Tres víctimas de secuestro en Chocó en menos de un mes, el reflejo de un crimen que escala en Colombia

No había pasado una semana desde la liberación del delegado de la Registraduría Nacional en el Chocó, Jefferson Murillo, y su primo Blyderson Arboleda, funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando las alarmas del secuestro en el departamento volvieron a activarse. Sócrates Curi Perea, un exdiputado de 66 años y tío de la actual gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, fue raptado por cuatro hombres encapuchados que llegaron a su finca, en el municipio de Tadó, en la mañana del lunes. Estuvo cerca de 24 horas privado de la libertad, hasta que sus captores lo soltaron, bajo la presión de operaciones aéreas que desplegaron las autoridades.

El rapto de Curi Perea, un defensor de la minería ancestral y activista político, motivó la reacción inmediata de la Fuerza Pública cuando empleados de la finca advirtieron el hecho y la gobernadora exigió su pronta liberación. La Policía ordenó sobrevuelos nocturnos con helicópteros y registros en la zona, en coordinación con el Ejército Nacional. Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía en departamento, explicó que los secuestradores advirtieron el cerco y liberaron a la víctima esa misma noche. “Le dieron indicaciones de seguir un camino, que más adelante encontraría una casa donde podía permanecer y en la madrugada ya podía moverse sin ningún problema”, narró el coronel.

El exdiputado tuvo que caminar durante casi 12 horas, atravesando ríos y trochas. En Caracol Radio describió detalles del momento en que se lo llevaron. “Tengo una parcela con una cría de peces y de pollos de engorde, fuimos a alimentarlos y en eso cuatro jóvenes encapuchados me metieron por la montaña. Me subieron por los ríos, de cerro en cerro, para obviar la presencia de la Fuerza Pública. Tocó caminar desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Tipo 8:30 de la noche lograron darme la libertad de manera voluntaria sin ninguna contraprestación”, declaró Curi. El pariente de la gobernadora se reencontró con sus familiares y recibió atención médica en el centro de salud de Tadó, a hora y media por carretera de Quibdó, la capital del Chocó. Estaba “un poco golpeado, con un desgarre de la pierna por el camino tan largo (…) pero en términos generales tranquilo y con ganas de seguir trabajando”, expresó.

Los secuestros en el Chocó, uno de los departamentos que ha soportado la violencia incesante en el Pacífico colombiano, han vuelto a poner de relieve el incremento de un delito que ha regresado a niveles de cuando existían las antiguas FARC. El 2023 fue el año con más secuestros en los últimos 16 años con 331 víctimas, según reportes del Ministerio de Defensa, una cifra que no se veía desde el 2008, cuando hubo 437 víctimas. En muchos de los casos se desconoce quiénes han sido los responsables.

Los hombres que secuestraron a Curi no portaban distintivo de ningún grupo armado, según explicó la víctima. Tampoco se identificaron como miembros de alguna de las estructuras que opera en esa región, en constante disputa por el control de negocios ilícitos como las extorsiones y el narcotráfico. Entre ellas figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más antigua en Colombia; el Clan del Golfo, considerada la mayor banda de tráfico de drogas en el país; y grupos de disidencias de las extintas FARC, así como otras organizaciones delincuenciales.

Apenas horas después de que Curi fuera liberado, circuló un panfleto en el que la autodenominada Corporación Revolucionaria (CBI) señala a Los Zetas, una banda criminal que opera en Quibdó, de ser la responsable de los secuestros recientes. Sin embargo, las autoridades aseguran que, por ahora, esa no es más que una especulación. “Son bandidos delatando a otros bandidos por una división por rentas criminales”, indica Rico, el comandante de la Policía.

El oficial también descarta que haya nuevos grupos dedicados al secuestro, para vender las víctimas a agrupaciones criminales más grandes. “Es algo que ha pasado desde años anteriores. Dentro de los mismos grupos criminales hay unos que se dedican a secuestrar, otros a la negociación y otros son los caleteros, los que custodian a los secuestrados. Son roles dentro de las mismas organizaciones”, apunta.

La semana anterior, Jefferson Murillo, delegado de la Registraduría, fue liberado después de 17 días de cautiverio junto a su primo. Fueron interceptados en un retén ilegal en la vía entre Quibdó e Istmina el pasado 6 de enero. Hasta ahora no se ha establecido quiénes eran los secuestradores.

Lo que sí está claro, según el comandante de la Policía del Chocó, es que ambos raptos se realizaron con fines extorsivos. En el primero de ellos, la liberación se dio después de una negociación con los captores, afirma el oficial. “Se está adelantando la investigación en coordinación con la Fiscalía para dar con el paradero de los responsables, o del grupo u organización que perpetró el hecho. En el caso del doctor Sócrates, así haya sido liberado, también hay una investigación en curso para encontrar a los autores materiales e intelectuales”, indicó el coronel en diálogo con EL PAÍS.

La Policía investiga una denuncia sobre un posible secuestro que sumaría una cuarta víctima en este mismo mes, un caso que sigue sin esclarecerse en el Chocó. Un ciudadano brasileño habría sido interceptado en la vía que conduce al municipio de El Cantón de San Pablo, el sábado 27 de enero. “Los hechos son un poco confusos. Él mismo llama a su excompañera sentimental a manifestar que está secuestrado y a hacer las exigencias de dinero”, precisa el comandante.

La gobernadora Córdoba ha reiterado que el secuestro es incompatible con la paz y constituye una violación reiterada de Derechos Humanos. “El Chocó se enfrenta a un flagelo que no puede seguir escalando. Tenemos un gran reto en seguridad que necesita de toda la coordinación nacional, internacional y territorial”, ha expresado la mandataria del departamento en el que el presidente Gustavo Petro estuvo despachando hace menos de una semana.

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