Gustavo Petro tiene hasta mayo para cambiar las reglas de los servicios públicos domiciliarios
El presidente ejercerá las funciones que hasta ahora estaban delegadas en dos comisiones reguladoras
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha reasumido desde este jueves y por tres meses las facultades generales de administración y control de los servicios públicos domiciliarios. Estas atribuciones estaban delegadas desde 1994 en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Petro había anunciado la decisión a finales de enero, como parte de su objetivo de frenar el incremento de las ...
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha reasumido desde este jueves y por tres meses las facultades generales de administración y control de los servicios públicos domiciliarios. Estas atribuciones estaban delegadas desde 1994 en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Petro había anunciado la decisión a finales de enero, como parte de su objetivo de frenar el incremento de las tarifas. “Lo haré temporalmente en defensa del usuario”, justificó entonces.
El decreto cita a la Constitución de 1991 para respaldar la decisión: declara que corresponde al presidente “señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios”. También se sustenta en la Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos, que crea comisiones con “independencia administrativa, técnica y patrimonial” para que regulen los servicios públicos domiciliarios solamente si el Ejecutivo delega atribuciones en ellas. “En caso contrario, el presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones”, dice el artículo 68, con lo que reitera que se trata de facultades presidenciales.
El Comité de Expertos de la CREG, sin embargo, defendió su labor a finales de enero y recordó que otra ley de 1993 le asignó a la comisión funciones específicas que van más allá de definir la metodología para calcular las tarifas de energía. La entidad también debe encargarse de promover la competencia en el sector y de crear condiciones que aseguren la disponibilidad de una oferta energética eficiente, entre otras atribuciones. Según los expertos de la CREG, todo eso requiere un funcionamiento independiente que garantice decisiones imparciales y consistentes. “Esto permite que los agentes regulados, así como el público en general, perciban objetividad, neutralidad y transparencia por parte del Estado”, señalan.
La nueva normativa establece que el presidente podrá solicitar asistencia técnica por parte de la CREG y la CRA, que mantendrán sus responsabilidades en el trámite de procedimientos particulares pero no de reglas generales. Además, declara que las disposiciones deberán seguir los criterios del régimen tarifario respecto a la eficiencia económica, la solidaridad del sistema y la transparencia.
La inflación ha afectado especialmente a los servicios públicos en el último año. La electricidad, por ejemplo, aumentó un 22,4% entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fue casi 10 puntos más que el promedio de inflación con el que se cerró el 2022.
El Gobierno no ha logrado frenar el incremento en los precios de energía. Un acuerdo firmado en octubre con más de 80 empresas energéticas intentó, sin éxito, bajar las tarifas. A finales de enero, cuando la falta de resultados fue evidente, Petro anunció su intención de recuperar el control hasta ahora delegado en la CREG y la CRA. Su descontento en esos días con “cobros puramente especulativos” era evidente: “Un Gobierno del cambio no puede permitir que se subyugue a los usuarios de esa manera”.
Ambas comisiones se crearon en los años 90 con el objetivo de despolitizar al sector y priorizar criterios técnicos, tras años de racionamientos por escasez de energía. Sin embargo, Petro considera que no han realizado correctamente las labores que tienen asignadas. “Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró en septiembre durante un congreso de Andesco, la agremiación de las empresas de servicios públicos.
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