La ANDI y el Gobierno coinciden: la escasez de medicamentos se ha sobredimensionado

Dos análisis detallados, elaborados por el Gobierno de Gustavo Petro y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de forma separada, han desestimado la información difundida por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), que agremia a las empresas promotoras de salud (EPS), de que Colombia atraviesa una escasez de 1.242 productos. Una cifra que ha circulado como bola de nieve hasta el punto de sembrar la alarma frente a la posibilidad de que el país atraviese ...

Dos análisis detallados, elaborados por el Gobierno de Gustavo Petro y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de forma separada, han desestimado la información difundida por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), que agremia a las empresas promotoras de salud (EPS), de que Colombia atraviesa una escasez de 1.242 productos. Una cifra que ha circulado como bola de nieve hasta el punto de sembrar la alarma frente a la posibilidad de que el país atraviese una crisis por desabastecimiento de medicamentos.

Habría que remontarse primero a los días de la pandemia para deshilvanar los hechos. Durante meses, a causa del corto circuito en las cadenas de suministro y otros problemas portuarios, droguerías y farmacias han enfrentado obstáculos para almacenar algunos remedios para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión o ciertos trastornos de salud mental, entre otros. Una vez superada la crisis sanitaria, y con los mercados aún recuperándose, se sumaron varios hechos que han servido para condicionar el debate en la opinión pública sobre un asunto que solo se concentra en algunos renglones específicos de la oferta farmacológica y tiene múltiples causas.

“Nuestra revisión”, admite la directora de la cámara farmacéutica de la ANDI, Mariana Sarasti, “nos da la certeza de que menos del 10% de los principios activos [los componentes químicos de los medicamentos] publicados tienen riesgo de desabastecimiento”. Una postura que coincide con la del Ejecutivo y supone un singular punto de encuentro entre dos sectores cuya relación, por lo pronto, ha sido bastante distante. No sobra recordar la aspereza del trámite de la reforma a la salud en curso impulsada por el primer Gobierno de izquierda en Colombia, por un lado; y por el otro, viejas rencillas ideológicas que arrastraba de tiempo atrás la exministra de Salud Carolina Corcho y actores del sector privado, como las farmacéuticas afiliadas a la ANDI o algunas EPS.

Una suma de factores que ha servido como blanco de ataque a uno de los flancos más débiles de un Gobierno cuya popularidad cotiza a la baja. Y de paso desenfocar la discusión de problemas subyacentes asociados, por ejemplo, a trabas estructurales en los contratos entre actores privados, viejos fallos en las prioridades de producción de los laboratorios y desajustes en la oferta de las EPS que han absorbido a los pacientes provenientes de las aseguradoras liquidadas durante esta administración. Es decir, viejos y nuevos problemas. La Procuraduría, por su parte, ha puesto el foco en torno a la responsabilidad del Ministerio de Salud, que no tiene recursos ni asignaciones para comprar, y ha abierto una investigación contra la cartera y contra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), encargado de dar luz verde al ingreso de nuevos medicamentos al mercado.

“El Ministerio no compra medicamentos. No puede hacerlo. Y si por alguna razón existiera una oferta de productos desabastecidos, el Ministerio no tendría la competencia ni los recursos para adquirirlos”, se lee en un documento interno difundido por el Gobierno entre sus bancadas.

“Alguna EPS ha sugerido que el INVIMA tendría la competencia para definir las cantidades de medicamentos que se ‘autorizan’ para el mercado institucional”, prosigue el texto, “Es una falacia que solo se explica por la campaña iniciada por ACEMI”. Claudia Vaca, directora del centro de pensamiento Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional, explica que, si bien es cierto que una escasez de 1.200 principios activos es técnicamente imposible, en toda esta historia los grandes damnificados del fuego cruzado han sido los pacientes: “El problema no tiene la magnitud gigantesca que se ha difundido en medios. Sin embargo, desconocer que algo está pasando sería un error”.

Entre el 22% y el 25% de los medicamentos en Colombia no se dispensan completos, según una encuesta de 2022 sobre calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “De ese porcentaje”, sostiene Vaca, “en algunos casos podríamos estar hablando de problemas de escasez o de problemas en la logística. El mensaje es: ojo, hay muchos pacientes de por medio. Estamos hablando de un problema crónico del mercado que no había sido tan discutido, pero que llevamos reportando desde hace 12 años”. Fuentes del Gobierno aseguran que al depurar el listado de ACEMI, se han identificado menos de 700 principios activos con problemas de abastecimiento. Los 442 renglones restantes reflejan otros productos como cosméticos, suplementos alimenticios y dietarios, homeopáticos o pañales, entre otros.

En línea con el estudio de la ANDI, desde el Ministerio de Salud han encontrado que en menos de un centenar de productos puede haber algún problema: “El resto es un esfuerzo para achacarle al Ministerio las falencias del mercado”, asegura Francisco Rossi, fugaz director encargado del INVIMA, hoy asesor del Ministerio.

La directora de ACEMI, Paula Acosta, explica que el inventario que han difundido en la prensa se apoya en los reportes elaborados con información de las EPS: “Nosotros les consultamos con cuáles tienen problemas de escasez o desabastecimiento. La gravedad del tema responde a criterios médicos y a la frecuencia de los reportes. Pero, por ejemplo, con medicamentos para la diabetes que no tienen alternativas farmacológicas es gravísimo. Creemos que tienen problemas inminentes con algunos tratamientos de VIH y otros 10 principios activos”.

Un escollo más en esta historia ha sido, según las quejas de diversos actores del sector privado como ACEMI, los retrasos en los trámites de registro del INVIMA. Paula Acosta sostiene que hay “unos 20.000 trámites represados. Y añade: “Este año ya suman, además, ocho semanas, en diferentes momentos, con sus plataformas caídas”. Un asunto de fondo y estructural que viene de años atrás: “El INVIMA tiene deficiencias”, analiza Claudia Vaca, “pero también se debe señalar la capacidad de sanción de la Superintendencia de Salud, que a raíz de todo esto ya ha abierto procesos por no entrega oportuna”.

Otra razón para que algunos pacientes no encuentren sus fármacos, añade Mariana Sarasti, de la ANDI, es que la demanda ha aumentado en los últimos años: “En 2021 hubo un incremento sustancial de los medicamentos cubiertos por el plan básico de salud financiado por la unidad de pago por captación. Esto se ha traducido en que aumenten las prescripciones. Por otra parte, los pacientes que han sido transferidos desde las EPS que han sido liquidadas ahora tienen una atención más efectiva, por eso también ha subido el número de fórmulas. Lo que uno ve es que la oferta se demora un poco en alcanzar a suplir esa acelaración de la demanda”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.