Proteger a los muertos, la misión para prevenir nuevas desapariciones en Colombia

Dean Sarzinski (Sarajevo, Bosnia, 41 años) está convencido de que los muertos hablan. Cuando se aproxima en su búsqueda se deja cubrir por un silencio impenetrable, de esos que se cierran como murallas ante cualquier asomo de pensamiento. Todo se detiene, menos la intención de ubicar los cuerpos de personas que han fallecido en medio del conflicto armado para evitar que entren al universo de los desaparecidos. “Te enfocas en tu propio diálogo con la persona que estás buscando. En tu mente hablas con esa persona, solicitando que te indique dónde está, que se deje exhumar de una manera fácil y que nada se complique”, relata el coordinador forense de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El Comité activa su acción forense cuando recibe la solicitud de familiares de una persona que no aparece, e indican que tienen información sobre la posible ubicación de sus restos en una zona de conflicto. También, de manera excepcional, cuando la guerra impide la inspección y el levantamiento de cadáveres por los organismos de policía judicial. Trabaja en áreas bajo el dominio de los grupos armados ilegales que se disputan el control de negocios ilícitos, enclavadas entre ríos, montañas y selvas, a donde difícilmente llega el Estado y donde no se respeta a los vivos, ni a los muertos.

Buscar y recuperar cuerpos allí obliga a tener la autorización de los grupos armados para acercarse al terreno, y una intermediación neutral, con fines humanitarios, que incluye diálogos con esos grupos, con comunidades que puedan tener información sobre los restos humanos y con las autoridades encargadas de recibirlos, para asegurar que ingresen a la ruta forense estatal por medio del Instituto Nacional de Medicina Legal.

“El Comité actúa únicamente para cubrir el eslabón que no pueden cubrir las autoridades, que nunca podrán asumir su responsabilidad de identificar un cuerpo si no tienen el cuerpo”, precisa Rafael Barrantes, adjunto de la coordinación de protección del CICR. En algunos casos, la organización entrega los restos hallados a Medicina Legal con una hipótesis de identidad, que los vincula a una familia o a un lugar al que quizá pertenecen. “El cuerpo está, pero ¿quién consigue el dato de cuál es el nombre? Esa necesaria triangulación de información entre la comunidad, el actor armado y las autoridades, muchas veces no ocurre. El CICR ayuda para que la información llegue completa y que una persona fallecida no se convierta en desaparecida”, agrega Barrantes.

Los muertos pueden ser civiles víctimas de las confrontaciones, personas en poder de grupos armados que fallecen por alguna enfermedad, o integrantes de grupos armados que pierden la vida en combate. En ocasiones los restos quedan a la intemperie, expuestos a los animales o en riesgo de ser arrastrados por los ríos. En julio de 2023, el CICR recuperó en esas condiciones los cuerpos de siete personas en una zona limítrofe entre Putumayo y Caquetá, poco después de enfrentamientos entre dos grupos ilegales. De no haber sido reportados, habrían quedado a su suerte.

Para Sarzinski, el coordinador forense, cuidar a los muertos es una prioridad. “Tratamos a la persona fallecida como si fuera una persona con vida, con toda su dignidad, con todos sus derechos. El levantamiento se hace de una manera muy cuidadosa para no causar ningún daño. Aunque esta persona no lo siente, no quieres causar ningún tipo de trauma a este cuerpo”, afirma el antropólogo forense, quien trabajó en la exhumación e identificación de centenares de cuerpos en fosas comunes tras la Guerra de los Balcanes de los años 90.

Un cuerpo protegido es una familia menos llena de incertidumbre y un nombre menos en una lista que sigue creciendo. Según las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), 111.640 personas han desaparecido en el contexto del conflicto armado en Colombia. Como otros daños de la guerra, la desaparición no cesa. Después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC, en 2016, el Comité ha documentado 1.730 nuevas desapariciones, la mayoría de civiles. Estima que cada 36 horas desaparece una persona por causas relacionadas con la violencia.

