 2019, deseaba mostrarse como el sheriff que le devolvería el orden a una ciudad con cada vez más titulares sobre explotación sexual, trata de personas y crimen organizado. Una de sus primeras medidas fue decretar un toque de queda para menores de edad en zonas de alto riesgo de explotación sexual. “No podemos seguir siendo indiferentes. Un solo niño explotado, una sola niña explotada es demasiado. Es una tristeza lo que ocurre. Ya no más, ya no más”, exclamó el día 29 de enero. Una medida inmediata, propia de un hombre de acción. Nueve meses después, sin embargo, varios expertos señalan ese toque de queda como injusto e ineficiente ante las crecientes complejidades de la explotación sexual de menores de edad.

La decisión, similar a otras que tomó el antecesor y némesis de Gutiérrez, Daniel Quintero, tiene como objetivo enfrentar una problemática que es imposible de ocultar. Los medellinenses se han acostumbrado a ver o escuchar que niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en las calles, en los parques, en redes sociales, en hoteles, en apartamentos alquilados por Airbnb. Aunque no es un problema nuevo, en los últimos años ha adquirido mayor visibilidad. Hay una mayor presencia del crimen organizado en la coordinación de estas actividades, más migrantes venezolanos que llegan a la ciudad en situación de vulnerabilidad y un número creciente de turistas extranjeros que buscan sexo en “una cultura que promueve imaginarios sobre la disponibilidad de los cuerpos para ser explotados”, según un reporte de la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

La idea del toque de queda es que los menores de edad dejen de circular para así evitar que sean explotados. La restricción se aplica para quienes estén sin la compañía de sus padres entre las siete de la noche y las cinco de la mañana en las zonas de riesgo del turístico El Poblado, la céntrica Candelaria y los corredores de las calles 30 y 70. La Policía debe abordar a quienes incumplan la medida y llevarlos a una Comisaría de Familia. El decreto que establece la medida no detalla qué debe suceder después ni cuál es el rol del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad nacional encargada de la niñez, para acompañar los procesos. La vigencia original era hasta el 31 de julio, pero la Alcaldía ha confirmado a este periódico que ha extendido el toque de queda hasta el 31 de diciembre.

El Distrito contabilizó 161 casos de menores de edad que han sido presuntas víctimas de explotación sexual entre enero y septiembre, según otro decreto que hace unos días renovó la medida complementaria de la prohibición temporal del trabajo sexual en las zonas de riesgo. De esos reportes, 39 casos (el 24%) se dieron en el primer trimestre del año. Asimismo, 9.408 personas fueron “sensibilizadas” sobre las dos restricciones. Entre los menores de edad, el decreto señala que solo 191 tuvieron sus derechos reestablecidos y que 18 fueron puestos a disposición del ICBF. El documento enmarca estos datos en un contexto en el que “se siguen presentando situaciones que amenazan y afectan gravemente a la población [tanto adulta como menor de edad]” por factores como las rentas criminales vinculadas a la explotación sexual de menores de edad, la utilización de herramientas tecnológicas y la mayor presencia de turistas.

Los cuestionamientos

Los expertos consultados consideran que el toque de queda manda un mensaje dañino a la sociedad. Nathalia Acero, asesora de política pública y exconsejera nacional de Juventud, señala en una conversación telefónica que se restringen los derechos de la víctima y no del victimario. “Le estamos diciendo a la ciudadanía que el problema está en que los menores circulen y no en el abusador o la red de trata que incurre en esa conducta”, afirma. Algo similar considera Iván Felipe Muñoz, profesor de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y miembro de la mesa ESCNNA: “Mandan el mensaje de que la explotación sexual desaparece si se quita a los chicos”. Para el docente, son dañinas las fotos que se difunden de víctimas presuntamente protegidas en una patrulla. “Así se fomenta el imaginario de que los pelados [menores de edad] son delincuentes que buscan que los exploten”, asegura por teléfono.

La segunda crítica es que los grupos delincuenciales, encargados de mediar entre los explotadores y las víctimas, pueden sortear fácilmente las restricciones. Muñoz comenta que falsifican documentos para que los menores de edad circulen como si tuvieran 18 años o más, y que los mueven a zonas de la ciudad en las que no hay toque de queda. “Los delincuentes siguen con los catálogos en el Parque Lleras [zona con prohibición], con fotos y videos de los niños, niñas y adolescentes [que ofrecen]. Luego citan [al abusador] en un hotel o Airbnb en otra zona y allá le llevan a la víctima”, remarca. Dora Saldarriaga, exconcejal de la ciudad y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, cuestiona que el toque de queda “es una medida populista” que se limita a lo que ve el turista. “Medellín es muy grande. Hay que abrir más el panorama y ser menos clasista”, subraya.

