El bloqueo a la Corte Suprema de Justicia

El episodio del 8 de febrero con los manifestantes bloqueando los alrededores del Palacio de Justicia en una evidente situación de tensión con brotes violentos muestra varios de los graves problemas que enfrenta hoy la democracia en Colombia: la falta de confianza en las instituciones, la desinformación que hace mucho daño y alimenta la violencia, el enfrentamiento de poderes públicos y unos ánimos exacerbados que calientan los líderes políticos.

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El episodio del 8 de febrero con los manifestantes bloqueando los alrededores del Palacio de Justicia en una evidente situación de tensión con brotes violentos muestra varios de los graves problemas que enfrenta hoy la democracia en Colombia: la falta de confianza en las instituciones, la desinformación que hace mucho daño y alimenta la violencia, el enfrentamiento de poderes públicos y unos ánimos exacerbados que calientan los líderes políticos.

Las instituciones democráticas deberían dar a los ciudadanos garantías de estabilidad. Hoy vivimos un momento difícil por una sensación de crisis generada por los excesos de varios líderes, entre ellos el presidente y el fiscal saliente. Ese desborde hace que los problemas reales se magnifiquen hasta crear versiones que impiden ver la realidad y lo que pasó en la Corte es un claro ejemplo de ello. Hay problemas serios, dificultades, pero no un país al borde de una ruptura institucional como lo señalan, quién lo creyera, tanto el Gobierno como los opositores.

Para el primero, hay riesgo de quiebre constitucional porque el presidente asegura que lo quieren sacar, violando la voluntad democrática de los electores. Para los opositores, hay un presidente incapaz que no se somete a sus límites constitucionales y por eso algunos hasta han llegado a hablar de la peor crisis de la historia. Estamos lejos de eso en un país que ha sorteado muchas tormentas y, a pesar de sus dirigentes, con seguridad sorteará esta también. En especial si logramos entender lo que pasa con mayor moderación.

En materia de desinformación sobre lo ocurrido el 8 de febrero no quiero detenerme en los videos sacados de contexto o las muchas mentiras que circularon, aunque vale la pena tener todo eso en cuenta porque pesa mucho en la percepción que los ciudadanos tienen de lo que pasó. Tampoco ahondaré aquí en el trabajo de la prensa, que con frecuencia se mete en la misma calentura de las redes, sin entender que mientras más delicado sea el momento, más mesura se requiere, más hechos y menos adjetivos. Es un debate de fondo que tenemos que dar. Para esta columna sí quiero subrayar lo que dijeron el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia.

La Corte denunció el “asedio” al Palacio de Justicia, “situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”. La Corte Suprema pidió al Gobierno garantías y dijo que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”[1]. Para el presidente Gustavo Petro, “no hubo un secuestro, siempre [los magistrados] pudieron salir y entrar como quisieran, es más no salieron porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir sino que iban a trabajar más”[2].

A partir de ahí cada quien le puede sumar la fracción de video, el titular o el trino que prefiera para componer su realidad personal. La versión que tengo hasta ahora, después de revisar muchas publicaciones, es que hubo un bloqueo a la Corte con episodios de violencia de algunos manifestantes. No es claro quiénes eran ni de dónde salieron. Otros manifestantes intentaron calmar los ánimos. Hay por lo menos un caso documentado de empujones e intentos de golpear a un magistrado y versiones de varias personas sobre la imposibilidad de salir del edificio. No fue real la salida de magistrados en helicóptero, el director de la Policía ingresó sin muchas dificultades y varias personas coinciden en señalar que hubo demoras en la intervención de la autoridad. También es real que hubo banderas del M-19 entre los manifestantes. La mayoría de los que marchaban en el país hicieron la protesta en calma. El de la Corte fue un grupo no muy grande y sí generó un momento delicado que vale ver sin negar lo evidente ni aumentar lo que pasó.

Si hay algo que no le convenía ni al Gobierno ni al país era ver a la Corte asediada por manifestantes, algunos enarbolando banderas del M-19. El gran pecado de esa guerrilla, entre muchos otros, fue la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, acción que terminó con una de las tragedias más grandes de nuestro conflicto y que quedó en la historia como “El holocausto”. Para un presidente que militó en ese grupo, esa toma es un fantasma permanente.

No obstante, equiparar lo que pasó el 8 de febrero con lo que ocurrió en 1985 es, por decir lo menos, desproporcionado. Algunos seguidores del presidente Petro consideran, incluso, que hacerlo es una estrategia política para desacreditarlo. Sin embargo, fue él quien se metió en la trampa de una convocatoria a la calle, en un grave error político que lo convierte en opositor a sí mismo. No acaba de entender que ahora es Gobierno y sobre todo jefe de Estado y como tal le corresponde dar garantías a todas las entidades y no convocar protestas contra otras ramas del poder público. Los ciudadanos, por su parte, sí tienen derecho a protestar pacíficamente ante cualquier poder, las cortes incluidas, y así se ha hecho en múltiples oportunidades sin que eso signifique un atentado a la democracia.

El presidente ha intentado bajarse de la convocatoria con posterioridad a los hechos, pero lo real es que, en términos políticos, cuando publicó su trino denunciando que el fiscal lo quería sacar, hizo un claro llamado a la movilización ciudadana. Luego vino la citación puntual de Fecode y otras entidades para el 8 de febrero, el mismo día en el que la Corte intentaría de nuevo votar para elegir fiscal. Grave error.

Como trasfondo de la crisis, están la participación en política del fiscal Barbosa y las dudas en torno a Martha Mancera que ya queda como fiscal encargada. No creo que la democracia haya estado en riesgo el 8 de febrero, pero sí hubo un episodio violento que no es menor y que terminó por fortuna sin mayores consecuencias.

[1] Apartes comunicado de la Corte Suprema de Justicia febrero 8 de 2024

[2] Apartes del discurso del presidente Gustavo Petro en la Cumbre de gobernadores transmitido como alocución el 11 de febrero

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