Tirana Hassan: “La violencia sexual es tan frecuente en el Darién que las mujeres que cruzan llevan la píldora del día después”

El Tapón del Darién, la inhóspita selva que marca la frontera entre Colombia y Panamá, es transitado como nunca antes a pesar de ser una de las rutas más peligrosas del mundo. Más de medio millón de personas lo cruzaron el año pasado con rumbo al norte, principalmente a Estados Unidos, para huir de situaciones desesperadas en varios países latinoamericanos. “El cruce del Darién es el lugar de las decisiones imposibles”, ha res...

El Tapón del Darién, la inhóspita selva que marca la frontera entre Colombia y Panamá, es transitado como nunca antes a pesar de ser una de las rutas más peligrosas del mundo. Más de medio millón de personas lo cruzaron el año pasado con rumbo al norte, principalmente a Estados Unidos, para huir de situaciones desesperadas en varios países latinoamericanos. “El cruce del Darién es el lugar de las decisiones imposibles”, ha resumido esta semana Tirana Hassan, la primera mujer en ocupar el cargo de directora de Human Rights Watch (HRW), luego de haber visitado las poblaciones colombianas de Turbo y Necoclí para documentar esa crisis humanitaria de grandes dimensiones. En el Darién confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina, que empujan a los migrantes a atravesar la selva, apunta la abogada nacida en Singapur en su paso por Bogotá, donde se reunió con varios funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

Pregunta. ¿Qué se encontró en la frontera entre Colombia y Panamá?

Respuesta. Lo que más me impactó fueron las decisiones que enfrentan las familias que salen de sus países para cruzar el Darién. Están huyendo de situaciones desesperadas, a punto de emprender uno de los trayectos más peligrosos en el mundo. Conocimos a una familia venezolana que ilustra por qué el cruce requiere atención internacional. Habían llegado hace unos días con sus hijos de 7, de 3 y su bebé, que cumplió un año ayer [por el miércoles]. Dormían a la intemperie en la playa de Necoclí, no tenían carpa. Habían vivido en Colombia durante años, trabajaban, sus hijos iban a la escuela, tenían una casa; vendieron todo para regresar a Venezuela a votar en las elecciones. Cuando el Gobierno de Maduro anunció los resultados, salieron a las calles, como miles de venezolanos. En los días posteriores sus amigos y familiares fueron arrestados, los colectivos llegaron a sus barrios y tocaron puertas buscando a quienes habían participado en las manifestaciones. Con el poco dinero que tenían pagaron el autobús hasta el Urabá. El cruce del Darién es el lugar de las decisiones imposibles. Nadie quiere estar allí. Todos buscan una vida en la que puedan disfrutar de sus derechos, sus hijos tengan la oportunidad de ir al colegio y puedan expresar sus opiniones libremente.

P. ¿Vieron esfuerzos de atención humanitaria?

R. La respuesta humanitaria en Necoclí y Turbo es mínima, y no está coordinada. En particular, documentamos y escuchamos historias de niños que han cruzado y fueron separados de sus padres. He trabajado en el campo humanitario durante casi 20 años y nunca había visto lo que vi con respecto a las mujeres que cruzan el Tapón. La violencia sexual es tan frecuente que llevan la píldora del día después cuando comienzan el trayecto. Los gobiernos de Colombia y Panamá deben responder ante los casos de violencia sexual. Debe haber un compromiso más robusto para enfrentar el crimen organizado, el Clan del Golfo en esencia administra estas poblaciones.

P. ¿Por qué dice que el Darién es el punto donde confluyen las políticas migratorias de América Latina?

R. No es un problema solo de Colombia o de Panamá. El Darién es una parte del trayecto, pero hemos constatado, luego de años de entrevistar a migrantes y solicitantes de asilo, que muchos de ellos salen de otros países de la región donde vivían. En especial los venezolanos, pero también los haitianos que se habían asentado en Brasil, por ejemplo. Cruzan porque no pudieron integrarse en esas sociedades, porque los gobiernos de toda la región no han tenido políticas adecuadas que permitan a los migrantes y solicitantes de asilo registrarse, tener acceso a servicios básicos, atención médica, trabajo o educación para los niños. En muchos casos, para ingresar al sistema, necesitas un pasaporte. Y en Venezuela es improbable que puedas obtener uno.

P. ¿Es posible una transición a la democracia en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio?

R. Hasta ahora todo indica que Maduro intenta consolidar su poder y aumentar la represión para mantenerlo. Human Rights Watch apoya los esfuerzos de mediación, pero esta nueva oleada de represión se construye sobre diez años de abusos generalizados y sistemáticos, desde que Maduro llegó al poder. Por lo tanto, debe haber rendición de cuentas por los crímenes que se han cometido, en el pasado y en las últimas semanas. La impunidad no es una opción.