Los recursos, además, son limitados. “Los guardas hasta las cinco de la mañana y ¿luego a dónde los mandas? Tiene que haber un proceso de restablecimiento: llamar a la red del niño, mirar en qué condiciones está, ver si está en estado de abandono. Y no hay disponibilidad de personal del ICBF”, comenta Saldarriaga. Muñoz añade que el decreto “ha sido un gran problema” para una policía con capacidades limitadas de abordar a los niños, llevarlos a la casa y hablar con los familiares. No obstante, tanto él como la exconcejal reconocen que hay mayor presencia institucional y más acciones ahora que en la Administración de Quintero.

Los expertos enfatizan en la necesidad de avanzar en la inteligencia para judicializar a los explotadores, algo que ven difícil porque pertenecen a grupos criminales peligrosos y con margen para obstaculizar las acciones judiciales. Asimismo, señalan que es aún más importante desarrollar programas sociales que resuelvan “el problema estructural” de las condiciones de pobreza y exclusión. Muñoz explica que en Medellín coinciden sectores con grandes necesidades sociales y mafias que ofrecen réditos. “Es muy difícil que un niño o niña diga que no a una oferta de dinero cuando vive situaciones tan precarias”, dice el docente, que recuerda que “ningún ser humano puede consentir su propia explotación”.

La insistencia con la norma

El subsecretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Pablo Ruiz, defiende el toque de queda en una conversación telefónica. “Llevamos nueve meses con resultados importantes, pero nos falta más. Por eso debemos renovar el decreto: nos ha permitido proteger vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes”, afirma. Explica que se trata de una medida preventiva que se complementa con acciones judiciales y de inteligencia contra los grupos criminales —enfatiza que ha habido 25 capturas de proxenetas y explotadores este año—. Cuestiona que no son solo 18 niños los que han sido puestos a disposición del ICBF, como dice el decreto. “Esos son los que llevamos a la Comisaría en un solo día”, asegura.

El funcionario evita responder si se han registrado más víctimas respecto a 2023, pero reconoce las limitaciones del toque de queda ante un problema tan complejo. “Lo que podemos hacer es mínimo frente al fenómeno. No estamos diciendo que esta medida sea la panacea, pero arrancamos con este tema y vemos que estamos avanzando”. Cuestiona a la Alcaldía de Quintero, a la que señala de no prestarle atención al tema —en eso coinciden los expertos—, y afirma que la protección de los niños, niñas y adolescentes es “la prioridad número uno” de la Administración actual.

El enojo es evidente ante la crítica de los expertos respecto a que el toque de queda responsabiliza a los niños, niñas y adolescentes. “Los decretos nunca van en contra de las víctimas, eso no es cierto. Lo que hacemos es garantizar la vida y la integridad de todas las personas (...). Nosotros a las víctimas las arropamos, las acompañamos. Les damos todo el acompañamiento psicosocial”, resalta. En particular, menciona el programa Parceras, que empezó con 150 trabajadoras sexuales y se desarrollará en los próximos cuatro años. La idea es darle a las participantes “una oportunidad, un tratamiento y un acercamiento” para evitar que sean víctimas de trata.

La Secretaría de la Mujer, en tanto, declinó pronunciarse sobre el toque de queda. Aunque lleva a cabo actividades de acompañamiento, la entidad explicó a este periódico que la vocería de este tema es exclusiva de la cartera de Seguridad.

La falta de cifras

La publicidad inicial del toque de queda contrasta con la falta de actualizaciones sobre qué tan eficiente ha sido la norma o sobre su renovación tras el vencimiento original en julio. Juan Sebastián Lopera, experto en políticas públicas y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, comenta por teléfono que esto es habitual en la ciudad. Explica que existe un Sistema de Información de Seguridad y Convivencia que diagnóstica bien las problemáticas, pero que luego no tiene capacidad de desglosar qué impacto tuvo cada política pública. Señala, por ejemplo, que la primera gestión del alcalde Gutiérrez (2016-2020) nunca explicó a qué se debía una baja inicial de la tasa de homicidios, pese a que el mandatario “sacó pecho” por eso. “Luego volvió a subir. Entonces, ¿qué de lo que hicimos falló? No lo sabemos, como no sabemos tampoco qué tuvo éxito cuando estaba bajando”, remarca.

El experto añade que el toque de queda es una cuestión de narrativa más que de política pública. “Tiene la pretensión de mandar el mensaje de que el alcalde es un hombre de acción, que resuelve rápido el problema. ¿Se resuelve a largo plazo? No. Pero se actuó rápido y eso es lo que queda en el imaginario”, dice Lopera, que reconoce que los académicos tampoco tienen datos suficientes para contrarrestar las narrativas de los políticos ante “problemas farragosos”. “Existe un patrón recurrente en Medellín. El primer acto es que un político diga que está cansado. El segundo es cerrar el Parque Lleras [uno de los puntos de riesgo]. El tercero es que un año después salga un funcionario técnico a decir que el problema es muy complejo. El cuarto es decir que hay que hacer una política pública. Luego todo se repite, sistemáticamente”, concluye.