La desaparición es una herida abierta. “Detrás de cada uno de esos casos está la angustia de la familia, de no tener noticias sobre la suerte y el paradero de su ser querido, la incertidumbre de si está vivo o muerto, de no saber qué le ocurrió. También hay penurias económicas relacionadas con la desaparición, penurias emocionales, temas legales. La viuda no puede ser reconocida legalmente como viuda. El huérfano no es reconocido como tal porque no hay una partida de defunción. Y hay problemas de estigmatización”, expresa Barrantes.

La violencia no sólo causa nuevas desapariciones, sino que frena o retrasa los procesos de búsqueda. En julio pasado, la UBPD reportó la recuperación de un cuerpo en el cementerio veredal de La Playa, en el corregimiento Sinaí del municipio de Argelia (Cauca) gracias a la activación de un corredor humanitario. “Correspondería a una persona desaparecida hace 12 años en acciones del conflicto armado desarrollado en la zona”, explicó la Unidad. La recuperación del cuerpo, más de una década después, se repite en el contexto de un territorio golpeado por los frecuentes enfrentamientos.

Luz Janeth Forero, directora de la UPBD, reconoce que los ocho conflictos armados activos identificados en Colombia representan uno de los principales retos para las labores de búsqueda humanitaria y extrajudicial. “Por ello estamos fortaleciendo nuestro relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil, mecanismos internacionales, el episcopado y demás actores clave para abrir corredores humanitarios que han permitido recuperaciones de cuerpos en diferentes lugares, urbanos o rurales. Buscamos, de una manera u otra, que los conflictos actuales no impidan las búsquedas del pasado”, afirma.

Hasta el momento, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – creada dos años después del acuerdo con las FARC y con una duración de 20 años – ha recuperado 1.805 cuerpos, entregado 319 y ha encontrado a 30 personas con vida. En sus registros figuran 28.261 solicitudes de búsqueda.

Según el Derecho Internacional Humanitario, los actores del conflicto tienen la obligación de no desaparecer a las personas y de tomar acciones para evitar que desaparezcan, como gestionar los cadáveres de forma apropiada. “Recoger los cuerpos sin importar si son de tu propio campo, de otro campo, o civiles; asegurar los cuerpos sin distinción para que no se dañen en el traslado a las instituciones que los pueden identificar. Ponerlos en bolsas de cadáver o mantas, o envolverlos de alguna manera, facilita el transporte. No despojarles sus pertenencias”, expone Sarzinski. Si se trata de zonas donde no se pueden trasladar o entregar oportunamente a entidades estatales, cementerios o funerarias, los deben enterrar siguiendo pautas para evitar que queden expuestos, o sin poder localizar o identificar.

Algunas veces – ante la imposibilidad de acceso de las instituciones a lugares donde se imponen las armas – las comunidades ayudan a preservar los restos humanos o reportan su existencia a organizaciones humanitarias. “Lo que sugerimos es poner escribir en un papelito el nombre, la fecha de fallecimiento y ponerlo en una botella de plástico, taparla, enterrarla con el cuerpo. Así, cuando se exhuma este cuerpo con el fin de llevarlo a Medicina Legal, facilita la identificación”, añade el antropólogo forense.

Entre 2019 y 2023, el CICR ha recuperado 294 cuerpos de personas desaparecidas en Colombia, 114 de ellos en los últimos tres años. Morir en zonas de conflicto no debería significar que las familias jamás recuperen los cuerpos de sus seres queridos, advierte el Comité. “Abordamos esta tarea con la metodología más adecuada para preservar la integridad, asegurando que esta persona, que tenía un nombre durante su vida, que nació con unos familiares que lo siguen esperando, llegue a Medicina Legal. Poder devolverle el nombre y entregarlo a sus familiares”, declara Sarzinski. “La dignidad no acaba con la muerte”, enfatiza.

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