La violencia contra las mujeres pasa por un nuevo pico en Colombia

Cinco mujeres fueron asesinadas en menos de tres días y en las primeras dos semanas de julio se registraron al menos 19 feminicidios, un aumento con respecto al 2023

Dos mujeres gritan consignas en la protesta del 8-M en Bogotá, este año.Israel Fuguemann (Getty Images)

A Saray Daniela Vera la asesinó su pareja en Marinilla, Antioquia, tenía 19 años y era migrante venezolana. Al norte del mismo departamento, frente a su hijo de cinco años, la expareja de Keimi Cuesta la apuñaló. Al día siguiente, en Chinú, Córdoba, por defender a su hija Mary Álvarez de su expareja, Ena Elvira Madera fue asesinada, su hija quedó gravemente herida y murió este miércoles. Ese mismo día, al sur de Bogotá, se encontró con signos de violencia sexual el cuerpo de Hellen Rodríguez, quien desapareció el domingo pasado luego del partido final de la Copa América. La oleada de asesinatos contra estas mujeres aconteció en menos de 72 horas y se suman a los 412 feminicidios que se han contabilizado solo primer semestre del 2024. Pese a que Colombia declaró una emergencia por violencia machista hace un año, hasta ahora, ninguna medida parece ser suficiente para salvaguardar a las mujeres en el país.

Colombia se ha acostumbrado a contar muertas y, en muchos casos ver los crímenes grabados. Pero ni la viralidad de esas desgarradoras imágenes o la indignación temporal que despierta logra mermar la violencia. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación cada 18 horas en Colombia una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer y la mayoría de los criminales son sus parejas o exparejas. Los departamentos con más delitos de este tipo son Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bogotá y Atlántico. En este último departamento, la situación ha empeorado de manera alarmante con respecto al mismo período de 2023, donde se presentaron 22 feminicidios versus 38 este año.

Al finalizar este miércoles, en el marco de la mesa de seguimiento “Feminicidio y violencia de género” en Barranquilla y donde participó la Procuraduría y la Fiscalía, la recién electa Fiscal Luz Adriana Camargo respaldó la preocupación por el aumento de feminicidios y en general, la violencia hacia las mujeres. Camargo reveló que la entidad entre mayo de 2023 y 2024 recibió 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar y 630 nuevos casos por feminicidios. “Estas cifras nos hablan efectivamente de un fenómeno que está teniendo un gran impacto en toda la geografía nacional”, alertó.

Para Olga Amparo Sánchez, directora de la oenegé Casa de la Mujer, este cruento escenario tiene que ver con la naturalización de las violencias machistas en Colombia. “Son varios factores los causantes. Primero, las vidas de las mujeres no son valoradas, segundo hay un ejercicio de poder desmedido por parte de los varones sobre nuestra vida, donde consideran que somos objetos. A lo que se suma que la institucionalidad no responde a su deber: sancionar, investigar, prevenir y proteger a las víctimas”, señala. “Si en este país estamos hablando de paz es perentorio hablar de la guerra que el patriarcado nos ha declarado a las mujeres”, agrega.

Pese a que el panorama no es nuevo, el Gobierno Nacional sigue sin dar con la clave para mejorarlo. Una de las esperanzas para parar la violencia de género fue el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, sin embargo, en poco más de un año de su creación ya ha tenido dos viceministras de la mujer, la subdirección encargada de la articulación, programas y políticas orientadas a hacerle frente a los feminicidios y otras violencia. Además, el pasado mes de mayo la Corte Constitucional anuló la creación del ministerio, lo que dejó en vilo varias iniciativas impulsadas desde esa cartera.

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Ante la incertidumbre en la rama ejecutiva, otros avances se han venido empujando a través de la legislativa, aunque a paso lento. El logro más reciente fue la aprobación de la Ley 2356 de 2024 que elimina beneficios penales para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención el delito de feminicidio. Otros proyectos de ley como el que busca castigar la violencia vicaria — el daño que los hombres violentos ejercen sobre las mujeres a través de los hijos e hijas —; o con el que se establecen medidas especiales de protección para los cientos de huérfanos por feminicidios contaron con apoyo unánime en la Cámara de Representantes, pero avanzaron lento. Se espera que en el próximo periodo legislativo que inicia el 20 de julio todos continúen su trámite.

Incluso, en el mes de marzo alrededor de 50 congresistas de diferentes partidos y orillas políticas radicaron un ambicioso proyecto de ley con el que modificaría la Constitución Política con la intención de crear una Jurisdicción Especial para la Mujer (JEM). La propuesta propone tener jueces y juezas especializados para investigar feminicidios y otras violencias basadas en género. Según una de las autoras, la Representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, esta jurisdicción tendría “competencias exclusivas y preferentes para conocer de manera prioritaria casos de mujeres que han sido víctimas de conductas de daño directo o indirecto por razones de género”. Pero todas estas iniciativas podrán verse eclipsadas, o reforzarse, en la reforma a la justicia que el gobierno espera presentar en la próxima legislatura en manos de la nueva ministra de Justicia, Angela María Buitrago.

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