La Procuraduría suspende al presidente de la SAE

La Procuraduría General de la Nación ha suspendido este viernes al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín. La entidad investiga el posible incumplimiento del contrato para vender el 82,2% de las acciones de la Triple A, la empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla. La SAE había firmado durante el Gobierno de Iván Duque un acuerdo para ceder su participación en la Triple A a la compañía Alumbrado Público de Barranquilla, perteneciente mayoritariamente a la alcaldía local. No obstante, Rojas frenó la enajenación después de que la Superintendencia...

La Procuraduría General de la Nación ha suspendido este viernes al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín. La entidad investiga el posible incumplimiento del contrato para vender el 82,2% de las acciones de la Triple A, la empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla. La SAE había firmado durante el Gobierno de Iván Duque un acuerdo para ceder su participación en la Triple A a la compañía Alumbrado Público de Barranquilla, perteneciente mayoritariamente a la alcaldía local. No obstante, Rojas frenó la enajenación después de que la Superintendencia de Servicios Públicos estableciera que el valor de la empresa era tres veces mayor al que se había fijado en el contrato.

La SAE, adscrita al Ministerio de Hacienda, es una entidad creada por el Estado para administrar los bienes afectados por medidas cautelares y con extinción de dominio. En octubre de 2018, asumió el control del 82,2% de las acciones de la Triple A, tras un embargo por malversación de recursos. Según la Procuraduría, los gerentes de la Triple A habían realizado pagos indebidos a la empresa española Inassa, dueña de esas acciones.

Después, la entidad consideró que no tenía capacidad para administrar la Triple A y decidió vender su participación. Acordó esa venta con el Distrito de Barranquilla en diciembre de 2021, por 565.000 millones de pesos (alrededor de 120 millones de dólares). La empresa compradora, Alumbrado Público, era en un 35% de privados, encabezados por la familia Daes y el empresario William Vélez, según La Silla Vacía.

Daniel Rojas Medellín llegó a la presidencia de la SAE en agosto del año pasado, tras el cambio de Gobierno. Cercano al presidente de la República, Gustavo Petro, una de sus primeras medidas fue solicitarle a la Superintendencia de Servicios Públicos que determinase el valor de la Triple A. La conclusión fue que la empresa valía alrededor de 2,4 billones de pesos (unos 500 millones de dólares), el triple del valor por el que se hizo el contrato. La SAE dispuso, entonces, frenar la ejecución del acuerdo. “Decidimos no traspasar las acciones hasta que la Contraloría nos diga si lo que vemos como un posible detrimento lo es o no”, dijo Rojas en una entrevista con El Espectador.

La Alcaldía de Barranquilla no se quedó con los brazos cruzados. “La adquisición, que se trata de la recuperación de un activo estratégico de la ciudad luego de 20 años, se hizo conforme a las normas vigentes”, afirmó el Distrito en septiembre del año pasado, junto a una solicitud para que la Contraloría General de la Nación revisara el proceso. La SAE no transfirió las acciones antes del 30 de diciembre, fecha que el contrato establecía como limite. El Distrito, por su parte, afirmó que Alumbrado Público de Barranquilla ya había transferido más de 300.000 millones de pesos (alrededor de 63 millones de dólares).

La tensión aumentó el pasado martes. La SAE hizo una asamblea de accionistas de la Triple A y cambió a los miembros de la junta directiva, pese a que la Procuraduría le había exigido que no lo hiciera. El alcalde, Jaime Pumarejo, anunció la intención del Distrito de iniciar acciones legales por la apropiación “arbitraria” de la compañía y denunció que la maniobra había generado inestabilidad en la empresa de acueducto. La SAE respondió que la Procuraduría debía ser imparcial y no prejuzgar acciones “en defensa del patrimonio público”.

El Ministerio Público ha considerado este viernes que incumplir el contrato puede generar un detrimento de 59.000 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), el valor de la sanción contemplada en el acuerdo para quien lo incumpla. Además, ha señalado irregularidades en la convocatoria a la asamblea del pasado martes. Para la entidad, los riesgos de que se mantenga un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y la gravedad que “objetivamente revelan los hechos” justifican la suspensión por tres meses de Rojas.

La investigación disciplinaria incluye a otros funcionarios. Uno es el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga Collazos, implicado por haber sugerido a la SAE que se suspendiese el cumplimiento del contrato. Asimismo, serán investigados dos vicepresidentes de la SAE: el jurídico, Sebastán Caballero, y el de sociedades, Jairo Alonso Bautista. Todos son cercanos a Petro. Quiroga fue abogado particular del presidente y secretario general de su movimiento político, Colombia Humana. Caballero fue gerente de la campaña presidencial en el Valle del Cauca. Bautista se desempeñó el cuatrienio pasado como asesor del exsenador Gustavo Bolívar, cabeza de la lista al Senado de Petro.

El presidente de la SAE ha recurrido a Twitter para expresarse tras la noticia, sin hacer alusión directa a la suspensión. “Nuestra conciencia no tiene precio y nuestro deber es insoslayable, inchantajeable”, ha remarcado. El mensaje incluye una foto y una frase del expresidente chileno Salvador Allende: “Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo”.

Petro le ha pedido a la Superintendencia de Servicios Públicos la elaboración de un nuevo estudio de valoración de la Triple A. Además, ha manifestado en Twitter su solidaridad con Rojas: “El que encontró la corrupción en la SAE y en la Triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico”.

Otros funcionarios del Gobierno también han respaldado al presidente suspendido. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ha afirmado que “cumplir el mandato programático y popular” no debe ser motivo para una medida como la que tomó la Procuraduría. “No estás solo”, le escribió. Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha comentado que el cambio se mantiene firme “hasta que se apague el sol”: “Tu ética es intachable, tu compromiso es ejemplo y nuestro sueño… el que sigue entero”.

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