Un atentado fallido contra el personero local muestra las costuras de la incipiente pacificación de Tuluá

La situación de seguridad en Tuluá, una ciudad de unos 220.000 habitantes en el Valle del Cauca, conmocionó a Colombia en los primeros meses de 2024. En la madrugada del 2 de enero, el concejal Eliecid Ávila falleció tras recibir varios disparos durante la noche de año nuevo. En febrero, la banda La Inmaculada desató una ola de violencia sin precedentes como represalia por la captura de uno de sus cabecillas. En abril, un grupo de sicarios asesinó a otro concejal, Carlos Arturo Londoño, justo después de que el alcalde, Gustavo Vélez, rindiera un informe por los primeros 100 días de su gestión. A partir de entonces, las cosas parecieron mejorar. El pasado viernes, sin embargo, un atentado fallido contra el personero Óscar Alejandro García, elegido por el Concejo, recordó que la violencia sigue latente.

En una conversación telefónica, la víctima rememora: “Eran como las siete de la noche cuando sentí que mi escolta empezó a disparar. Quedé aturdido, me caí, me estrellé [con el carro] y me tiré por la colina, corriendo. Me resguardé en la primera casa que encontré, mientras esperaba a la Policía. Estuve una o dos horas y nunca aparecieron”. García, encargado de velar por los derechos humanos en Tuluá, se encontraba en el corregimiento de La Marina, a poco más de 10 kilómetros del casco urbano. Según explica, se retiraba de una reunión con campesinos de la zona montañosa cuando empezaron los disparos. Tras resguardarse en una casa, fue rescatado por los guardaespaldas de otra persona con un esquema de protección.

El atentado ha llamado la atención. El alcalde denunció desde el primer día de su gestión, el 1 de enero, la penetración de La Inmaculada en el municipio e inició una batalla encarnizada por el control de la ciudad. Víctima de todo tipo de amenazas, este periódico relató en febrero cómo Vélez debía trasladarse con una caravana de motocicletas y vehículos blindados para ejercer sus funciones. El Gobierno de Gustavo Petro y la Gobernación de Dilian Francisca Toro, en tanto, se encolumnaron detrás de la Administración local y empezaron varios proyectos de colaboración pese a sus diferencias políticas.

Robert Posada, secretario de Desarrollo Institucional de Tuluá, explica por teléfono que la cifra de homicidios se redujo un 37%: de 93 homicidios entre enero y septiembre de 2023 pasó a 59 en los primeros nueve meses de este año. Asimismo, cuenta que las autoridades han capturado 250 miembros de La Inmaculada, de los cuales 31 son jóvenes ya judicializados por sicariato. “Hemos ido recuperando la tranquilidad de la ciudad de a poco”, comenta. Algo similar señala Ghina Castrillón, investigadora de la oficina Pacífico de la Fundación Pares, en una conversación telefónica: “El control territorial de La Inmaculada siguió con extorsiones constantes a los tulueños. Pero también la fuerza pública logró varios golpes importantes. Desde la ola de violencia en febrero y marzo, se redujeron las manifestaciones tan mediáticas de violencia”.

El personero García dice que no puede afirmar de dónde vino el ataque, pero señala que desde hace meses que es hostigado por una página de Facebook que lo vincula a La Inmaculada. “Dijeron que alias Cilantrero [por Julián Trujillo, capturado en abril] es primo hermano mío. Y eso es absolutamente falso”, dice. “Cada vez que ejerzo mi labor de protección a derechos humanos, inmediatamente me vinculan con bandas delincuenciales”, añade. Para él, hay funcionarios de la Alcaldía que están detrás de estos mensajes porque “no hay quien pare” a los usuarios de las redes sociales cuando él denuncia actuaciones de la Administración —entre sus críticas, señala que hay más de 70 solicitudes de atención humanitaria sin atender—. “El alcalde nunca ha estado de acuerdo con mi elección porque no soy político. Soy una persona técnica, académica, que en diciembre se gradúa de una segunda maestría y especialización”, comenta.

La investigadora Castrillón también expresa su preocupación por estos mensajes en redes sociales. Explica que se utilizan perfiles falsos “para inyectar y plantear ideas que son difíciles de corroborar”. Esto profundiza la idea en el imaginario colectivo de que todos son corruptos y tienen relacionamientos cuestionables, sin que luego haya confirmaciones. “Lo peligroso es que pone en riesgo a todas las personas que se mencionan, independientemente de si hay certezas o no”, subraya.

