Hora de cambios en la paz total

La estrategia de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro requiere un cambio. En cuestión de una semana dos, crisis simultáneas generan de nuevo dudas sobre la conducción de los diálogos. El secuestro del padre del futbolista Luis Díaz puso en evidencia que el ELN sigue secuestrando como práctica común, a pesar de que este delito viola el Derecho Internacional Humanitario y a pesar de estar en una mesa de diálogo con cese al fuego ...

La estrategia de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro requiere un cambio. En cuestión de una semana dos, crisis simultáneas generan de nuevo dudas sobre la conducción de los diálogos. El secuestro del padre del futbolista Luis Díaz puso en evidencia que el ELN sigue secuestrando como práctica común, a pesar de que este delito viola el Derecho Internacional Humanitario y a pesar de estar en una mesa de diálogo con cese al fuego vigente. A esto se suma la decisión de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de levantarse de la mesa con el argumento de que no han retirado las tropas de algunas zonas.

El secuestro de don Luis Manuel Díaz es grave más allá de ser familiar de una estrella del fútbol. Este delito es inaceptable y condenable como lo es cualquier secuestro de cualquier persona y más si es un civil. Por eso esa guerrilla debe dejar ya de secuestrar y liberar a todas las personas que tiene en su poder. Eso no debe ser objeto de ninguna negociación. Llama la atención que en el comunicado el ELN diga que “...al verificarse que se trata del padre de Lucho Díaz se orienta su liberación por ser familiar del gran deportista al que queremos todos los colombianos”. No se trata de liberarlo porque es el padre de un deportista, lo deben liberar a él y a todos los civiles porque es un delito que no pueden seguir cometiendo y punto. Hablan también en ese mensaje, que insulta al país, sobre los “comandos en misiones económicas”, porque así es como llaman al secuestro.

Esto se veía venir desde cuando Pablo Beltrán, uno de los negociadores del ELN, dijo en junio que las “las actividades de financiación seguirán”. Sabemos que para esa guerrilla los secuestros y extorsiones son “retenciones” e “impuestos” y según esa declaración no estaban acordados en el cese al fuego que estaban pactando y que comenzó finalmente el 3 de agosto. ¿Se aceptó negociar con una guerrilla a la que las fuerzas legítimas del Estado no atacan mientras el grupo ilegal sigue agrediendo a la población civil? La liberación de todos los secuestrados debe ser una condición obligatoria para cualquier mesa de diálogo si el Gobierno quiere que el proceso tenga un mínimo de legitimidad en medio del cada vez más estrecho espacio político para avanzar.

Mientras tanto, las disidencias del Estado Mayor Central en su comunicado hablan del compromiso que se habría adquirido de retirar a las tropas de sus zonas de influencia y al quejarse de lo que consideran incumplimiento del Estado dicen: “...se sigue privilegiando la visión militarista sobre la intervención social, los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso, sin embargo la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza…”.

¿Se pactó un “despeje” con el Estado Mayor Central? Esa palabra tiene para Colombia una muy ingrata recordación porque fue la estrategia que se usó en el Gobierno de Andrés Pastrana cuando se entregaron a las FARC cinco municipios con una extensión 42.000 kilómetros cuadrados sin presencia de la fuerza pública para facilitar los diálogos de paz. Al final fue otro intento fallido porque la guerrilla utilizó la zona para fortalecerse y cometer todo tipo de delitos.

Si es cierto, como lo señalan en su comunicado las disidencias, que se pactó un retiro de la fuerza pública, estamos ante un despeje y convendría saber de qué extensión, en qué zonas, bajo qué condiciones. Con el desastre de lo que pasó en los diálogos del Caguán, el país entendió que no se pueden hacer despejes para sacar a la fuerza pública de zonas de influencia de grupos ilegales mientras se negocia. Se pueden pactar algunos puntos de concentración al terminar el proceso, algunos lugares para ubicar a las tropas, pero reclamar que salgan las fuerzas legítimas del Estado de zonas completas del territorio nacional va más allá de un cese al fuego y haría bien el Gobierno en hacer claridad sobre lo acordado.

Todos los procesos tienen crisis y momentos extremos porque se negocia con grupos ilegales y se trata, justamente, de desactivar una guerra que se sigue librando. En este caso, sin embargo, desde el primer momento se han cometido errores en la manera en que se ha manejado el proceso, o los procesos de las mesas paralelas. Tal vez lo más grave es que el Gobierno dio mucho de entrada sin hacer mayores exigencias a los grupos armados. El cese al fuego bilateral, lo saben los expertos en negociación, es un punto de llegada porque el Estado no puede cesar la acción contra el crimen organizado a cambio de nada.

La salida negociada ha sido la mejor estrategia para bajar los índices de violencia, como lo revelan numerosos estudios. Es claro desde hace tiempo que la posibilidad que plantean algunos de “eliminar militarmente” a la totalidad de los miembros de grupos ilegales es imposible porque se alimentan de manera permanente de las rentas ilegales, el reclutamiento forzado y las deplorables condiciones sociales de muchas zonas en donde actúan. La fórmula de guerra total se ha ensayado con las nefastas consecuencias que conocemos. Mantener abierta la puerta de diálogo es un deber, como también lo es fortalecer la presencia del Estado con todas sus herramientas en las zonas vulnerables.

Lo que no puede pasar es que por errores en la conducción de las mesas se cierre el cada vez más estrecho margen político para apostar a la salida negociada. Cada error cometido en la mesa alimenta las salidas guerreristas y pone vidas en riesgo. Cada paso en falso se va a pagar con muertos y sufrimiento de las comunidades. Es momento entonces para que el Gobierno haga ver que tiene el control de las negociaciones y deje de otorgar ventajas a los grupos ilegales, que se deben ganar con acciones concretas el derecho a negociar. El primero de ellos debe ser parar toda hostilidad contra la población civil y eso implica dejar de secuestrar, extorsionar, amenazar e intimidar a las comunidades.

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