Las mujeres pelearán por un lugar especial en la reforma del Gobierno a las pensiones

El Congreso de Colombia tendrá la oportunidad de legislar para cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres con la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, que continuará su trámite a partir de este 20 de julio. La comisión séptima del Senado, que la aprobó en el primero de cuatro debates, incluyó un artículo que reduce el requisito de 1.300 semanas, a partir del 1 de enero de 2026. El ajuste se haría de forma gradual, comenzando con 50 semanas y bajando 25 más cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Ese cambio en la reforma, que presentó el Ministerio de Trabajo...

El Congreso de Colombia tendrá la oportunidad de legislar para cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres con la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, que continuará su trámite a partir de este 20 de julio. La comisión séptima del Senado, que la aprobó en el primero de cuatro debates, incluyó un artículo que reduce el requisito de 1.300 semanas, a partir del 1 de enero de 2026. El ajuste se haría de forma gradual, comenzando con 50 semanas y bajando 25 más cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Ese cambio en la reforma, que presentó el Ministerio de Trabajo en marzo, se incorporó después del reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso jurídico la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres logren una protección económica para la vejez en el régimen de prima media. Es decir, en el sistema público de pensiones.

Aunque el requisito de edad actual es de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres, el tiempo mínimo para sumar aportes es el mismo, una condición que limita las posibilidades de las mujeres de obtener el ingreso. El pasado 6 de junio, el tribunal señaló: “La norma demandada, aunque se aprecia neutral, resulta inconstitucional, por cuanto genera una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse”.

La decisión responde a una demanda de Diego Andrés López Suárez, un administrador público y especialista en derecho constitucional, quien ha demostrado que la defensa de los derechos de las mujeres no tiene exclusividad de género. López, de 39 años, argumentó que el apartado de la ley 797 de 2003 que fija el periodo de cotización desconocía el derecho de las mujeres a obtener una protección especial para garantizarles igualdad al momento de la jubilación.

Las barreras que enfrentan las mujeres en la vejez surgen desde antes de llegar a la edad de retiro. A inicios de 2022, por cada 100 hombres en la fuerza de trabajo en Colombia, había 73 mujeres, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Mientras el desempleo masculino fue del 8,4% en mayo pasado, el de las mujeres fue de dos dígitos, con 13,2%. La brecha es del 4,9%, similar a la del salario.

Entre la población joven la diferencia es aún mayor. El 22,1% de las mujeres entre 15 y 28 años están en búsqueda de empleo, en comparación con un 14,4% de los hombres. La brecha es del 7,7%. Entre menos acceso a empleo formal, menos posibilidades de aportar al sistema de seguridad social. Como resultado, la baja cobertura de pensiones en Colombia se acentúa en la población femenina: solo 2 de cada 10 mujeres en edad de jubilación acceden a una mesada, mientras que 3 de cada 10 hombres alcanzan ese derecho.

En contraste, las mujeres destinan más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. En promedio, dedican diariamente 7 horas y 46 minutos a esas obligaciones, mientras que los hombres ocupan 3 horas y 6 minutos, una diferencia de más de cuatro horas que muestra la encuesta nacional de uso del tiempo 2020-2021. Por esta labor, no perciben ingresos ni pueden aportar a pensión, incluso en el extraño caso en el que tengan dinero para ello.

Ese choque de la desigualdad lo vio López Suárez reflejado en su hogar. “Mi mamá tuvo seis hijos y no pudo pensionarse a pesar de que trabajó porque en la etapa de dar a luz, muchas veces fue excluida de su trabajo”, recuerda. Como exgerente del programa para la mujer rural en la Gobernación de Cundinamarca, también conoció a beneficiarias de ayudas para proyectos productivos que habían trabajado durante años y nunca alcanzaron la pensión. “A veces eran cabezas de hogar que no podían trabajar y dejar solos a sus hijos. Cuando llegaban a la edad de pensión, habían cotizado 900 semanas o menos. Y al acercarse tan rápido a esa edad, las excluían y no las contrataban”, dice el demandante.

