El acuerdo de paz se atasca en la olvidada región Pacífico de Colombia

Yineth García lleva trenzado en su cabellera el mapa del lugar secreto a orillas del río donde sus ancestros escondían las semillas, para luego buscarlas cuando lograban escapar de sus amos. Sus trenzas son una de las formas en que las poblaciones negras conservan y protegen elementos de las antiguas culturas africanas a las que pertenecían sus antepasados, quienes desembarcaron como esclavos en las costas de lo que hoy es Colombia. Yineth es una líder social y ha navegado en lancha, durante siete horas y media, desde su comunidad en Timbiquí hasta ...

Yineth García lleva trenzado en su cabellera el mapa del lugar secreto a orillas del río donde sus ancestros escondían las semillas, para luego buscarlas cuando lograban escapar de sus amos. Sus trenzas son una de las formas en que las poblaciones negras conservan y protegen elementos de las antiguas culturas africanas a las que pertenecían sus antepasados, quienes desembarcaron como esclavos en las costas de lo que hoy es Colombia. Yineth es una líder social y ha navegado en lancha, durante siete horas y media, desde su comunidad en Timbiquí hasta el puerto de Buenaventura. Llega para pedirle al Gobierno de Gustavo Petro soluciones a una profunda crisis social en derechos como salud, educación y acceso al agua potable.

En el día a día, los labriegos del Pacífico salen con sus canoas a pescar o a cultivar la tierra en el campo. Viven en casas palafíticas, a orillas del mar, en medio de la vegetación y la pobreza circundante. Yineth tiene 39 años, es docente y pertenece al consejo comunitario de Renacer Negro, donde escasamente hay dos calles pavimentadas, no hay agua potable y el orden público está constantemente asediado por los grupos armados ilegales. En 2011, ella se vio obligada a desplazarse del municipio tras el secuestro de su hermano. Por su liderazgo social ha sido amenazada y se vio obligada a sacar a su hijo de la comunidad. Bajo el sol, hizo el largo recorrido hasta Buenaventura para levantar su voz. “Espero que el Gobierno llegue a servirnos porque estamos cansados”, dice.

Indígenas y afros de esta zona, como Yineth, se reunieron en Buenaventura para presentar iniciativas que van desde la construcción y dotación de centros de salud y escuelas, albergues para estudiantes y titulación de tierras hasta la creación de centros de memoria para la reparación de las víctimas. Las iniciativas (llamadas “hojas de ruta”) hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron creados tras el acuerdo de paz de 2016. Con ellos buscan la reparación de los territorios más afectados por el conflicto armado: escogieron 170 municipios (de los 1.101 que tiene Colombia) por ser los que tienen mayores índices de pobreza, minería ilegal, cultivos de uso ilícito y ausencia estatal.

El Pacífico medio era la única región donde las comunidades no habían presentado estas iniciativas, pues, según los líderes, en la Administración precedente de Iván Duque no se les tuvo en cuenta. Estas mismas comunidades le presentaron al actual Gobierno, a través de la Agencia de Renovación del Territorio, 629 iniciativas, de las cuales escogieron 161 por considerarlas estratégicas. Salud, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; vivienda, agua potable y saneamiento básico y derecho a la alimentación son algunas de las grandes iniciativas que planean realizar a 15 años y para ello tuvieron en cuenta el enfoque diferencial étnico y la identidad propia y cultural.

Las comunidades de estos territorios reclaman una salud digna. A pesar de acudir a los médicos tradicionales, sabedores o sanadores, existe la necesidad de combinar los conocimientos occidentales con los tradicionales, un sistema que reconozca a ambos. Gladys Cuero es líder del resguardo Bellavista y Partidero (en Guapi, Cauca), partera y hierbatera. Cuando escucha que hay algún enfermo en su comunidad, ella es quien corre para atenderlo. En su cosmogonía, son los sabedores quienes buscan a los pacientes. No obstante, requieren de potencializar su medicina y crear un puesto de salud. En su comunidad enfrentan desafíos como tener que desplazarse a áreas remotas y dispersas, lo que pone la salud del paciente en riesgo. En el puesto de salud de Timbiquí, por ejemplo, apenas cuentan con acetaminofén y escasean medicamentos para el dengue y el paludismo. Otros factores que amenazan sus prácticas culturales son la limitación del acceso a los lugares sagrados donde encuentran plantas medicinales debido a restricciones de orden público ocasionadas por las bandas criminales y la falta de incentivos económicos para quienes practican la medicina propia.

