El Gobierno radica su proyecto de ley para “humanizar las cárceles”

El Gobierno ha dado inicio este lunes al año legislativo en el que espera aprobar varias de sus principales reformas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha concurrido al Congreso junto a su par de Interior, Alfonso Prada, para radicar el proyecto de ley que aspira a “humanizar” el sistema penitenciario. La inici...

El Gobierno ha dado inicio este lunes al año legislativo en el que espera aprobar varias de sus principales reformas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha concurrido al Congreso junto a su par de Interior, Alfonso Prada, para radicar el proyecto de ley que aspira a “humanizar” el sistema penitenciario. La iniciativa busca avanzar en superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional en 1998 ante el hacinamiento en los recintos carcelarios. Las medidas incluyen consolidar la justicia restaurativa en el país, agilizar la concesión de beneficios judiciales a los presos y ajustar las penas máximas para algunos delitos.

Ambos ministros han remarcado que el sistema actual no funciona. “Se ha convertido en una escuela de delincuencia, en una escuela de humillación y de perdida de dignidad humana”, ha declarado Prada. Los dos han señalado que se debe avanzar en la resocialización de los reclusos para mejorar los índices de criminalidad. “Es un esfuerzo de humanización que pretende que, como colombianos y colombianas, podamos vivir con más seguridad y tranquilidad”, ha comentado Osuna.

El objetivo es terminar con el hacinamiento de las cárceles. El Gobierno estima que actualmente hay 100.000 reclusos en centros con capacidad para 80.000. El exceso es del 20% y empeora en las estaciones de policía, donde llega al 150%. En 1998, la Corte Constitucional declaró que las condiciones de vida en las cárceles son un estado de cosas inconstitucional. No se ha superado, por eso en 2013 resaltó la “deshumanización de las personas” que se produce en estos recintos y advirtió de que la sobrepoblación propicia “que se den tratos crueles, inhumanos e indignos”. Según la exposición de motivos del proyecto del Gobierno, las políticas de mayores penas y creación de nuevos delitos han sido contraproducentes: “Han contribuido para perpetuar la crisis de derechos humanos en las cárceles del país”.

La reforma tiene varios puntos principales. El primero es consolidar la justicia restaurativa, que busca reparar a las víctimas y recuperar el tejido social dañado. Se fomentarán programas de acercamiento voluntario entre los criminales y las víctimas, con el fin de que los primeros reconozcan lo ocurrido y trabajen sobre sus responsabilidades. Además, se fortalecerán los programas de mediación para que las partes encuentren una solución al conflicto en instancias más tempranas.

Otra prioridad es agilizar la concesión de beneficios judiciales. Varias figuras ya existen pero no se aplican correctamente en la práctica y son “de papel”, declara por teléfono el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña. Entre ellas están los permisos de salida por 72 horas, la prisión domiciliaria y la posibilidad de trabajar fuera de la cárcel durante el día y volver en la noche. Según el viceministro, con la reforma estos beneficios se ofrecerán en instancias más tempranas de ejecución de la pena, no solo sobre el final. La idea es que se otorgarán de manera gradual a medida que se cumplen las obligaciones, como mecanismo para promover una reintegración gradual en la sociedad. “Usted resocialícese, cumpla con las regulaciones y avance hacia la libertad”, explica Umaña.

Las penas máximas se establecen en 40 años para delitos individuales y en 50 para los casos en los que se suman varios. El objetivo, según la exposición de motivos del proyecto, es buscar un “sentido de racionalidad, coherencia y proporcionalidad”. Colombia no tiene cadena perpetua, pero en la práctica las condenas actuales de hasta 60 años de cárcel se le asemejan.

Finalmente, el proyecto contempla derogar algunos delitos para descongestionar el sistema penal. Uno de ellos es el de inasistencia alimentaria, que se da cuando los padres no proveen la manutención de sus hijos. Es uno de los que más denuncias genera y, según el texto de exposición de motivos, le resta prioridad “a la persecución de delitos que revisten una gravedad mayor”. Otro es el de calumnias e injurias, responsable también de sobrecargar el sistema. El viceministro Umaña explica que este último es más propio de la justicia civil y que no produce condenas: “Nadie termina en la cárcel por ese delito, pero [en la actualidad] congestiona mucho al sistema de justicia”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido una de las voces críticas. Hace unos días, invitó a la senadora María José Pizarro a visitar la Cárcel Distrital para que viese que era un ejemplo a seguir. “[La invito] para que vea cómo se invierte y ofrece seguridad y justicia efectiva, sin impunidad ni excarcelación que ponga en riesgo la vida y tranquilidad de los ciudadanos, como pretenden ustedes”, escribió en Twitter. La senadora había comentado que toda persona debería visitar una prisión para ver “lo infame de lo que allí sucede” antes de pedir mayores penas. El ministro Prada, por su parte, criticó comentarios como los de López en su intervención de este lunes: “El que piense que las cárceles funcionan bien y es la manera cómo recuperamos la seguridad, no ha visitado nunca una cárcel”.

El Ejecutivo se muestra confiado de lograr la aprobación del proyecto, aunque Umaña reconoce que puede haber dificultades. “Es bastante preocupante que la discusión política a veces prima sobre la técnica. Lo que realmente se puede hacer mejor en las sociedades, a veces se obstaculiza por mensajes populistas”, remarca. Para él, es importante avanzar de manera paralela en otras intervenciones administrativas: “No estamos cruzados de brazos a esperar que dice el Congreso”. Algunas de ellas han sido, hasta ahora, la conexión de agua potable en el centro de reclusión de Santa Marta, el fortalecimiento de la fábrica textil del complejo penitenciario de Ibagué y la mejora en los servicios jurídicos de la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

El viceministro, además, considera que hay un fuerte componente simbólico en la reforma. Busca dar un mensaje de resocialización y de justicia restaurativa que reoriente la manera excesivamente punitaria con la que Colombia reacciona al crimen. “La violencia que la sociedad está dispuesta a tolerar tiene que ver con cómo Estado responde a los problemas sociales”, remarca.

El proyecto radicado este lunes es el primero de una larga lista con la que el Gobierno espera consolidar “los años de oro del Congreso”, según ha comentado este lunes el ministro Osuna. En la tarde del lunes se radicará el Plan Nacional de Desarrollo, con las prioridades del Ejecutivo para los siguientes cuatro años. Además, en las próximas semanas se presentarán las reformas de salud, del mercado laboral y del sistema de pensiones.

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