Álvaro Uribe denunciará a una de sus antiguas aliadas por incriminarlo en la parapolítica
La exsenadora Zulema Jattin aseguró ante la justicia transicional que su antiguo jefe político le dijo que no denunciara la injerencia de los paramilitares en las elecciones de 2002
El expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a quedar señalado por acusaciones vinculadas a la parapolítica, como se conoce en Colombia a los nexos entre políticos y paramilitares. W Radio reveló el martes que una de sus antiguas aliadas, la exsenadora Zulema Jattin, lo mencionó varias veces en la confesión que h...
El expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a quedar señalado por acusaciones vinculadas a la parapolítica, como se conoce en Colombia a los nexos entre políticos y paramilitares. W Radio reveló el martes que una de sus antiguas aliadas, la exsenadora Zulema Jattin, lo mencionó varias veces en la confesión que hizo en diciembre de 2022 ante la justicia transicional que surgió tras los acuerdos de paz de 2016. Según ella, Uribe le dijo que “no denunciara” la injerencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las elecciones nacionales de 2002, en las que ella fue elegida congresista y él llegó a la Presidencia. Este viernes, el exmandatario ha negado las acusaciones y ha anunciado que la denunciará por calumniarlo con “un análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”.
Jattin estuvo en los más altos círculos del poder a comienzos de este siglo. Proveniente de una poderosa familia política del departamento de Córdoba, en la costa caribe del norte del país, fue congresista entre 1998 y 2009. Ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes en 2004 y fue una de las principales aliadas del segundo Gobierno de Uribe (2006-2010). En su confesión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció que utilizó su cargo como congresista para promover, sin éxito, que los paramilitares obtuvieran un estatus político en sus negociaciones con el Gobierno de Uribe y que se les garantizaran rebajas de penas. Detenida en 2009, Jattin pasó gran parte de la última década en prisión domiciliaria y defendiéndose ante los tribunales. La JEP la aceptó bajo su jurisdicción en 2021 y le concedió la libertad condicional a finales de 2022.
La exsenadora señala que se reunió con Uribe en 2002 para expresarle su preocupación por las amenazas de las AUC en las campañas electorales en Córdoba. El entonces candidato a la Presidencia, supuestamente, desestimó el comentario, le dijo que no hiciera nada al respecto y le recomendó que se abstuviera de hacer presencia en zonas vedadas. “Era preferible que no pusiera la denuncia. Era una sugerencia respetuosa, a la que yo iba a hacer total caso”, comentó la excongresista. Asimismo, según Jattin, el Gobierno de Uribe miró para otro lado cuando ella continuó con las advertencias. “Era peor decirles”, aseguró.
La confesión ante la JEP agrega que los paramilitares estuvieron detrás de la candidatura de Juan Carlos Aldana para la Gobernación en 2003. “Hubo un pacto no escrito, pero tácito, con las Autodefensas, para entregarles las secretarías si ganaba el candidato del llamado sindicato”, contó Jattin. Al final ganó el liberal Libardo López Cabrales, que paradójicamente está condenado por parapolítica.
Además, la excongresista dio una larga lista de congresistas, alcaldes y funcionarios públicos que presuntamente estuvieron vinculados a los paramilitares en uno de los departamentos en los que las AUC tuvieron más fuerza, y donde prácticamente toda la clase política fue investigada o condenada por aliarse con ese grupo ilegal. Las AUC presuntamente impusieron a algunos de ellos, como William Saleme Martínez, un exsecretario de Gobierno de Córdoba que también fue juez. En otros casos, dieron dinero para que se bajaran aspirantes que rivalizaban con los candidatos elegidos.
La respuesta de Uribe llegó el viernes por la mañana a través de un comunicado. Afirma que no es su estilo decir que se necesitan pruebas escritas y que nunca habló con Jattin sobre algunas de las personas que ella menciona. “Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP un análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, se lee en el texto. Asegura, además, que rechazó una invitación para reunirse con paramilitares durante la campaña electoral. “Contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser presidente de la República”, señala. Para finalizar, concluye con un consejo para los jóvenes: “Pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política”.
Esta no es la primera acusación que salpica a Uribe en los últimos meses. El exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, declaró en mayo ante la JEP que el exmandatario había sido una parte importante del asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, en 2003. “Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, comentó Mancuso. Según el exmandatario, esto no es cierto, ya que él supuestamente pedía reforzar los esquemas de seguridad de los amenazados. Además, agregó que la extradición del exlíder paramilitar a Estados Unidos en 2009 no fue parte de un plan para ocultar la verdad y que tomó la decisión tras evaluar las condiciones de las prisiones colombianas en las que estaban presos los jefes de las AUC. “Sentí la impotencia de nuestro sistema carcelario para evitar el crimen. Fueron extraditados. Nunca fue para ocultar la verdad”, remarcó.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.