El informe Brechas de Género en Colombia 2020, del DANE, también advierte que las diferencias comienzan desde la juventud. “Entre los 15 y 20 años la probabilidad de dedicarse al hogar es cuatro veces mayor entre las mujeres que entre los hombres”, destaca. Hacia las edades avanzadas hay una distancia de casi 10 puntos entre el porcentaje de mujeres que puede vivir de su pensión (20,1%) y el de hombres que logran hacerlo (29,5%), de acuerdo con datos de 2018.

Ahora que la Corte les dio la razón a millones de mujeres, y que la discusión se abre paso en el Congreso de la República, surgen nuevas dudas, como las implicaciones fiscales de la reducción de las semanas de cotización. Mauricio Olivera, expresidente de la estatal Colpensiones, explica que el mayor desafío es encontrar la fuente de recursos. “Las brechas de género hay que cerrarlas. Eso tiene un efecto fiscal importante porque el número de semanas baja y el valor de la pensión no cambia. Por eso la misma Corte da un plazo para que el Gobierno y el Congreso lo resuelvan” apunta.

El aumento de la esperanza de vida ―que es mayor en las mujeres que en los hombres― también trae un reto de sostenibilidad, pues los ahorros deben alcanzar para un tiempo más prolongado de retiro. Mario Cruz, economista de la Universidad Nacional, asegura que “las mujeres que se pensionan viven en promedio hasta 90 años, según cifras oficiales. Disfrutan hasta 33 años de su pensión, que corresponde a un 60% o 65% de su ingreso. Con la nueva regla, cotizarían el 16% de su ingreso por un periodo aproximado de 20 años. Sería insostenible”.

La reforma pensional del presidente Gustavo Petro, que apunta a aumentar la cobertura de pensiones, contempla un sistema de pilares para fortalecer el modelo público que hoy compite con las administradoras privadas de los fondos de pensiones. La propuesta también planteaba, desde sus inicios, una reducción de 50 semanas a las mujeres por cada hijo que tengan, máximo por tres hijos, es decir, hasta 150 semanas.

El director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, cree que ese es un camino más viable. “Por eso comparto el salvamento de voto del magistrado [Alejandro] Linares, que argumenta que el fallo ha debido incorporar los efectos de la decisión en la sostenibilidad del régimen de prima media. Creo que el artículo de la propuesta inicial está mejor focalizado y es más razonable desde el punto de vista fiscal”, argumenta. La magistrada Cristina Pardo y el magistrado Antonio José Lizarazo también salvaron su voto.

Por el contrario, Laura Porras, profesora asociada a la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, considera que ese beneficio se queda corto. “La sentencia de la Corte es un llamado para que el Congreso incluya el enfoque de género para la pensión de vejez. La Corte toma parte en el debate político con razón, porque la reforma propuesta no hacía lo suficiente para disminuir la brecha pensional”, afirma.

El fallo de la Corte Constitucional solo hace referencia al sistema público de pensiones que hoy tiene 6,7 millones de afiliados, de los cuales 3,1 millones son mujeres. Por eso, otro de los interrogantes es qué pasará con las empleadas que cotizan a los fondos privados, donde el requisito de tiempo es de 1.150 semanas sin distinción de género y donde está la mayoría de afiliados. De 18,2 millones de cotizantes en esos fondos, el 43% corresponde a mujeres.

Con la reforma del Gobierno de Petro, como está planteada, todos los trabajadores pasarían a cotizar al régimen público de Colpensiones por ingresos hasta por tres salarios mínimos, excepto quienes clasifiquen en el periodo de transición que se establece para hombres que llevan 900 semanas cotizadas y para mujeres con 750 semanas, quienes podrán continuar bajo el modelo actual.

El futuro de la propuesta y de su enfoque de género dependerá de los próximos debates en el Congreso, donde se empiezan a reacomodar las fuerzas políticas a tres meses de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Más allá de las decisiones que se aproximan, la inequidad sigue siendo profunda. La falta de igualdad laboral entre hombres y mujeres es una deuda histórica.

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