El Gobierno de Petro inicia diálogos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Un año después de que levantara el cese al fuego con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el Gobierno de Gustavo Petro ha vuelto a incluir al grupo armado en las negociaciones para la paz total, su política bandera. A través de una resolución fechada del pasado 1 de agosto y conocida este jueves, el Estado ha anunciado que instalará “un espacio de conversación sociojurídico” con representantes de las ASCN. El grupo armado de orígenes paramilitares hace presencia en la ciudad de Santa Marta y gran parte las zonas costeras de los departamentos de Magdalena y La Guajira, una de las zonas más turísticas del país. Este lunes, el Gobierno anunció que también iniciará diálogos con el mayor rival de las ACSN, el llamado Clan del Golfo. Ambas organizaciones criminales se disputan el control de la troncal del Caribe, la vía paralela al mar que conecta todo el litoral.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada llevan dos años pidiéndole al Estado, a través de comunicados oficiales, que las incluya en las negociaciones simultáneas que conforman la paz total. La estructura criminal asegura que no delinque, y se define como un “político-militar” que protege la región de otros grupos ilegales. Sin embargo, sus orígenes en el antiguo paramilitarismo y la evidencia de que extorsiona a la población y mueve droga, han producido tensiones en el alto Gobierno y dudas sobre el camino legal para una negociación. Justamente, la resolución publicada explica que las conversaciones estarán dirigidas a verificar la voluntad de las ACSN “de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia”. Es el mismo lenguaje jurídico aparece en el documento que anuncia las negociaciones con el Clan del Golfo, diferente al que ha usado el Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los grupos disidentes de las extintas FARC.

La Administración no ha divulgado cuáles integrantes de las ACSN se sentarán en la mesa. Del lado del Gobierno, el coordinador será Óscar Mauricio Silva Osorio. Se trata de un asesor de la oficina del alto comisionado para la Paz que, a finales del año pasado, partició en el mecanismo de verificación del cese al fuego con el ELN. También participarán Marcela Bustamante Morón—filóloga, exdirectora de Turismo en Bogotá y esposa del político de izquierdas Antonio Navarro Wolff, quien fue miembro de la guerrilla del M-19— y Ricardo Ernesto Villa Sánchez —abogado, exfiscal delegado y actual asesor jurídico de la Presidencia—.

El Estado ha tenido una relación accidentada con las ASCN desde que se posesionó Petro, hace dos años. Las dos partes lograron establecer en 2022 un cese al fuego bilateral, que en teoría iba a durar entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023, pero no tuvo continuación. En enero de este año se generó una mesa de diálogos regional entre miembros del grupo armado y representantes de la población civil. El Gobiero no participó. A finales de febrero, la organización criminal anunció que quería que Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar y recién nombrado gestor de paz, los ayudara a poner en marcha un proceso de paz en el Caribe. Nada ha salido de esa petición hasta ahora.

Cuarenta años de control en la troncal del Caribe

Las ACSN controlan la zona que rodea la troncal del Caribe a través de la violencia, el miedo y la extorsión. Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, afirmó en julio a este periódico que “cumplen roles policiales” en la zona y que cobran el 10% de las ganancias de todos los negocios de la región: “Desde vender tinto hasta vender un terreno”. La defensora de derechos humanos y consultora en seguridad caribeña, Norma Salazar, agregó que se trata de un grupo “neoparamilitar” que se aprovecha de la ausencia del Estado en la región para mover droga por las costas. Aseguró que el control social de las ACSN es tan fuerte que pueden garantizar seguridad plena del territorio frente a la delincuencia común.

Ese grupo ha estado inmerso desde hace más de un año en una guerra con el Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia, que ha buscado extenderse en la zona. En febrero pasado, más de 300 indígenas y campesinos fueron desplazados debido a combates entre los dos grupos en varios corregimientos de los municipios de Riohacha y San Juan del César, en la Guajira. Unos meses después, a finales de julio, las ASCN publicaron un video comunicado en el que amenazaron a varios vecinos del municipio de Ciénaga (Magdalena) y sus alrededores por supuestamente haber colaborado con el grupo que ahora se llama a si mismo Ejército Gaitanista. “Se les hace el llamado a los rateros, viciosos, expendedores de droga que le venden al Clan del Golfo, chismosos, sapos del Golfo e informantes de la ley: que cambien su manera de actuar, o serán objetivos de nuestra organización”, se le escucha decir a un comandante.

La organización ilegal hizo su debut como grupo “político-militar” en 2020, cuando tomaron el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Sin embargo, Trejos y Salazar coinciden en que son la continuación de varias estructuras criminales que han hecho presencia en la troncal del Caribe desde los años setenta. Nacieron como un grupo de marimberos, como se les decía a las personas que exportaban marihuana en ese entonces. A lo largo de los años, han cambiado de papeles y de nombres ―se han llamado Autodefensas del Mamey, Frente Resistencia Tayrona, Oficina Caribe, Los Leales a Giraldo, Los Pachenca, entre otros―, pero siempre han encontrado la manera de seguir vigentes. “Ellos cumplen roles de Estado. Se adaptan, son como un camaleón: mutan, avanzan, retroceden, cambian para sobrevivir. Es un grupo criminal muy resiliente”, sostiene Trejos.

Durante años su líder fue Hernán Giraldo, un comandante paramilitar también conocido como El Patrón, El Taladro o El Señor de la Sierra. Es quizás el excomandante paramilitar que más encarna la degradación del conflicto armado colombiano. Mandó en la región durante décadas, y ejerció una violencia sin piedad: sus víctimas en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores se calculan en 67.000. Años después, intentó acudir a la justicia transicional, pero fue expulsado en agosto de 2023 por haber cometido delitos sexuales contra menores en repetidas ocasiones. La Fiscalía demostró que había cometido delitos de violencia basada en género contra cuatro menores de edad entre 2007 y 2008, cuando estaba recluido en cárceles colombianas. No fue la primera vez que se le juzgó por estos actos atroces. En 2019, la justicia transicional lo habían encontrado culpable de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, acceso carnal abusivo, prostitución forzada y esclavitud sexual.

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