El secretario Posada, por su parte, comenta que “es un tema judicial” con el que la Administración no tiene relación. “Debe haber investigaciones con mucha celeridad y transparencia para que sepamos qué pasó”, remarca. Sin embargo, añade que el sábado se reunió el consejo de seguridad del municipio, y que en ese encuentro se plantearon dudas sobre qué hacía el personero a las ocho de la noche en una zona reconocida como peligrosa por la presencia de grupos de las disidencias de las FARC —García explica que no era tan tarde y que se demoró en la reunión con los campesinos—.

El secretario municipal también señala que hay dudas sobre la forma en la que el Concejo eligió al personero a principios de año, tras resultar ganador de un concurso que llevó a cabo una universidad. “Eliecid Ávila [el concejal asesinado en Año nuevo] había dicho que se iba a oponer a esa elección, que el proceso estaba viciado de irregularidades. Luego lo asesinan y se da la elección con los ediles muertos de miedo”, apunta.

Otros problemas

Más allá de la alarma que ha encendido este atentado, en la ciudad ubicada a menos de 100 kilómetros de Cali hay varias tareas pendientes. Una de ellas es en la zona rural, donde se produjo el ataque contra el personero. La investigadora Castrillón señala que allí el problema no es con La Inmaculada, sino con dos grupos rivales entre sí de las disidencias de las extintas FARC —el frente 57 y el Adán Izquierdo—. Lo mismo acota el secretario Posada, que agrega que 19 de los 59 homicidios de este año han sido en las veredas. El personero, por su parte, comenta que no puede afirmar que las disidencias sean las responsables de la violencia en la zona, pero recuerda que eso dicen las denuncias de los campesinos. Prefiere no explayarse sobre asuntos que considera que corresponden a la Fiscalía. Se limita a señalar que el aumento del desplazamiento y reclutamiento forzado es “muy grave y muy delicado”.

En cuanto a La Inmaculada, que tiene presencia en la zona urbana y encabeza el detenido Pipe Tuluá, hay escepticismo sobre el impacto que pueda tener la voluntad que ha expresado el grupo de dialogar con la Administración de Gustavo Petro. Posada subraya que la Alcaldía “no puede bajar la guardia”. “Nos han hecho llegar mensajes de que están buscando beneficios en la paz total con el Gobierno y que no van a atentar contra funcionarios de la Administración. Pero luego vemos que ajustician a ciudadanos que se niegan a pagar extorsiones o a funcionarios”, dice. Cuenta que dos de sus vehículos fueron violentados hace unos meses. La investigadora Castrillón, en tanto, considera que La Inmaculada puede haber reducido los homicidios para mostrar voluntad de paz o por la fuerte persecución de la fuerza pública, pero enfatiza que la situación es “frágil”. “En el momento que pase algo internamente, en el momento que otro grupo cruce una frontera... estalla de nuevo otra crisis”, afirma.

Tanto Posada como Castrillón señalan que falta más articulación con el Ejecutivo nacional. El secretario valora que se ha avanzado en varios frentes con el Gobierno —infraestructura social o aumento del pie de fuerza—, pero comenta que aún no se ha cumplido el compromiso de “aislar a los líderes de bandas en distintas cárceles” y que los cabecillas siguen haciendo llamadas desde las prisiones. La investigadora acota que hay que fortalecer las capacidades de inteligencia militar. Cree que eso es tanto o más importante que el aumento en el número de uniformados. “Ha habido capturas importantes, como en el caso del concejal asesinado, pero no afectan profundamente a las estructuras. Son personas rasas y hay que capturar a los que mandan”, subraya Castrillón, que también apunta que puede haber subregistros de actividades delictivas por el miedo de la población a denunciar y la desconfianza a las instituciones.

Un último punto son las posibles extradiciones de algunos líderes de La Inmaculada. El secretario Posada expresa su entusiasmo con que avances en conversaciones del Gobierno con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para lograr acuerdos. “Creo que el temor real de los líderes de esta banda es posibilidad de que sean extraditados. Es lo único que hace que se dobleguen al Estado”, sostiene.

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