El director de la Policía confirma que las disidencias de las FARC llevan adelante un nuevo ‘Plan Pistola’ contra la fuerza pública
Los agresores de policías y militares en las últimas semanas se han identificado como parte de diversas estructuras asociadas al Estado Mayor Central de Iván Mordisco
El director de la Policía, William Salamanca, ha confirmado este viernes que una de las dos grandes disidencias de las extintas FARC ha puesto en marcha un Plan Pistola, como se conoce a la estrategia de los grupos armados de ofrecer recompensas para asesinar miembros de la fuerza pública. Los departamentos afectados son Cauca, Nariño y Norte de Santander. “Estamos en máxima alerta”, ha señalado en declaraciones a medios de comunicación. Asimismo, el Ejército ha informado en un comunicado que dos soldados han sido secuestrados en Cumbitara (Nariño). Los agresores se identificaron como miembros...
El director de la Policía, William Salamanca, ha confirmado este viernes que una de las dos grandes disidencias de las extintas FARC ha puesto en marcha un Plan Pistola, como se conoce a la estrategia de los grupos armados de ofrecer recompensas para asesinar miembros de la fuerza pública. Los departamentos afectados son Cauca, Nariño y Norte de Santander. “Estamos en máxima alerta”, ha señalado en declaraciones a medios de comunicación. Asimismo, el Ejército ha informado en un comunicado que dos soldados han sido secuestrados en Cumbitara (Nariño). Los agresores se identificaron como miembros del grupo armado Franco Benavides, una columna de las disidencias de Iván Mordisco.
Salamanca no ha especificado si el Estado Mayor Central, de Mordisco, es el que está detrás del Plan Pistola. No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió hace dos semanas en una rueda de prensa a un “plan de muerte” que presuntamente había decretado el grupo y que se encontraba en investigación. En W Radio, Velásquez agregó que se encontraron volantes de un grupo asociado a Mordisco al capturar a dos presuntos responsables del asesinato de la patrullera Paula Ortega en Neiva (Huila), cometido a inicios de agosto.
El Estado Mayor Central ha sido ambivalente en su postura frente a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro. El grupo indicó al comienzo del cuatrienio que tenía voluntad de negociar y acordó un cese al fuego bilateral, uno de los acuerdos que el presidente anunció en diciembre. Incluso hizo una reunión pública en los llanos del Yarí que le dio más cohesión e identidad hacia afuera. No obstante, el Ejecutivo suspendió en cuatro departamentos el alto al fuego en mayo, después de que un grupo asociado a Mordisco masacrara a cuatro menores de edad en el Caquetá. El ministro Velásquez señaló estas contradicciones en sus declaraciones en W Radio, cuando habló de la muerte de la patrullera en Neiva: “El Estado Mayor Central tiene un doble discurso. Por un lado, hablar de paz y de la necesidad de un cese al fuego. Por otro lado, cometer acciones de esta naturaleza”.
La Policía y las Fuerzas Militares han sufrido varios ataques en las últimas semanas. El miércoles, el cuerpo del patrullero Jefferson Valencia fue encontrado a medio enterrar en un paraje en Nariño. Había sido interceptado mientras viajaba de Tumaco, en la costa del Pacífico, a la capital del departamento, Pasto, en el suroccidente del país, junto a un compañero que logró escapar. Las disidencias de Mordisco reconocieron el asesinato y los responsabilizaron por viajar de civil y armados en una zona de alta conflictividad.
Unos días antes, el Frente Jaime Martínez, también asociado a Mordisco, se atribuyó el asesinato de tres policías en Morales (Cauca). Al día siguiente, una explosión de un carro bomba en Timba (Cauca) dejó a un subteniente muerto. Según la Policía, el Frente Jaime Martínez estuvo detrás del atentado.
La Fiscalía, además, capturó a mediados de julio a dos sicarios que el Frente Carolina Ramírez había enviado de Putumayo a Amazonas para controlar la salida de estupefacientes. Según informó la entidad acusatoria en un comunicado, ambos estaban involucrados en la planeación de un Plan Pistola que iban a imponer en la región, mediante el cual recibirían una recompensa de 10 millones de pesos (unos 2.400 dólares) por cada policía asesinado.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.