El tablero está saturado en la batalla por las gobernaciones: 251 candidatos para solo 32 plazas

El foco de las elecciones regionales del próximo domingo se posa sobre los resultados para las alcaldías en Colombia. No obstante, en paralelo se libra una batalla algo más discreta entre 251 aspirantes a ocupar la silla de 32 Gobernaciones departamentales, un incremento del 14% con respecto a 2019. Se trata de un embrollo añadido para uno de los altos cargos más borrosos por su diseño administrativo dentro de la arquitectura institucional colombiana y, para muchos analistas, el eslabón más débil de la política territorial implantada desde la Constitución de 1991.

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El foco de las elecciones regionales del próximo domingo se posa sobre los resultados para las alcaldías en Colombia. No obstante, en paralelo se libra una batalla algo más discreta entre 251 aspirantes a ocupar la silla de 32 Gobernaciones departamentales, un incremento del 14% con respecto a 2019. Se trata de un embrollo añadido para uno de los altos cargos más borrosos por su diseño administrativo dentro de la arquitectura institucional colombiana y, para muchos analistas, el eslabón más débil de la política territorial implantada desde la Constitución de 1991.

Se ha establecido la idea, basada en pilares prácticos, de que las alcaldías resultan una entidad más cercana a las preocupaciones del país urbano. A grandes rasgos, por el contrario, las gobernaciones departamentales actúan como una figura administrativa más cercana a los intereses de los votantes en las zonas rurales y de los pueblos medianos. “Este año se confirma que las Gobernaciones son un punto de encuentro para las fuerzas políticas tradicionales, poco innovadoras, donde escasean las propuestas y la renovación de liderazgos”, asegura la politóloga y docente de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi.

Colombia lleva más de un siglo en la búsqueda de un modelo adecuado en materia territorial. De un experimento federalista en el XIX saltó a uno acentuadamente centralista durante buena parte del XX. Dos siglos después de la independencia, los políticos y gobernantes no han dado con la fórmula para segmentar con claridad las tareas y organización entre el Gobierno central y las entidades regionales. Como consecuencia, el cargo con más retoques, con más reformas constitucionales, leyes y decretos a sus espaladas es, quizás, el de gobernador.

No es de extrañar que una parte importante del electorado hoy no tenga claro cuáles son las funciones del gobernador, ni su verdadero rango dentro del andamiaje democrático. En teoría, su papel consiste en funcionar como hilo de enlace entre los departamentos y las instituciones nacionales, concentradas en Bogotá. También coadministrar con el Gobierno Nacional y los alcaldes algunos servicios en salud y educación, y canalizar la inversión de las conocidas regalías, el impuesto pagado por explotar los recursos naturales y que la Nación transfiere, en parte, a los departamentos.

Una amalgama de clientelismo y gestión burocrática ajena a las decisiones sustanciales de nivel nacional y que ha dado pie a repetidos casos de corrupción. Entre 1992 y 2014, más de la mitad de los 283 gobernadores elegidos o encargados acabaron en la cárcel o fueron objeto de sanciones penales. “La explosión de candidaturas para las elecciones del próximo domingo”, mantiene Patricia Muñoz, “solo incide en la confusión ciudadana. Son 86 aspirantes más que en 2019, y cada vez es más complejo marcar las diferencias programáticas para decidir el voto. Además, cada vez se necesitan más recursos para echar a andar tantas campañas”.

La designación de los gobernadores estuvo a cargo del Gobierno de turno hasta 1991. La delimitación de sus funciones era hasta entonces clara. La importancia de su papel, aunque debatible, también. Hoy nada de esto queda claro y su peso político y fluidez en el diálogo con el Gobierno central suele fluctuar. “Las alcaldías tienen más recursos, a través del cobro del impuesto predial o la prestación de los servicios públicos, por ejemplo. Las gobernaciones dependen más de las transferencias de la Nación, que cada vez son más pesadas para el Estado y más ajustadas para los departamentos”, explica el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario Yan Basset.

En 11 de los 32 departamentos hay candidatos que aspiran a repetir en el cargo. Nombres ya conocidos como el de Jorge Rey (2016-2019), en Cundinamarca, el excandidato presidencial Verde Carlos Amaya en Boyacá (2016-2019), o la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro (2016-2019), en el Valle del Cauca, forman parte de este grupo. ¿Dónde radica la importancia de las gobernaciones hoy? Habría que desagregar caso por caso. Pero, a grandes rasgos, existe un puñado de departamentos cuya capacidad económica les sirve para ejercer algún peso político.

Por ejemplo, los gobernadores de Caldas, Valle o Antioquia, tienen el control sobre licoreras departamentales solventes. También manejan las rentas de las loterías y tienen silla en la junta directiva de universidades acreditadas, lo cual se traduce en influencia política. “En los años 30 y 40 del siglo pasado fueron muy importantes porque era una cuota política y el canal de comunicación entre el presidente y los alcaldes”, explica el profesor de la Universidad Javeriana Andrés Dávila; “después entraron en quiebra, y en los últimos años han tratado de recomponer el camino y a nivel político han pasado cosas importantes”.

Se refiere a casos en Nariño y Magdalena, dos feudos tradicionales del conservatismo —el segundo llegó a quedar en manos del paramilitarismo— donde se han alzado con el poder grupos de izquierda. En los dos casos se han unido fuerzas con las alcaldías grandes para consolidar su labor. Avances que la académica Patricia Muñoz etiqueta de “tibios”: “Ha habido una intencionalidad por Constitución. Pero creo que la tarea de intermediación para impulsar proyectos de interés regional hoy la cumplen los congresistas. La experiencia de las entidades territoriales como actores políticos que coordinan e integran han sido parciales”.

Yan Basset recuerda que su importancia es estrictamente local y que se limita a socorrer a áreas rurales donde la infraestructura de pequeñas y medianas poblaciones depende de su presupuesto: “Basta con revisar las estadísticas electorales para confirmar que el voto por gobernadores en estas zonas es mucho mayor que en las ciudades”. Mientras los colombianos eligen el próximo domingo a alcaldes y gobernadores, el analista Hernando Gómez Buendía deja en su libro Entre la independencia y la pandemia un saldo nebuloso del modelo que vertebra hoy la confusa repartición de competencias del sistema territorial: “La figura misma de los departamentos nació muerta (…). Bajo la fórmula gaseosa de centralización política y descentralización administrativa, estas entidades administrativas han vivido como almas en pena buscando algo qué hacer y algo de qué vivir”.

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