La presentación de las iniciativas no soluciona por sí misma los rezagos que hay en las comunidades, pero permite conocer cuáles son sus necesidades más apremiantes. Si se cumplen, estas iniciativas beneficiarán a más de 150 mil habitantes de las zonas rurales, donde habitan resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos de los municipios López de Micay, Timbiquí y Guapi, en el departamento del Cauca, y Buenaventura, en el Valle del Cauca (suroeste de Colombia). En muchos de estos municipios no hay agua potable. Los habitantes viven de la pesca artesanal, la agricultura, la minería, la elaboración de artesanías y la extracción de madera. Pese a que Buenaventura tiene uno de los puertos más importantes de Colombia, son pocos los habitantes que viven del comercio y la mayoría están en la pobreza absoluta.

Wisne Hinestroza Valencia es agrónomo de profesión y líder social. En la comunidad que él representa (Guaimía, zona rural de Buenaventura) no hay medicamentos necesarios para atender el precario puesto de salud; tampoco financiación para producir en el campo. Las escuelas tienen infraestructura deficiente y poca conectividad, y hay escasa seguridad alimentaria. “No hubo voluntad del Gobierno pasado de invertir en el Pacífico. Las reformas que pedimos son para dignificar la calidad de vida de las comunidades”, dice.

La presencia de actores armados es una de las mayores amenazas que enfrentan las comunidades en esta región, donde están asentadas las disidencias de las FARC y otros grupos delincuenciales. En Buenaventura, donde más de 100.000 personas han sido víctimas del conflicto armado, ha habido crímenes atroces en casas destinadas a torturas y desmembramientos, conocidas como “casas de pique”. En el marco de la política de paz total, las bandas criminales Los Shottas y Los Espartanos prorrogaron el cese al fuego hasta el febrero de 2024, no obstante, han seguido ocurriendo asesinatos selectivos y extorsiones.

Para las comunidades no habrá paz ni se realizará ninguna de estas iniciativas si en sus territorios hacen presencia estos grupos criminales que desplazan o confinan a la población. “Cerrar las brechas de desigualdad implica que volvamos a vivir en armonía, tranquilidad, en nuestro territorio. De nada sirve que nos construyan un megacolegio o un hospital si no podemos ir a ser atendidos porque hay temor de la población o porque incluso ya no esté, porque lastimosamente la gente se sigue desplazando”, explicó uno de los líderes. Para Wisne Hinestroza Valencia, el panorama es caótico debido a que el conflicto armado se ha reconfigurado. “El acuerdo de paz nos hizo ilusionar a todos al creer que realmente íbamos a tener tranquilidad porque ya se desmovilizaban las FARC. Lastimosamente quedaron los elenos (guerrilleros del ELN), llegaron las disidencias y otras organizaciones coparon esos espacios que tenían”, explica.

Rodrigo Granda, excomandante de las FARC y hoy delegado ante la CSIVI (Comisión de Seguimiento, impulso y verificación de la implementación del acuerdo final) secunda la idea: cree que, si no se cumple el acuerdo de paz firmado en La Habana jamás habrá paz en el país. Puntos como el de tierras, en el que se tiene que establecer un fondo de tres millones de hectáreas de tierra para los campesinos, el catastro multipropósito, la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros, son compromisos aún pendientes. “El acuerdo de paz está supremamente estancado. Los cuatro años del Gobierno anterior fueron perdidos en la implementación”, dice Granda.

Paola Castro, de rostro angulado y pómulos marcados, ingresó desde los 13 años a las FARC. “No porque quise sino porque me tocó”, aclara. Dejó las armas en 2016 tras la firma del acuerdo de paz pero tiene miedo de que la maten, como ha sucedido con más de 400 excombatientes. A sus 32 años no se atreve a decir públicamente que fue guerrillera. “Algunos tienen la prevención de que uno fue lo peor”, dice mientras recalca que no hay garantías y seguridad para los firmantes de paz. En un evento que congregó a cerca de 200 personas, Paola se unió a los reclamos. “Estamos pidiendo educación. Los niños a veces no van al colegio porque les da miedo. Necesitamos mejoramiento de vivienda, agua y trabajo para las mujeres. En este momento, yo tengo un beneficio del Gobierno pero cuando se acabe, ¿qué voy a hacer?”, se pregunta.

A nivel nacional se han aprobado más de 33.000 iniciativas, informó Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). La implementación de las otras hojas de rutas ha sido mínima tras siete años del acuerdo de paz. La ART articula las iniciativas con entidades públicas y el sector privado, pero no tiene presupuesto. “Decir que se va a ejecutar en los dos años y medio que nos queda de Gobierno sería faltar a la verdad, eso implica esfuerzos más allá del periodo presidencial, de ahí la importancia de empoderar a las comunidades porque es la garantía de sostenibilidad”. Las comunidades esperan que los nuevos alcaldes que se posesionan el primero de enero de 2024 acojan en sus planes de desarrollo estos proyectos. La presentación de las iniciativas es el primer paso.

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