P. ¿Temen una nueva oleada migratoria ante la represión de las protestas poselectorales?

R. Hablamos con familias que acababan de salir de Venezuela. Nos dijeron que el nivel de represión, en particular para quienes participaron en las protestas posteriores a las elecciones, era tan alto que sentían que la única opción era irse y que conocían a muchos otros en la misma situación. Es probable que algunos esperen hasta enero, cuando debería ocurrir el cambio de gobierno. Ahora mismo hemos visto un aumento de venezolanos que se van a Brasil, así que hay indicios de que huyen de esta nueva ola de represión. Creo que es prudente que los gobiernos de la región, y en particular los de Colombia y Panamá, aumenten la coordinación y se preparen para una nueva oleada.

P. ¿El éxodo venezolano recibe la atención internacional que merece?

R. La situación en Venezuela debería estar en lo más alto de la agenda de la comunidad internacional. Hacemos un llamado no solo a los gobiernos de la región sino a la comunidad internacional a utilizar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para exigir que Maduro rinda cuentas y para pedir al Gobierno que publique las actas para que los resultados de las elecciones puedan verificarse de forma independiente. En esto los aliados de Venezuela pueden desempeñar un papel clave.

P. ¿Qué debería hacer el presidente colombiano Gustavo Petro para ayudar a una solución pacífica de la crisis en la vecina venezolana?

R. Human Rights Watch apoya esfuerzos de mediación para tratar de encontrar una solución, pero nos preocupa la idea de repetir las elecciones cuando sabemos que nada ha cambiado en Venezuela que pueda resultar en unas elecciones más libres e imparciales. La situación en Venezuela es exactamente la misma o peor, por lo que no tiene sentido volver a celebrar elecciones.

P. ¿En qué ha cambiado la dinámica migratoria con la llegada al poder en Panamá de José Raúl Mulino, que se propone “cerrar” el Darién?

R. Hemos escuchado las amenazas de cerrar el Tapón, pero miles de personas siguen cruzando. Lo que se requiere del Gobierno de Panamá es trabajar con los países de la región para encontrar soluciones que garanticen la creación de rutas seguras y legales para el paso de migrantes y solicitantes de asilo.

P. Panamá ha iniciado vuelos de deportación de personas que cruzaron el Darién, financiados por Estados Unidos. Ha deportado personas con antecedentes penales, pero las autoridades han dicho que el acuerdo con Washington permite expulsar a todas las personas que ingresen de forma irregular a Panamá. ¿Cuál es el perfil de los migrantes que ha visto en la frontera?

P. En cada bote que vi, la mayoría eran familias o mujeres que viajaban con niños. Eran personas que buscaban una vida con seguridad y derechos en otro lugar. No eran criminales, y eso muestra cuán defectuoso es el acuerdo entre Estados Unidos y Panamá. Nos preocupa que resulte en la devolución (refoulement) de personas a países donde corren peligro. Eso es una grave violación de las normas internacionales.

P. ¿Estados Unidos pretende poner barreras a la migración cada vez más lejos de su frontera sur?

R. El patrón que vemos en los Estados Unidos de esencialmente subcontratar sus responsabilidades de protección internacional. Eso no es serio. Poner la carga sobre los países que no tienen los recursos para poder procesar los casos de asilo es simplemente agravar el problema.

P. ¿Su principal recomendación es implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal?

R. Una de nuestras recomendaciones es garantizar un estatus de protección temporal para venezolanos y haitianos, pues sabemos que la situación en sus países de origen es tan difícil que para muchos es inseguro regresar. Hemos visto el éxito del Estatuto Temporal de Protección en Colombia, y también a Brasil tomar medidas similares en el pasado.

P. ¿Qué deben hacer las sociedades latinoamericanas para crear una narrativa migratoria de acogida que se contraponga al discurso xenófobo?

R. Los líderes latinoamericanos deberían proponer políticas coordinadas y respetuosas de los derechos humanos. Y con esto, lo que queremos decir es que reconocemos que las personas tienen derecho a moverse y cruzar fronteras de forma segura. Reconocemos que las personas huyen de situaciones difíciles y peligrosas; se les debe brindar protección o se deben evaluar sus casos. Los líderes políticos no deberían convertir a los migrantes y solicitantes de asilo en chivos expiatorios de otros problemas en sus países.

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