Suicidios o feminicidios: tres muertes de mujeres que dejan dudas

Una mujer se lanza de un balcón. La escena inicialmente no parece tener mayor complejidad: se quería quitar la vida. Pero, para su hijo, Luis Andrés Torres, era menos sencillo. Para él, Gladys Rodríguez, su madre de 53 años, fue lanzada a propósito y por eso desde 2018 se ha dedicado a demostrar que fue un feminicidio. Acusa a Jorge Enrique Pulido, quien fue la pareja de la mujer por más de 20 años. El pasado 2 de julio, tras casi seis años, Torres sintió que su lucha por la verdad daba un primer fruto: la Fiscalía colombiana le imputó a Pulido el delito de feminicidio agravado por la muerte de Gladys. El hombre enfrentará el juicio en prisión. Casos como este, muertes que las autoridades valoran como suicidios, pero que las familias creen que son feminicidios, parecen ser cada vez más visibles.

Torres vive en Buenos Aires, Argentina, desde hace 17 años. Ha hecho un hogar y una familia. Allí, muy lejos de su tierra natal, se enteró de la muerte de su mamá. Decidió seguir viviendo en otro país, pero con la clara intención de buscar justicia para Gladys, así le costara el doble. Cuenta que ni la distancia ni los obstáculos del aparato de justicia, ni siquiera la posibilidad de perder el contacto con su medio hermano, hijo del presunto feminicida, le han impedido escudriñar a fondo qué ocurrió esa noche de octubre de 2018 en la que su madre, una profesora conocida por ser fundadora del Liceo Pedagógico Cundinamarca en el empobrecido municipio de Soacha, cayó desde el apartamento vacacional que tenía en la caribeña Santa Marta. Según la versión de Jorge Enrique Pulido, la única persona que estaba con ella en ese piso 17, Gladys estaba ebria. En medio de una discusión, ha dicho el viudo, corrió por el apartamento y se lanzó al vacío. Las autoridades inicialmente asumieron ese relato como cierto, pero empezaron a dudar varios meses después. Gracias a la insistencia de Torres, hicieron un examen toxicológico al cuerpo de la mujer, y el resultado fue que no estaba ebria al momento. Además, la autopsia psicológica determinó que Gladys no tenía una personalidad de tipo suicida, como había indicado Pulido, quien era socio de su esposa en el Liceo.

Una historia similar rodea la muerte de Laura Juliana Pérez, una abogada que en junio de 2023 cayó del séptimo piso del edificio donde vivía en Sogamoso, Boyacá. Para sus familiares, el responsable de la muerte es Víctor Vianchá, pareja de Pérez. Testimonios de amigos de la víctima indican que la mujer pensaba en terminar la relación sentimental en ese momento. El diario El Tiempo ha reseñado que, el día de la muerte, vecinos de la pareja escucharon gritos y lo que parecían ser malos tratos contra ella de parte de Vianchá. En una carta que publicó el mismo medio, Pérez le escribía: “No me atrevo a hablarte de frente porque tu reacción siempre es muy fuerte”.

En conversación telefónica con EL PAÍS desde Buenos Aires, Torres cuenta que nunca supo que Pulido golpeara a su madre, pero aclara que sí fue testigo de otros tipos de violencia, como la patrimonial o la psicológica. Recuerda que Pulido buscó muchas veces aislar a Gladys de él, su hijo mayor y una parte clave en su red de apoyo más cercana. Por eso, hace énfasis en que los patrones de violencia de género pueden ir mucho más allá de la física. Yamile Roncancio, fundadora de la Fundación Justicia Para Todas, que litiga en varios supuestos suicidios que tienen características de feminicidios, rememora especialmente el caso de Carolina Paz Quiñones, una economista bumanguesa que murió por intoxicación en 2020. Al principio, los medios de comunicación y la defensa del acusado de feminicidio apuntaron a que se habría tratado de un “suicidio romántico”: una decisión consensuada entre Carolina y su expareja, José Luis Ortiz Santos, para beber cianuro y morir juntos. Sin embargo, Roncancio detalla que los exámenes de Medicina Legal evidencian que el hombre no tenía rastros del veneno en su cuerpo. Pese a que su defensa previamente había dicho que Ortiz había sobrevivido “milagrosamente”. Además, la abogada afirma que el sujeto acosaba a su expareja, que le intervino ilegalmente el teléfono celular y que la asedió, ejerciendo una violencia psicológica permanente.

