“La esperanza de nuestra cultura se está yendo al mar”: el grito de los wayuu desplazados por la erosión costera llega a Washington

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Los primeros signos evidentes empezaron en 2005. La comunidad wayuu Twuliá, ubicada en un lugar conocido como la Cachaca III, a un kilómetro de distancia desde Riohacha, La Guajira, empezó a ver cómo el mar se iba comiendo su costa. La situación empeoró en 2007, después de que en Riohacha se construyeran seis espolones para controlar la erosión costera de la capital. Lo que fue una solución para unos, se convirtió un problema para los habitantes de la Cachaca III, quienes tras esa construcción vieron al mar llegar con más fuerza, con más sedimentos y, de nuevo, comerse la costa ante sus ojos. “En solo dos meses – noviembre y diciembre- la comunidad pudo registrar que se perdieron cinco metros”, cuenta la periodista Angie Serna, que ha acompañado el caso y relató lo que vive la comunidad en un podcast sobre pérdidas y daños del cambio climático.

El mar, hasta el momento, se ha llevado dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria, varios árboles, un cementerio de ancestros y ha destruido la zona de desembarco de las lanchas pesqueras, su principal medio de subsistencia. Y a pesar de que el Gobierno, a través del subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Luis Carlos Barreto, se comprometió a hacer un estudio sobre el tema que diera pistas sobre cómo mitigar la situación, pasaron meses sin que pasara nada. Un hecho que motivó a tres personas de la comunidad a poner una acción de tutela – figura legal en Colombia – en diciembre de 2023 contra el Gobierno y otras entras entidades, y que, tras vencimiento de plazos, aún no ha sido respondida por el Consejo de Estado.

“Hasta el momento, cinco familias enteras se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá; el progresivo avance de la erosión costera los puso en peligro al dejarlos sin medios de vida para sobrevivir”, explican en la tutela los líderes wayuu Pedro Fonseca Epiayu, Clarena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo. A través de esta acción, en la que apelan a la violación de 12 derechos, entre ellos el de la salud, el mínimo vital de agua y “la vulneración de derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en contextos de cambio climático”, le piden al Consejo que le exija al Gobierno principalmente dos cosas. Que como medida cautelar, en los siguientes cinco días se lleve personal de salud y agua a la Cachaca III. Y que se les informe del estatus estudio que prometió la Ungrd, así cómo cuál es el presupuesto asignado.

El caso será escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mientras esperan respuesta, este jueves, 29 de febrero, más de 30 organizaciones de América Latina y el Caribe hablarán frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia pública, sobre un problema que, cada vez más, está afectando a la región: el desplazamiento humano asociado al cambio climático. Representando a Colombia y de la mano del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam), Clarena Fonseca Uriana, líder de la Cachaca III, expondrá su caso. A través de un video —ya que no tuvo tiempo suficiente para poder obtener la visa para ir a Washigton— ella expondrá cómo la erosión costera en su comunidad ha generado que cinco familias abandonaran su hogar y, cómo, si la situación se agudiza, el escenario se podría repetir para ella y varias familias.

“Los daños que hemos vivido con la afectación costera son varios”, explicará a través del video. “Hay también personas en riesgo de perder la vida. Alguna vez un barranco, de unas mil toneladas, casi le cae encima a un pescador estando en la faena”. Y continua: “Toda la esperanza de nuestra cultura se está yendo en el mar”.

“Hay que recordar que una audiencia pública ante la CIDH no es una acción judicial, ni una demanda”, comenta Andrés Aristizábal Isaza, director de litigio estratégico de Celeam y miembro del Movimiento de Laderas. “Así que lo que esperamos es que la Corte escuche este caso, así como los que traen las otras 30 organizaciones para elevar el relato y las discusiones sobre migración, desplazamiento e inmovilidad asociadas a cambio climático”. Es decir, a diferencia de la tutela presentada ante el Consejo de Estado, no se espera que haya una sentencia o fallo, sino que la Comisión los escuche para ir generando un precedente de que en la región y a nivel jurídico y político se tiene que empezar a hablar sobre este tema.

Un caso icónico de litigio sobre erosión costera de Colombia

A pequeños pasos, el cambio climático se ha venido colando en el mundo del derecho colombiano. “El pronunciamiento que, esperamos, dé el Consejo de Estado, es un hito que estará abriendo camino”, cuenta Aristizábal. “Cuando empezamos a litigar derechos relacionados con el cambio climático, lo que buscamos es que el Estado genere políticas públicas al respecto, porque actualmente no hay una legislación actualizada. Queremos que las instituciones y políticas no actúen de manera reactiva, sino preventiva”.

El experto recuerda que, en los últimos seis años, según datos de Unicef, en América Latina los desastres asociados al clima han afectado a 2,3 millones de personas y que, en los próximos 30 años, 4,6 millones de personas podrían verse afectadas solo por inundaciones. Además, datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, determinaron que, en el año 2023, 9.850 personas se habrían tenido que desplazar en el país por temas asociados al cambio climático.

Por esto, el caso de la Cachaca III podría convertirse en un hito. “Ellos han logrado visibilizarse”, agrega Sierra. “Pero en realidad hay más de 180 comunidades wayuu que están a lo largo de zonas costeras y que están viviendo las mismas condiciones”. Lo que se aplique para la Cachaca III, sería una especie de prueba piloto sobre lo que vendrá para todos ellos.