Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez: “El Gobierno y la empresa privada pueden hacer alianzas, y con este no será la excepción”

El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ha presentado este miércoles la iniciativa Misión La Guajira, con la que buscará proveer con suministros de agua potable y electricidad a los municipios de Manaure y Uribia de ese departamento, el más septentrional de Colombia. En ella participarán ese grupo económico, a través de su filial Promigás, el Departamento de Prosperidad Social y el Grupo Prisa (sociedad editora de EL PAÍS).

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El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ha presentado este miércoles la iniciativa Misión La Guajira, con la que buscará proveer con suministros de agua potable y electricidad a los municipios de Manaure y Uribia de ese departamento, el más septentrional de Colombia. En ella participarán ese grupo económico, a través de su filial Promigás, el Departamento de Prosperidad Social y el Grupo Prisa (sociedad editora de EL PAÍS).

Sarmiento Gutiérrez ha explicado en una entrevista con W Radio que con el plan pretenden llegar a 74 comunidades, que integran unos 3.500 hogares, para proveerlas de insumos con los que puedan mejorar su calidad de vida: “Les vamos a dar insumos para el desarrollo de huertas, cabras, soluciones energéticas (como) paneles solares, soluciones de abastecimiento de agua y vamos a empezar proyectos productivos de intervención social de trabajos colectivos”. También indicó que tratarán de darles lana y material para que fabriquen sus artesanías.

El empresario, hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, recordó que en La Guajira hay un índice de pobreza energética del 70,7%, y en el que el agua potable escasea. A lo largo de los últimos años, en Colombia son frecuentes las noticias que dan cuenta de muertes por desnutrición en esa región del país, un problema que afecta sobre todo a los niños. En 2022, los fallecimientos por esa causa fueron 85. Otra realidad grave es la pobreza, que en el departamento alcanza al 82,7% de la población (86.7% en Manaure y 92,2% en Uribia).

El plan para llevar esas innovaciones a La Guajira está integrado por tres fases: la primera, una serie de estudios que permita identificar cuáles son las principales y mayores necesidades de los pobladores de La Guajira. “Queremos plantear cuál es la mejor solución: si son soluciones individuales de paneles solares o si es una gran granja de paneles solares. No solamente queremos llegar a hacer ese tipo de regalos o ayudas, sino que queremos tocar la verdadera fibra de la sostenibilidad”, dijo Sarmiento.

La segunda etapa es un plan de choque para llegar a las 74 comunidades mencionadas. Será en la tercera fase donde se espera empezar a ver los resultados de los estudios. Según explicó Sarmiento, la organización que lidera invertirá unos 100.000 millones de pesos (cerca de 25 millones de dólares). Además, extendió la invitación a la ciudadanía para que contribuya a que la inversión en el departamento sea mayor: por cada peso invertido por cualquier persona, el Grupo Aval donará dos más.

Otro punto sobre el que conversó Sarmiento Gutiérrez con la emisora fue sobre la alianza que ha logrado la organización económica con el Gobierno Nacional, a través del Departamento de Prosperidad Social encabezado por Laura Sarabia. Comentó que para lograr esa unión fue clave la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro en Cartagena con los líderes de varios de los principales grupos económicos del país, a finales de noviembre. En ella, entre otros temas, se habló sobre la situación del departamento. “Se planteó una cosa que trasciende más que el tema de la reunión: sí se pueden hacer alianzas Gobierno-empresa privada en todos los gobiernos, como lo venimos haciendo hace muchísimos años, y este no será la excepción”.

El presidente Petro, durante su campaña, habló en repetidas ocasiones sobre la urgencia de que el Estado interviniera en La Guajira para mejorar la vida de sus pobladores. Una vez en el poder, a través de una declaración de emergencia económica y social en julio, trató de conseguir facultades para emitir decretos que sirvieran para tomar medidas inmediatas. Sin embargo, se ha tropezado con observaciones jurídicas que llevaron a la Corte Constitucional a derogar en octubre el estado de emergencia. Según el Alto Tribunal, la jurisprudencia constitucional indica que esas declaratorias no se pueden realizar para solucionar problemas estructurales —o sea, que se gestaron en el largo plazo— sino emergencias, y que proceden solo cuando las medidas ordinarias no son suficientes.

A pesar de ello, el Gobierno tiene una nueva posibilidad de intervenir en un problema que el presidente ha insistido en visibilizar, esta vez a través de una alianza con la empresa privada. Es ahí donde entra en escena el Departamento de Prosperidad Social: según explicó Sarmiento Gutiérrez, esa entidad, aparte de ser el canal por el que el Gobierno aportará recursos para el plan, tiene datos de los que carece el Grupo Aval: “Prosperidad Social tiene una cantidad de información que nosotros no tenemos y que nos están aportando, además de sus relaciones con las comunidades que, para nosotros, van a ser nuevas y adicionales a lo que ya hacemos con Promigás, pero va a haber otras nuevas”.

La cabeza del Grupo Aval también afirmó que la presencia de la alianza en el departamento no es de corto plazo (“Este es un proyecto de largo plazo; no vinimos a la Guajira de visita. Llegamos para quedarnos a trabajar, en grupo con Prosperidad Social y las comunidades”) y contó que las ideas de su organización para favorecer a esa región coinciden con las del Gobierno (“Yo diría que se alinearon los astros. Todos teníamos ideas similares”). Eso facilitó tomar decisiones en poco tiempo y mostró la conveniencia de trabajar de la mano: “Como ya existía el plan, el conocimiento y solamente había recursos parciales, lo que dijimos fue: complementamos de inmediato los recursos parciales y lancemos ya un primer plan de acción”.

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