Solo más tarde la Fiscalía abrió una investigación contra Ortiz, y lo acusó ante un juez por el delito de feminicidio agravado. Su defensa insiste en la idea del envenenamiento conjunto. Tanto así, que en una audiencia el abogado comparó los hechos con la célebre Romeo y Julieta. “Cuando se trata de violencia física o sexual, para la gente es obvio que es grave. En cambio, cuando se trata de violencia psicológica o económica, la minimizan, y siempre recaen sospechas sobre la víctima”, subraya la abogada para explicar que esos hechos tienen una relevancia posterior dentro de los procesos. Han pasado tres años desde la muerte de Carolina y apenas en septiembre inicia el juicio contra Ortiz. El proceso va contrarreloj, pues ese mismo mes se vencen los términos que mantienen al acusado privado de la libertad.

La muerte de Carolina parece casi calcada en el caso de Diana María Cardona, que ocurrió en 2015 en Medellín, Antioquia. El dictamen de Medicina Legal describe que la mujer de 33 años murió porque bebió una cerveza envenenada, por lo que la Fiscalía procesó a Gustavo Viveros, su expareja y quien la había invitado a esa bebida con el fin de buscar una reconciliación. La defensa del hombre señaló que se había tratado de un suicidio, pero la justicia encontró que no fue así. Viveros fue condenado a más de 22 años de cárcel por el Tribunal de Medellín, decisión que confirmó la Corte Suprema en 2023. Era un feminicida que había buscado señalar el asesinato de ser un suicidio.

El reto del esclarecimiento

Las sospechas de que la muerte de una mujer no fue un suicidio si no un feminicidio son eso, sospechas. Para comprobarlas, los familiares que las albergan enfrentan un camino que suele estar lleno de escollos. A las complejidades propias de los casos, se le suma un saturado aparato de justicia que no da abasto. La lentitud y la alta probabilidad de que no haya justicia, además de la lógica adversarial del procedimiento penal colombiano, ha derivado en que en algunos casos las familias asuman la carga de adelantar los procesos, con los costos que suponen pagar peritos, abogados u otros expertos.

Así sucedió en el caso de Laura, donde la familia contrató un perito forense particular que pudiese obtener detalles de la caída de la mujer desde el balcón. Gastos que no siempre pueden ser costeados, y que empeoran una circunstancia ya dolorosa. “Pareciera que las familias deben convertirse en peritos, en abogados, en investigadores. Hacer de todo”, alerta Torres, el hijo de Gladys Rodríguez.

Justamente por eso, se juntó con otros familiares para crear la Red Aviva de familias víctimas de feminicidio, que presta asesoría y apoyo. Un respaldo que va más allá de lo judicial, pues es también emocional. “Me niego a que el caso de mi mamá se convierta en un número. Nosotros, las familias, pasamos por procesos desgarradores en nuestra salud mental y aún no existe ningún organismo que haga acompañamiento psicosocial o terapéutico”, agrega el hombre.

Frente a la violencia contra la mujer, de la que el feminicidio es apenas la punta de un enorme iceberg, Roncancio agrega que existe un largo camino que recorrer. Uno que pasa por ampliar las discusiones y las reflexiones sobre las violencias de género que son menos explícitas que las físicas, pero que causan igual daño. Asimismo, sostiene que falta fortalecer la prevención, la piedra angular para reducir la violencia contra las mujeres.

Torres, por su parte, ha sorteado su duelo convirtiéndose en vocero de las víctimas. Sostiene que su disputa continúa y dice esperar una condena ejemplar para Pulido. “Exijo una sentencia fuerte que deje claro que detrás de estos feminicidios que quieren hacer pasar por suicidios hay acciones conscientes en las que los asesinos se aprovechan de las falencias del aparato de justicia”. Pase lo que pase, afirma que no se va a rendir hasta que la verdad salga a la luz. “El silencio es impunidad”, concluye.

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